Se trata de una iniciativa de los senadores nacionales Guillermo Andrada y Fernando Rejal.
Los senadores nacionales Guillermo Andrada y Fernando Rejal presentaron un proyecto de Ley que propone la creación de la Línea de Atención contra Estafas Virtuales y Fraude de Datos Personales, con el propósito de que las víctimas de estos delitos cuenten con un espacio de atención, contención y asesoramiento para la gestión administrativa frente a las entidades comerciales, bancarias o billeteras electrónicas.
La iniciativa surge a partir de la creciente problemática que representan en nuestra sociedad modernas modalidades delictivas, como estafas con criptomonedas, phishing, vishing, skimming, smishing o secuestros virtuales, en parte debido a la creciente confianza que los usuarios depositan en los entornos digitales y a una falta de conciencia sobre la importancia de la protección de datos personales.
En ese sentido, en los fundamentos del proyecto presentado por los legisladores del bloque Convicción Federal se indica que “la creciente dependencia de las tecnologías digitales ha ampliado las superficies de ataque, haciendo que los usuarios sean más vulnerables a estos delitos. La falta de educación sobre la seguridad en línea y la protección de datos personales contribuye a que muchas personas no sean conscientes de los riesgos que enfrentan al interactuar en el mundo digital”.
Para Andrada y Rejal, esta línea de atención no solo permitirá a los ciudadanos comunicar sus experiencias y obtener ayuda, sino que también contribuirá a crear un registro de estas actividades delictivas, facilitando su análisis y prevención futura.
En cuanto a los alcances de la iniciativa, el artículo 3 señala que se contemplan todas las modalidades de estafas que se puedan desarrollar en los entornos virtuales, como redes sociales, portales web, plataformas como buscadores, aplicaciones de mensajería, comunicaciones telefónicas, terminales bancarias, dispositivos para duplicación de tarjetas y aplicaciones de billeteras virtuales. Al igual que todas aquellas tecnologías digitales dispuestas para la realización de gestiones que involucren el acceso a la información, las modalidades de comunicación y la provisión de datos personales.
A su vez, el proyecto determina que el Poder Ejecutivo Nacional establecerá la autoridad de aplicación, la cual tendrá entre sus funciones la confección de una base de datos de delitos virtuales, a partir de las denuncias recibidas, que funcione como evidencia objetiva de las estafas más habituales, sus modalidades de captación y realización, a la vez que permita establecer perfiles de población más vulnerable para planificar campañas de concientización orientadas específicamente a la prevención de la problemática.
Cabe señalar que herramientas similares existen hace años en diversos países: en Estados Unidos desde el año 2000 el FBI tiene una línea de recepción de denuncias online de estafas digitales, fraudes financieros y robo de identidad; en España el Instituto Nacional de Ciberseguridad ofrece una línea de atención gratuita para usuarios afectados por fraudes online, phishing, robo de datos; en Australia la ACCC (Australian Competition and Consumer Commission) gestiona Scamwatch, un servicio para reportar estafas virtuales y recibir asesoramiento inmediato.
“La inclusión de mecanismos de verificación biométrica y protección de datos personales es esencial para resguardar la privacidad de los denunciantes y fomentar la confianza en el sistema. Definir claramente las estafas virtuales y sus diferentes modalidades permitirá establecer un marco legal efectivo que aborde las técnicas más comunes y emergentes utilizadas por los estafadores”, concluyen los senadores nacionales.
