El gobernador Raúl Jalil anticipó que pedirá una prórroga de la Emergencia Económica, Financiera, Administrativa y Educativa que rige desde mayo y que tenía vencimiento el próximo 31 de diciembre. En este sentido, de inmediato recibió el rechazo de distintos actores de la oposición, que cuestionaron la efectividad y el uso que tuvo la herramienta este año.
Jalil volvió a insistir en que la coyuntura económica obliga a "ser prudentes y cuidadosos con el manejo de las finanzas", remarcó que la ley de Emergencia impide nombramiento de empleados en el sector público y anticipó que la va a prorrogar.
El diputado de la UCR, Tiago Puente, fue uno de los primeros en expresar su rechazo a estas declaraciones, al señalar que "es inaceptable que, aún con la ley, el gobernador haya continuado realizando designaciones a dedo sin preocuparse por reestructurar los ministerios para reducir el gasto público".
"Esta ley fue creada con el objetivo de asegurar la eficiencia en la prestación de los servicios básicos del Estado ante un panorama económico y social incierto. Sin embargo, la actual gestión demuestra una preocupante falta de compromiso con la transparencia y la correcta utilización de los recursos públicos. Las acciones del gobernador contradicen sus palabras. El estado de emergencia no beneficia a los catamarqueños, sino que se vuelve una herramienta en su contra", sostuvo Puente e insistió con el proyecto alternativo que presentó para la reorganización del Estado.
Para Puente, el Ejecutivo convirtió la emergencia en "un método de gobierno, en el cual la necesidad se transforma en un negocio, y la administración pública se convierte en un mecanismo de control".
Por su parte, el diputado y exsocio libertario, Fernando Baigorrí (MID), remarcó que "no es necesario mantener una emergencia que no es, si el gobernador dijo que la Provincia está bastante bien y que está equilibrada". "No pararon de hacer viajes al exterior con comitivas abultadas, o se ha reflejado la emergencia económica en el Poder Ejecutivo ni tampoco en los funcionarios que siguen participando. Cuando los ministros fueron a la Legislatura reconocieron que hay cerca de 4.000 puntos índices, ñoquis que no sabemos dónde cumplen funciones o si prestan algún servicio", lanzó.
Baigorrí también sugirió un reordenamiento del Estado y propuso imitar el modelo de Chubut, que "eliminaría cargos políticos ineficientes". "Sería productivo que suceda aquí, no hay que dejar de soñar y ojalá que en algún momento entiendan que la sociedad está pidiendo eso, quieren ver que el ajuste lo haga también la política", cerró. n
