El objetivo del gobierno, a pesar del rechazo de los organismos de Derechos Humanos, era que el proceso de justicia fuera acotado en duración y en el alcance de las responsabilidades, ya que consideraba que si se extendían en el tiempo y hacia todos los represores podría tensionar la ya frágil transición democrática.
La CONADEP
La causa recayó en la Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal, integrada por los jueces León Arslanián, Jorge Torlasco, Ricardo Gil Lavedra, Jorge Valerga Araoz, Guillermo Ledesma y Andrés D’Alessio, luego de que la justicia militar dilatara el tratamiento. Llegó a la fiscalía de Julio Strassera hacia fines de 1984, pocos días después de que CONADEP entregara a Alfonsín su investigación sobre el accionar de la dictadura.
La organización Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas tuvo una participación muy activa tanto en la investigación como en las audiencias. Con la vuelta de la democracia, junto a otros organismos habían creado la Comisión técnica de recopilación de datos, que reunía las denuncias de los familiares de las víctimas. Ese trabajo previo, con testimonios y listados de responsables, había sido entregado a la CONADEP. Lo mismo hizo cuando la justicia civil tomó la Causa 13/84 contra los comandantes, a pesar de que reclamaban que fueran juzgados todos los responsables, no sólo las cabezas.
“Strassera pidió ayuda a los organismos justamente porque él sabía toda la colaboración que habíamos dado. Yo me caracterizaba por tener bastante memoria, entonces me pidió que lo ayudara a ver determinados casos que él había elegido, porque yo me acordaba cuando había tomado el testimonio para la comisión técnica”, recordó Graciela Lois, integrante de Familiares.
“Trabajamos en vivo y en directo con el armado de este juicio, por el que teníamos mucha expectativa. Fui algunas veces al despacho de la fiscalía, que estaba todo sobrepasado, todo el mundo trabajaba, y hasta el baño de Strassera estaba tan lleno de carpetas que no se usaba”, añadió.
El comienzo de las audiencias públicas ese 22 de abril marcó el clima que se vivía en ese momento: más de 60.000 personas caminaron desde el Congreso hasta el Palacio de Tribunales, donde la Cámara Federal iba a empezar a juzgar a Videla, Massera, Agosti, Viola y compañía. Para la marcha, los organismos confeccionaron 9800 pancartas con los nombres de los desaparecidos que se conocían en ese momento.
“Fue muy impactante, la gente nos pedía, con mucho respeto, ponerse una pancarta para llevar algún desaparecido”, señaló Lois y resaltó: “Estuvimos todo el tiempo ahí, nunca dejamos de ir. Había gente que no soportaba pero había que ir y de hecho se veía en la concurrencia”.
Durante las audiencias se escucharon más de 800 testimonios. Para quienes declararon no fue nada fácil, porque todavía había mucha incertidumbre y una fuerte presión militar. “No había ninguna garantía”, explicó Miriam Lewin, quien se presentó el 18 de julio como sobreviviente de la Fuerza Aérea y de la ESMA.
“Tuve que dejar mi trabajo por unas semanas, no dormí en mi casa por unas noches por recomendación de la fiscalía, porque el poder militar estaba muy consolidado todavía. Y en mi caso me habían abierto dos causas judiciales, en realidad una antes y otra después, para desacreditar mi testimonio. O sea, los que habíamos militado sabíamos que ir a declarar implicaba ponernos en el lugar de los acusados más que de testigos o acusadores”, explicó la escritora y periodista, quien recordó que, en ese contexto de inquietud, el entorno de la sala de juicio era “imponente”, en particular “tener los nueve pares de ojos de los integrantes de cada una de las juntas militares, entre los cuales estaban nada menos que Massera y Videla”.
La sentencia
El 14 de agosto finalizaron los testimonios. Las declaraciones generaron un impacto muy fuerte. Aunque no se transmitió en vivo, las imágenes eran tomadas por la televisión pública (ATC) y algunos fragmentos eran luego difundidos sin audio, pero el contenido de las atrocidades que sufrieron quienes pasaron por los centros clandestinos de detención llegaba a la sociedad a través de la prensa gráfica. Hubo dos coberturas históricas: el Diario del Juicio, que publicó editorial Perfil, y la que Sergio Ciangaglini y Martín Granovsky realizaron para el diario La Razón, y que les valió ganar el premio Rey de España de Periodismo.
“Yo creo que fue una enorme catarsis colectiva. Poca gente sabe que hasta ese momento los militares negaban que hubiera habido desaparecidos, decían que estaban en Europa, y negaban la existencia de campos de concentración y a partir de ese momento ya no fue posible. Se generó un consenso de que esto realmente había ocurrido. Las cientos de personas que fueron a declarar realmente corrieron el velo sobre el horror que había tenido lugar de manos de los represores de los integrantes de las Juntas y de sus subordinados en la Argentina”, manifestó Lewin.
El 11 de septiembre, Strassera comenzó con su alegato, en el que repasó las pruebas contra los jefes militares por crímenes contra más de 700 personas y que concluyó con su histórico pedido de “Nunca más”. Tras los alegatos de las defensas, en diciembre los jueces dictaron la sentencia de prisión perpetua para Videla y Massera, 17 años para Viola, ocho años para Lambruschini y cuatro años y medio para Agosti.
“Fue una bisagra que permitió abandonar ese escenario de impunidad que se pensaba que no se iba a lograr nunca y poder quebrar ese pacto de impunidad que había entre todos los imputados. A partir de ahí, apareció un camino nuevo, un escenario distinto”, resumió Jorge Auat, quien fue fiscal general en Chaco y titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad por casi una década.
El exfuncionario judicial resaltó la “riqueza del fallo”, con un trabajo de ingeniería judicial que consideró “señero” en el país y propuso volver a leer la sentencia de la Cámara Federal “lo que allí se dijo, todo el contenido y las pruebas que se aportaron, para enriquecer también el debate que todavía se sigue dando y que entiendo que debe seguir dándose”.
“Más allá de cualquier tipo de especulación política, porque alguna vez se pensó que con el Juicio a las Juntas se podía realmente cerrar la discusión o cerrar la herida profunda que dejó el plan criminal de la dictadura, pero bueno, como diría Hannah Arendt, los hechos se sostienen por su obstinación. Me parece que en ese sentido es importante destacar la historia que vino después y que en algún punto no dejó de mirarse por el retrovisor el juicio a las juntas. Han pasado 40 años y todavía seguimos hablando de ese juicio”, añadió.
El Juicio a las Juntas convalidó en la justicia lo que los sobrevivientes y familiares venían denunciando, que no había sido una guerra, que no había dos demonios, que el Estado había planificado la represión, y que había sido sistemática. Fue también el punto de inicio de causas en todo el país para investigar los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado.
Sin embargo, el movimiento que provocó en la Justicia comenzó a inquietar a quienes habían tenido participación en la represión ilegal. El gobierno intentó contener la situación con la ley de Punto Final, que acotó la persecución penal a quienes hubieran sido acusados en los dos meses siguientes a la ley. Pero esta no alcanzó y en la Semana Santa de 1987, los levantamientos de militares que comenzaban a ser citados por la justicia impulsó la sanción de la ley de Obediencia Debida. Los indultos durante el gobierno de Carlos Menem terminaron de garantizar la impunidad de los responsables durante casi 20 años. Recién en 2005 se retomaría el proceso de justicia, tras la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida por parte del Congreso Nacional en 2003 y la declaración de inconstitucionalidad de las mismas por la Corte Suprema dos años después.
