La decisión judicial frena la intención del Gobierno de avanzar con una eventual privatización de la principal entidad bancaria del país.
El juez federal Alejo Ramos Padilla dictó una medida cautelar que suspende el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el presidente Javier Milei, que buscaba convertir en Sociedad Anónima al Banco Nación. La decisión judicial frena la intención del Gobierno de avanzar con una eventual privatización de la principal entidad bancaria del país.
El fallo responde a una demanda colectiva presentada por los trabajadores del BNA, quienes solicitaron la nulidad e inconstitucionalidad de la resolución del directorio del banco que disponía su transformación en Sociedad Anónima. En su argumentación, Ramos Padilla remarcó que la modificación del estatus del banco solo puede ser determinada por el Congreso Nacional, dado que se trata de una entidad autárquica cuya creación y regulación están bajo la facultad del Poder Legislativo.
El magistrado cuestionó también la legitimidad del DNU 70/30 y la Ley de Bases impulsada por el oficialismo, enfatizando que cualquier cambio en la estructura jurídica del Banco Nación debe realizarse a través de una ley formal emanada del Congreso. Su resolución representa un freno a las intenciones del Gobierno de avanzar con la privatización de empresas estatales clave.
«¡Se hizo Justicia! Con alegría recibimos el fallo del Juez Alejo Ramos Padilla, que hizo lugar al pedido de medida cautelar. Es decir que la medida Cautelar Interina la transformó por estos primeros seis meses en medida cautelar!», celebró en redes Sergio Palazzo.
La transformación del Banco Nación en Sociedad Anónima generó preocupación entre sectores políticos, sindicales y productivos, ya que la entidad cumple un rol fundamental en el financiamiento de pequeños y medianos productores, así como en la economía regional. Con más de 130 años de historia y una red de más de 700 sucursales en todo el país, el BNA es clave en la promoción del desarrollo económico y social.
Con esta medida cautelar, la Justicia establece un freno temporal a la iniciativa del Gobierno, mientras se resuelven los planteos sobre su constitucionalidad. La decisión de Ramos Padilla refuerza la idea de que cualquier modificación en el estatus de entidades estatales debe contar con el aval del Congreso, consolidando el rol del Poder Legislativo en la toma de decisiones sobre el patrimonio público.
