El acusado habría ordenado que no carguen en el sistema dos propiedades a nombre del Trader God.
Tras ser emplazado por el juez de Control de Garantías, Héctor Rodolfo Maidana, por la demora en la finalización de la investigación por fraude en el Registro de la Propiedad Inmueble, en beneficio del Adhemar Bachciani –procesado por millonarias estafas-, el fiscal de Instrucción de Delitos contra la Administración Pública, Facundo Barros Jorrat, dio por finalizada la investigación penal preparatoria y elevó la causa a juicio.
El emplazamiento de Maidana fue realizado el 15 de octubre. El juez lo conminó a que en un plazo de 45 días termine la instrucción de la causa, teniendo en cuenta que llevaba más de 30 meses investigando.
A principio de diciembre, el fiscal requirió la elevación a juicio del abogado Paulo Gustavo Ibáñez (43), quien se desempeñaba como jefe del Departamento Folio Real del Registro y luego de la denuncia realizada por la entonces directora de la institución, fue exonerado de la Administración pública, sospechado de haber ordenado a dos subalternas que no carguen en el sistema, el cambio de titularidad de dos importantes inmuebles a nombre de Bacchiani.
También fueron enviadas a juicio Norma Bravo (58) y Andrea Pacheco (37), quienes eran subalternas de Ibáñez y contrariamente a la suerte de éste, no fueron exoneradas de la administración pública siendo que los tres están imputados por “incumplimiento de los deberes de funcionario público en calidad de coautores".
Paulo Ibáñez, con el patrocinio del abogado defensor Sebastián Ibáñez, se opuso al requerimiento fiscal de elevación a juicio advirtiendo que –como lo había manifestado en otras ocasiones- una testigo incurrió en falso testimonio al asegurar que escuchó cuando él le ordenaba a sus subalternas, no ingresar al sistema registral cambios de dominio a favor de Bacchiani.
En su oposición, el exempleado pidió al fiscal Barros Jorrat –y por extensión al Juzgado de Control de Garantías-, que impute a las testigos, escribana Elizabeth Mamani y Antonia Etelvina Villafañe por presunto falso testimonio agravado en calidad de autor.
Ibáñez explicó que en el caso de Villafañe, la falsedad quedó demostrada a través de un “Informe de asistencia y registro de huella” emitido por la División de Asistencia del ARCA (actual ARCAT), donde consta que entre los días 3 y 28 de enero de 2022 estuvo de vacaciones, por lo que no pudo haber escuchado cuando supuestamente ordenaba se realice la maniobra fraudulenta.
Finalmente, el imputado pidió al juez de Control que haga lugar a la oposición, y su sobreseimiento total y definitivo.
En el último mes, en los ámbitos judiciales tomó fuerza la sospecha de que Bacchiani realizó numerosas maniobras para ocultar sus bienes y así evitar pagar las deudas contraídas con cientos de inversores acreedores que exigen reparación por las quiebras de Adhemar Capital SRL y de Edgar Adhemar Bacchiani (persona física).
La maniobra en el Registro de la Propiedad fue advertida en pleno proceso de cesación de pagos.
Supuestamente, Ibáñez le pidió a las dos subalternas que no carguen en el sistema del Registro el cambio de titularidad de dos inmuebles, a nombre de Bacchiani.
Al no figurar en el sistema como propietario de esas importantes propiedades, Bacchiani no podía perderlas porque no pasarían a formar parte del cúmulo de valores que supuestamente será utilizado para pagar a los damnificados.
La Justicia de Córdoba ya fijó fecha para el inicio del debate oral por estafas reiteradas. La audiencia de debate fue programada para el 7 de febrero de 2025 y subraya la importancia de recibir la información solicitada al Juzgado Federal de Catamarca antes del 4 de febrero de 2025.
