El presidente Javier Milei no quiere dar el brazo a torcer en su pelea contra las diversidades.
El Gobierno anunció que limitará la cobertura de los tratamientos de hormonización y las intervenciones quirúrgicas para cambio de sexo en los menores. En conferencia de prensa grabada con antelación, se dio a conocer también que el Poder Ejecutivo derogará el artículo de la norma que permitía a los menores de 18 registrar su nuevo nombre y sexo.
Mediante un Decreto, a través de la subsanación del artículo 11, quienes no cumplan con la mayoría de edad ya no podrán realizarse intervenciones quirúrgicas totales o parciales o tratamientos integrales hormonales para modificar su cuerpo, incluidos sus genitales. Asimismo, mediante la derogación del artículo 5, tampoco tendrán permitida la rectificación registral del sexo, el cambio de nombre de pila o de imagen.
El decreto también modifica lo establecido por la ley respecto al financiamiento de este tipo de tratamientos. A partir de ahora, los efectores del sistema público de salud, ya sean estatales, privados o del subsistema de obras sociales, ya no deberán garantizar este tipo de prácticas, por lo que dejarán de estar incluidas en el Plan Médico Obligatorio.
La decisión se fundamenta en lo establecido por el Art. 9° de la Ley N° 26.061, según la cual los niños y adolescentes son personas en desarrollo que tienen derecho a su integridad física, sexual, psíquica y moral. Asimismo, la medida se apoya en la Convención sobre los Derechos del Niño – la cual reviste jerarquía superior a las leyes– que manifiesta que, por su falta de madurez física y mental, los niños necesitan protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento.
Según el informe técnico que conforma los antecedentes para proceder con estas actuaciones, ambos artículos de la Ley 26.743 habilitaban acciones que podían generar graves perjuicios en la salud de los menores de edad. Teniendo en cuenta que el deber del Gobierno nacional es promover el bienestar general y garantizar la protección de los niños, se ha decidido avanzar con esta medida evitando la configuración de situaciones que puedan vulnerar sus derechos fundamentales.
