La Justicia en la picota || Detalles de la asociación ilícita
Un complejo entramado de estafas procesales salió a la luz tras casi una década
Según la acusación del fiscal Hugo Costilla, sin la participación de cada integrante las maniobras no podrían haberse concretado. Dos Juzgados Comerciales y de Ejecución están en la mira.
El descubrimiento de la denominada 'Banda de los usurpadores', que encabezaría Mario Rodrigo Del Campo, reveló un complejo entramado de estafas procesales que involucran especialmente a los Juzgados Comerciales y de Ejecución nº1 y nº2 de la Primera Circunscripción, por la participación de varios empleados de esos organismos. Pero, además, reveló otro andamiaje de tráfico de información privilegiada que involucra a empleados infieles de otros organismos del Estado, como el Registro de la Propiedad y Catastro, y la participación de otros actores que, a criterio del fiscal Hugo Costilla, hicieron posible que se conformara una asociación ilícita.
Según deslizó el fiscal Hugo Costilla en su acusación, no se pudo determinar con precisión cuándo ni dónde comenzó a operar la banda delictiva, pero sí señaló que esto habría ocurrido en algún momento de 2017 y que pudo haber sido en una casa de Pozo Mistol, en Valle Viejo, o alguna otra de la ciudad Capital. Lo que sí precisó el fiscal es que un día se reunieron Mario Rodrigo Del Campo, José Werfil Vega, Gastón Darío Agulles, Pablo Ramón Aybar, Juan Pablo Collantes, Rocío Grisel Gordillo, Wilfredo Emmanuel Espinosa y otras personas, y que allí habrían diagramado la estructura delictiva.
El objetivo de la banda habría sido la de garantizar la ejecución judicial de pagarés de deudas existentes y otras de pagarés con firmas apócrifas de los supuestos deudores y que para ello Del Campo habría reclutado a los distintos integrantes de la banda por su posición en las distintas áreas estratégicas en el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo (ver página 3), además de "prestadores de nombres", empleados bancarios, terceros que oficiaron de "cajeros" (pagaban a los otros integrantes por su participación), una ujier, una martillera pública, una escribana de La Rioja, policías encargados de hacer inteligencia, entre otros roles. Muchos de ellos aún no fueron identificados en la causa.
Siempre según la acusación de Costilla, la ejecución de los pagarés era realizada por la abogada Grisel Rocío Gordillo, empleada de Fiscalía de Estado y actual pareja de Mario Rodrigo Del Campo, quien habría falsificado las demandas como si fueran propiciadas por Marcela Beatriz Pacheco. Costilla señaló que esto ocurrió en al menos 29 expedientes entre los Juzgados de Primera Instancia Comercial y de Ejecución nº1 y nº2; y recordó que Gordillo está imputada en tres de ellos por estafa procesal en calidad de autora, mientras que Del Campo en calidad de participación necesaria en los mismos delitos.
Una vez que iniciaban la demanda, Del Campo se mensajeaba con los empleados de los juzgados y éstos le daban información privilegiada sobre los pormenores del expediente. Allí entran en juego Collantes, Vega, Aybar, Agulles y Espinoza, quienes, a criterio del fiscal, estaban encargados de "prestar el nombre para ostentar la calidad de actor en la ejecución judicial" a cambio de un retorno económico.
Todo se orquestaba por mensajería de WhatsApp. Allí, los empleados judiciales compartían fotos de constancias y/o presentaciones de los expedientes que les resultaban de interés y luego se encargaban de otorgarle trámite preferencial "e incluso se involucraban en forma personal en su agilización, en el asesoramiento técnico y jurídico". Todo a cambio de dinero, que se transfería desde dos cuentas de Mercado Pago que administraban los cajeros. Uno de los empleados incluso recriminó que le pagaban menos de lo que había acordado.
Cuando tenían la información era el turno de la ujier Violeta del Valle Luna. Costilla precisó que ella era clave para garantizar el cobro de los pagarés sin ningún tipo de impugnación del demandado. Lo hacía con instrumentos falsos, en los que precisaba que el supuesto deudor había sido notificado de las actuaciones pero esto no ocurría. Según se detalló, se pagaban $3.000 o $5.000 según el caso. Esto garantizaba que el "deudor" se enterara del trámite de ejecución cuando le secuestraban el auto. Para esto era necesaria la participación del oficial Denis Nieva Chaile, a quien Costilla apuntó como el encargado de seguir los vehículos. El fiscal también involucró a la martillera Andrea Betiana Solohaga y remarcó que junto a Luna están imputadas por depositaria infiel desde 2023.
Otra pata de esta banda la aportaba un empleado del Banco Nación, Javier Figueroa, quien igualmente intercambiaba mensajes con Rodrigo Del Campo, lo que para el fiscal también atenta contra el "secreto de confidencialidad y el secreto bancario". Figueroa y Del Campo comenzaron a escribirse en 2021 y se cruzaban números de cuentas para obtener resúmenes de saldos de cuentas de interés.
Maniobra inmobiliaria
El otro rubro de este emprendimiento estaba vinculado a la usurpación de inmuebles. Costilla los acusa en base a dos denuncias de usurpación de inmuebles de la Capital. En una de ellas, una persona denunció a Del Campo por haberle ofrecido $50.000 a cambio de que consiguiera las firmas de sus siete hermanos para "formalizar la cesión de derechos posesorios sobre el inmueble". Como este vecino se negó, una semana después se presentó Gastón Darío Agulles, pero haciéndose llamar Ezequiel Rodríguez, con una supuesta cesión de acciones y derechos posesorios a su favor realizada por Rafael Omar Varela y pasada ante el escribano público Nicolás Ramírez Toledo.
Luego, otro vecino denunció a Grisel Rocío Gordillo, José Espinoza y Claudio Solohaga, a quienes acusó de haber abusado de su confianza para hacerlo firmar cinco hojas en blanco. El vecino lo hizo porque Gordillo había sido abogada suya. Luego se enteró de que los papeles habían sido rellenados con pagarés truchos que se ejecutaron en el Juzgado Comercial nº2. También descubrió que le habían robado siete escrituras de otros inmuebles que tenía a su nombre. Asimismo denunció que Gordillo lo había llevado a una escribanía a firmar un contrato de alquiler con opción a subalquilar. Allí está implicada la escribana riojana Dora Raquel Searez, acusada de falsear un supuesto poder en nombre del denunciante, para que un tercero pudiera administrar su cuenta bancaria.
En este rubro Costilla involucró a Pablo Soraire, un empleado de la Unidad Judicial N°8 de la Policía Judicial, acusado de simular denuncias; a Luis Ricardo Bulacios, del Registro de la Propiedad Inmobiliaria, acusado de filtrar información del sistema del Registro, dando acceso a la información relativa a la titularidad de ciertos dominios catastrales de interés.n
Criptoestafas
El Juzgado Comercial nº1, con Claudia Villalba como jueza en comisión, tiene la quiebra de RT Inversiones. El nº2, a cargo de María Virginia Cano, tramita la quiebra de Edgar Bacchiani.
