Advierte sobre un “entramado de relaciones personales” para “direccionar contrataciones en beneficio de familiares directos”. Los funcionarios fueron apartados de sus cargos.
El diputado provincial Tiago Puente (UCR), presentó ante Fiscalía General una denuncia penal en contra del director de Medicina Social Integral de la provincia, Caleb Carlos Elías Camji; de la secretaria de Administración de Salud del mismo Ministerio, Ana Gabriela Rizo; y de Myriam Iris del Valle Carrizo, titular de la firma M&C Insumos.
En la fundamentación de su denuncia, el legislador sostiene que Rizo mantiene “una relación sentimental y parental con el Dr. Caleb Carlos Elías Camji, con quien tiene un hijo en común”. Añade que Carrizo es madre de Camji, “lo que agrava aún más el entramado de vínculos personales y familiares, tanto es así que, de los informes comerciales online, surge que comparten el mismo domicilio, y esto compromete la imparcialidad y transparencia en la gestión pública”.
“En este contexto –se lee en la denuncia, a la que accedió El Ancasti-, resulta especialmente alarmante que la firma de la madre del Dr. Camji haya sido seleccionada en reiteradas oportunidades como proveedora exclusiva para el suministro de colchones ortopédicos y otros insumos médicos, mediante compras directas aprobadas por la Sra. Rizo, pareja del Dr. Camji, y autorizadas por expedientes administrativos bajo la supervisión del mismo Ministerio de Salud”.
Para Puente, “la relación familiar directa entre el Dr. Camji y su madre, la Sra. Carrizo, constituye un evidente conflicto de intereses, ya que ambos poseen intereses económicos y patrimoniales convergentes. Esta situación se ve agravada por la participación activa de la Sra. Rizo, pareja del Dr. Camji, quien tiene una participación directa en el proceso de compra y pago de las mismas”.
“Este entramado de relaciones personales configura un esquema en el cual, se desnaturaliza la función pública, al utilizarse cargos oficiales para direccionar contrataciones en beneficio de familiares directos, vulnerando así el principio de transparencia administrativa, al asignarse fondos públicos sin procesos competitivos claros ni mecanismos que garanticen la imparcialidad”, prosigue.
La denuncia presentada ante la Justicia por el diputado indica que “se configura una presunta violación al artículo 265 del Código Penal, que sanciona las negociaciones incompatibles con la función pública, al quedar en evidencia un interés particular que afecta la voluntad administrativa, y en este sentido, no solo se observa una conducta administrativa irregular, sino también un posible aprovechamiento del poder público para favorecer intereses personales y familiares, lo cual debe ser debidamente investigado y sancionado”.
A la salida de Fiscalía, Puente dialogó con El Ancasti:
Conocida la denuncia, el Ministerio de Salud confirmaó que se inició una investigación interna para determinar si hubo o no irregularidades en las contrataciones objetadas, y que se realizará una presentación ante la Justicia para ser querellante en la causa. Además, que se apartó de los cargos a los funcionarios denunciado. A través de un comunicado, la cartera que conduce Lucas Zampieri, expresó:
"Las autoridades del ministerio de Salud han dispuesto la apertura de una investigación interna con el objetivo de esclarecer presuntas irregularidades o hechos delictivos que involucrarían a funcionarios de medio rango, para así esclarecer la situación y determinar posibles responsabilidades. En cumplimiento de los principios de transparencia y ética pública, los dos funcionarios involucrados serán apartados de forma inmediata de sus cargos y hasta tanto prospere la investigación interna y eventuales procesos judiciales. El Ministerio reafirma su compromiso con la correcta administración de los recursos públicos y el respeto a la normativa vigente".
