El fiscal Facundo Barros dijo que quedó comprobado que existió la defraudación a la obra social.
Los representantes de los médicos imputados en la causa conocida como las órdenes truchas fundamentaron ayer la oposición a la elevación a juicio. En general, coincidieron en solicitar la extinción de la acción penal y el sobreseimiento de los profesionales. La Cámara de Apelaciones dará a conocer su resolución el 19 de diciembre al mediodía.
Como se informó, los doce médicos imputados se opusieron a la elevación a juicio que había confirmado Control de Garantías, tras la investigación de dos fiscales. Ayer hubo dos audiencias en las que los imputados plantearon sus agravios dado que la causa quedó dividida en dos grupos de médicos.
La denuncia data de octubre de 2013. Los profesionales imputados y enviados a juicio por el exfiscal Marcelo Sago en 2019 fueron: Juan León Córdoba Bustos, Marcelo Eduardo Ubaid, Javier Alejandro Codigoni, Nelson Walter Silva, Rolando Marcelo González, Bruno Ariel Robledo, Hugo Leonardo Pacheco y Lilian Beatriz Penise. Luego, en 2021, el fiscal Facundo Barros completó la investigación y envió a juicio a otros cuatro médicos. En esta resolución del fiscal Barros Jorrat están involucrados los médicos Carlos Vega Ramírez, Federico Sandez, Carlos Rafael Tolosa y Fabiana Olivato.
En ambos la causa fue al Juzgado de Control de Garantías Nº 2, a cargo de Cecilia Mas Saadi, dado que los imputados plantearon su oposición a la medida. La jueza confirmó el dictamen del fiscal. Ayer, los representantes de los médicos imputados presentaron sus objeciones ante la Cámara integrada por Elena Berrondo, Diego Chayle y Juan Rosales.
La segunda audiencia que se inició a las 10.30, el abogado Fernando Contreras representó a los médicos Eduardo Ubaid y Nelson Silva. El letrado consideró que la investigación penal no tenía certeza. Añadió que se le endilga a los médicos haber cargado órdenes apócrifas cuando esa no es la responsabilidad. “No es facultad ni obligación del médico hacer las constataciones, mal podrían pretender que sea él el que tenga que controlar”.
Más adelante añadió que la investigación sugiere que empleados del Círculo Médico prestaron colaboración para realizar la carga de órdenes apócrifas y que esa responsabilidad no fue aclarada. "No se puede individualizar a los actores principales de este ardid. ¿Quiénes son las personas que cargaron las órdenes?”, afirmó. Por último, Contreras pidió que se haga lugar al recurso de apelación y se disponga el sobreseimiento total de sus defendidos”.
El abogado Herman Zalazar, en representación de Javier Codigoni y Bruno Ariel Robledo, coincidió con Contreras en que no se determinó la responsabilidad del Círculo Médico y de la Obra social. Además, comentó que del sumario efectuado contra personal de OSEP surgió que había falencias en el sistema de la Obra Social.
Por otra parte, observó que a valores del año 2013, el supuesto daño causado a la hacienda pública era ínfimo porque era del 0, 9% del presupuesto.
El fiscal Facundo Barros Jorrat defendió la investigación penal y dijo que quedó demostrado que la defraudación existió y que el debate oral determinará es el grado de participación que tuvieron los imputados. En este sentido ratificó el pedido de elevación a juicio y solicitó que la causa llegue al plenario.
