La denuncia de los trabajadores de la economía popular: “Nos están dejando sin nada”
La primera de las tres audiencias fue sobre el “Impacto de las políticas sociales en personas trabajadoras de la economía popular en Argentina”. Entre los puntos más críticos estuvieron los recortes en la asistencia social y alimentaria, la eliminación de programas de inclusión laboral y el impacto negativo en los sectores más empobrecidos, en un país donde la pobreza alcanzó al 53% de la población en 2024. Las exposiciones, que hicieron hincapié en la falta de recursos para los sectores vulnerables, coincidieron con cuestionamientos de los comisionados de la CIDH, que pidieron explicaciones sobre los motivos detrás de estas políticas de ajuste y su impacto social.
Alejandro Gramajo, secretario general de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), encabezó la delegación de organizaciones sociales en la audiencia. Durante su exposición, Gramajo afirmó: “Lamentablemente, tenemos que estar aquí porque nuestro país está avanzando en una pérdida sistemática de derechos sociales que afectan la vida y la dignidad humana”. Explicó que en la Argentina, la economía popular es un sector clave que representa casi la mitad de la fuerza laboral, ya que millones de personas, excluidas del mercado formal, sobreviven con trabajos informales y precarios como la venta ambulante y la agricultura familiar.
Gramajo denunció que las políticas de ajuste impulsadas por el gobierno de Milei han congelado el Salario Social Complementario en $78.000, “una suma que apenas alcanza para 50 litros de leche”, en sus palabras, y señaló que esta medida ha dejado a miles de familias al borde de la indigencia. “El desfinanciamiento de los comedores comunitarios en un contexto de pobreza creciente es una decisión que condena a nuestros hijos al hambre”, agregó.
El secretario de la UTEP también señaló el impacto del ajuste en los barrios humildes, donde obras de infraestructura básica como el acceso a agua potable, electricidad y cloacas han sido canceladas. Estos proyectos, establecidos por leyes como la Ley de Emergencia Social y la Ley de Urbanización de Barrios Humildes, habían sido cruciales para mejorar la vida de más de 6.000 barrios populares, pero actualmente “millones de familias están otra vez sin acceso a servicios básicos”, subrayó.
El CELS denunció la “destrucción” de políticas públicas
Diego Morales, abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), destacó que las decisiones del gobierno de Milei representan una regresión en los derechos sociales. “Con recortes presupuestarios, decisiones administrativas, vías de hecho y un proceso de estigmatización de las organizaciones sociales, se deterioraron las condiciones de vida de las personas que menos tienen”, expresó Morales, al presentar los datos sobre el crecimiento de la pobreza en 2024.
Morales detalló que el presupuesto destinado a políticas alimentarias sufrió una caída real del 29%, mientras que los recursos para comedores y merenderos comunitarios fueron reducidos en un 85%.
“El Estado Nacional decidió suspender la distribución de alimentos y no renovar acuerdos con estos espacios, que cumplen un rol fundamental”, afirmó y subrayó la falta de inversión en infraestructura pública y la suspensión de proyectos de reurbanización, que dejaron sin opciones de vivienda digna a cinco millones de personas que residen en asentamientos precarios.
La respuesta del Gobierno: “Es una readecuación de políticas”
Desde la delegación oficial, encabezada por el secretario de Derechos Humanos de Milei, Alberto Baños, la estrategia fue la defensa de un modelo de “racionalización de recursos”. El funcionario insistió en que el Gobierno busca “superar los modelos asistencialistas” y crear condiciones de “autonomía” para los sectores populares, aunque no ofreció detalles sobre cómo estas políticas beneficiarían a quienes han quedado sin recursos básicos. “El objetivo es eliminar las dependencias estructurales y crear un sistema más justo”, sostuvo Baños, pero sin explicar cómo se garantizarán los derechos básicos a los sectores más vulnerables en el proceso.
A la hora de responder sobre los recortes en políticas alimentarias, el funcionario de Milei, que fue presentado por la embajadora argentina ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Sonia Cavallo (hija del exministro de Economía de Carlos Menem y Fernando de la Rúa), minimizó la situación y desvió las críticas afirmando que “no hay destrucción sistemática, sino una readecuación de las políticas debido a la situación económica calamitosa heredada”.
Según Baños, el Gobierno prioriza la reducción de la inflación y la recuperación económica, aunque las consecuencias para los sectores empobrecidos de la sociedad no fueron abordadas en profundidad.
Los comisionados de la CIDH plantearon interrogantes incisivos al Gobierno argentino. Edgar Stuardo Ralón Orellana, relator de derechos de personas privadas de libertad, cuestionó la falta de diálogo entre el Estado y la sociedad civil. Además, el comisionado José Luis Caballero Ochoa, al recordar un fallo de la Corte Interamericana en 2016, advirtió sobre el peligro de retrocesos en políticas públicas, enfatizando la obligación de progresividad de los Estados en derechos sociales. Ambas cuestiones quedaron sin respuestas claras por parte del Gobierno, que se limitó a comprometerse a enviar explicaciones por escrito.
La presidenta de la CIDH, Roberta Clarke, insistió en la importancia de que las políticas fiscales y de austeridad no comprometan los derechos fundamentales de los sectores más vulnerables, como los niños y niñas en situación de pobreza. Baños, en su respuesta, reafirmó el compromiso del gobierno de alcanzar el déficit fiscal cero, aunque no ofreció soluciones a las denuncias sobre desfinanciamiento de comedores y recortes en políticas de asistencia alimentaria.
El secretario de Derechos Humanos de Milei, un exjuez que llegó a la magistratura durante la última dictadura, adoptó un tono desafiante en defensa de las medidas de ajuste y recortes, describiéndolas como una “racionalización de recursos necesaria para corregir el sistema asistencialista”. En lugar de responder de manera directa a las críticas sobre el impacto social negativo de estas políticas, Baños se centró en un enfoque técnico, subrayando la “autonomía” como el objetivo principal del Gobierno: “Estamos generando un modelo de desarrollo para que cada ciudadano sea autosuficiente y no dependa de planes que perpetúan la pobreza”, afirmó, sosteniendo que los cambios implementados desde diciembre de 2023 buscan erradicar lo que llamó una “cultura de dependencia”.
Baños desestimó las denuncias de desfinanciamiento en políticas sociales, alegando que la “readecuación de políticas” es una respuesta necesaria a la crisis fiscal del país. Aunque admitió que el presupuesto para programas sociales y alimentarios había sido reducido, justificó esta decisión como parte de una estrategia de “eficiencia” orientada a reducir el déficit fiscal. Según Baños, el Gobierno pretende alcanzar un “déficit cero” que permita una “verdadera estabilidad macroeconómica a largo plazo” y, según sus palabras, esto “eventualmente beneficiará a todos los sectores”.
En cuanto a los programas de empleo y asistencia, Baños también defendió la sustitución del Plan Potenciar Trabajo por el programa Volver al Trabajo, una medida que ha sido criticada por las organizaciones sociales por su falta de alcance y de incentivos reales para la inclusión laboral. En su exposición, Baños insistió en que el nuevo programa permitirá a los trabajadores informales “insertarse de manera independiente en el mercado”, aunque no ofreció datos sobre los resultados de esta política ni respondió a las denuncias de que la mayoría de los beneficiarios se han quedado sin alternativas efectivas para acceder a un empleo estable.
En varios momentos de la audiencia, Baños recurrió a un discurso que deslegitimó el trabajo de las organizaciones sociales, acusándolas de fomentar el “clientelismo” y de intermediar en forma “sesgada” la asistencia pública. “Muchos de estos intermediarios han sido quienes históricamente han impedido la verdadera autonomía de los sectores populares”, manifestó, en un intento de justificar la exclusión de las organizaciones del sistema de asistencia. Baños aseguró que la “desintermediación” de los programas sociales es un paso hacia un modelo que fomente la autosuficiencia, aunque las organizaciones presentes señalaron que esta política ha dejado a miles de personas sin asistencia concreta.
Finalmente, Baños trató de minimizar las críticas sobre el impacto en los niños y en la atención de necesidades básicas, aludiendo a una “mejora” en los índices de inflación que, según afirmó, “empieza a reducir lentamente los índices de pobreza”. No obstante, evitó referirse a los datos que muestran una suba sostenida de la indigencia en 2024. Al cerrar su exposición, Baños reafirmó el compromiso del gobierno de Milei con el “desarrollo económico y la libertad individual”, pero sus declaraciones fueron recibidas con escepticismo por parte de los comisionados de la CIDH, quienes destacaron que los derechos humanos no deben ser sacrificados en nombre de la austeridad fiscal.
La intervención de Baños refleja la visión de un gobierno que prioriza la “sostenibilidad macroeconómica” sobre las necesidades de los sectores más desprotegidos, una postura que, de acuerdo con las organizaciones y los críticos presentes, continúa agravando la crisis social en Argentina.
El desfinanciamiento a las políticas de protección a las mujeres
A esa primera audiencia le seguía otra sobre la “Situación de las políticas de prevención, sanción y erradicación de las violencias de género en Argentina”. Por caso, en los primeros seis meses de gobierno, el gasto en las políticas públicas destinadas a reducir la desigualdad de género fue un 33% más bajo que el 2023.
Según un monitoreo realizado por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), se registró una caída del 80% en la ejecución interanual del presupuesto del Programa Acompañar, que asiste psicosocial y económicamente a mujeres en situación de violencia de género. Además se redujo un 25,52% del presupuesto de la Línea 144 de atención telefónica en todo el país.
Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), expuso la alarmante situación de las políticas de género en Argentina durante los primeros meses de 2024. Acompañada por representantes de Amnistía Internacional Argentina, Fundeps, Mujeres por Mujeres y el CELS, Gherardi detalló el retroceso en la atención y erradicación de las violencias de género y la garantía de servicios de salud sexual y reproductiva.
Gherardi destacó que entre enero y marzo de 2024, 2,462 mujeres solicitaron acceso al programa Acompañar, una política pública nacional que brinda ayuda económica y acompañamiento a mujeres víctimas de violencia de género. Sin embargo, solo 434 pudieron acceder al programa, a pesar de que el 54% de ellas se encontraba en situación de grave riesgo. En comparación, en el primer trimestre de 2023, 34,000 mujeres lograron acceder al mismo programa, lo que representa una caída del 98%. “Son miles de mujeres en situación de vulnerabilidad, cuya seguridad está en riesgo mientras el Estado las deja desamparadas”, afirmó Gherardi.
Desde la asunción del nuevo gobierno el 10 de diciembre de 2023, se han desmantelado políticas públicas exitosas, desacreditado instituciones sin evidencia, recortado arbitrariamente el presupuesto y reducido el personal encargado de implementar estas políticas mediante despidos masivos. Estas acciones, según Gherardi, incumplen compromisos internacionales vigentes, como la Convención de Belén do Pará y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
En respuesta, las organizaciones de la sociedad civil han iniciado una acción judicial contra el Poder Ejecutivo Nacional en representación del colectivo de mujeres, niñas y adolescentes en situación de múltiple vulnerabilidad. Solicitan que el Ministerio de Justicia aclare cuál es el organismo responsable de cumplir las obligaciones en materia de violencia de género, qué políticas públicas están vigentes y cómo se garantizarán estas obligaciones en todo el territorio.
La CIDH, en su informe sobre violencia y discriminación contra mujeres, niñas y adolescentes, urgió a los Estados a implementar políticas de protección integral con recursos específicos y permanentes, incluyendo líneas de ayuda y asistencia legal. Gherardi subrayó que la situación actual en la Argentina refleja un grave retroceso que contradice estos mandatos y desafía la legitimidad de los acuerdos democráticos regionales.
La “eficiencia” en género y derechos de las minorías: más recortes, menos protección
De nuevo, Baños —junto a Javier Salgado, director del área de Contenciosos del Ministerio de Relaciones Exteriores, y Gonzalo Bueno, asesor legal de la misma dirección— fue el responsable de las respuestas ante la CIDH en esta segunda audiencia en nombre del Estado argentino. El funcionario intentó justificar la política de género adoptada por el gobierno, en un discurso cargado de datos sobre las “ineficiencias” de las administraciones anteriores y con promesas de una gestión más “eficiente”. Pese a sus palabras, los datos y las decisiones que destacó apuntan a recortes y traslados de competencias que, según organizaciones sociales, resultan en un debilitamiento de la protección estatal hacia las mujeres y personas en situación de vulnerabilidad.
Baños también se refirió a la Línea 144, asegurando que el servicio de asistencia sigue disponible “las 24 horas, los 365 días del año”, pero sin mencionar que esta línea sufrió una reducción de agentes, pasando de 140 a solo 81, lo que organizaciones señalan como un golpe a la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia. Según él, la coordinación con la Línea 137, también afectada por recortes, “fortaleció” el alcance del servicio, una afirmación que ha sido ampliamente cuestionada.
Intentó reforzar el supuesto compromiso del gobierno de Milei con las políticas de género, resaltando que “las políticas públicas tienen en muchos casos cara de mujer en la República Argentina,” e indicando que varios altos cargos dentro del gobierno están ocupados por mujeres.
Según Baños, el cierre de organismos y la disminución de personal “ineficiente” forman parte de una estrategia que busca el “renacimiento” económico del país. La eliminación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad fue presentada como una medida necesaria para enfrentar lo que calificó de “ineficiencia” en la gestión pública, aunque sin ofrecer detalles claros sobre cómo las políticas se verían beneficiadas por este cambio.
Respecto del aborto legal y la salud reproductiva, Baños utilizó los tratados internacionales y los derechos humanos para argumentar que la protección de la vida desde la concepción es un principio fundamental, citando la Convención Americana de Derechos Humanos. Esta cita fue interpretada como un ataque implícito al aborto legal, al afirmar que la protección de la vida “debe ampliarse y no retroceder”, una crítica a la legislación sobre la interrupción voluntaria del embarazo, que fue aprobada en 2020.
En su intervención, Baños también subrayó que los derechos sexuales y reproductivos, tal como se entienden en los marcos internacionales de Beijing y El Cairo, no incluyen el aborto. Esta postura se presentó como parte de una estrategia para reducir el financiamiento en áreas relacionadas con la salud sexual y reproductiva. Según el funcionario, el presupuesto destinado al programa de prevención del embarazo adolescente experimentó una fuerte disminución desde 2021, lo que, según él, refleja una falta de efectividad en los programas anteriores.
En cuanto al embarazo adolescente, Baños citó datos de la CEPAL y del Fondo de Población de las Naciones Unidas que ubican a Argentina por encima del promedio regional en embarazos no deseados, especialmente en el ciclo primario. Según Baños, la implementación del Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (Plan ENIA) no ha logrado los resultados esperados, ya que las provincias que no implementaron el plan obtuvieron resultados similares a las que sí lo hicieron. Para Baños, este fracaso exige un “nuevo abordaje” que permita afrontar el problema, aunque su exposición careció de propuestas claras para una solución efectiva.
Tras la exposición del funcionario de Milei, el comisionado Caballero Ochoa señaló: “Lo que no se nombra no existe. Si decían ustedes que la violencia no tiene género, entonces la protección del género no existe. Y cuando hay discriminación estructural de años sobre grupos o colectivos tradicionalmente invisibilizados, como las mujeres, como el colectivo LGBTI, en violencia de género, en políticas de cuidado, si no se protege, no existe. Este es un principio básico del Derecho Internacional, de los Derechos Humanos, del derecho antidiscriminatorio de la igualdad”. La sentencia, previa a preguntas que luego formuló, fue una crítica abierta y lacerante sobre la idea del gobierno de Milei y Baños sobre la protección a las mujeres y a las minorías sexuales.
“Vuelvo hoy, ya con 94 años, a pedir una vez más su ayuda ante todos los retrocesos que se viven en la Argentina”
La última audiencia contó como expositora Estela de Carlotto en forma remota desde el edificio del excentro clandestino de detención de la ESMA, hoy reconvertido en sitio de memoria. “Aunque lamento no poder estar en forma presencial con ustedes, es un gran honor estar nuevamente frente a esta comisión, aunque también una gran tristeza. Vinimos por primera vez a pedir su ayuda cuando en nuestro país nos cerraban todas las puertas y negaban las graves violaciones a los derechos humanos que se estaban cometiendo. Desde ese entonces para nosotras y todos los organismos fue siempre fundamental y de gran importancia su acompañamiento. Vuelvo hoy, ya con 94 años, a pedir una vez más su ayuda ante todos los retrocesos que se viven en la Argentina en materia de derechos humanos y el Proceso histórico de Memoria, Verdad y Justicia”, dijo la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.
Posteriormente, Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS, advirtió sobre lo que consideró una grave regresión en las políticas de memoria, verdad y justicia en Argentina. Litvachky denunció el desfinanciamiento, la clausura de líneas de trabajo y el vaciamiento de instituciones encargadas de la defensa de derechos humanos, incluyendo la venta de sitios de memoria.
En su presentación, Litvachky señaló que las promesas de campaña del gobierno de Milei se han traducido en acciones concretas que amenazan un proceso consolidado desde la posdictadura y que ha sido modelo en la región y el mundo. “Nos enfrentamos a un programa que busca transformar el balance social condenatorio sobre la dictadura y habilitar una mayor violencia estatal en el presente”, sostuvo la directora de CELS.
Litvachky también expresó preocupación por un discurso oficial que, según afirmó, reivindica la represión clandestina y critica los juicios de lesa humanidad como una “campaña contra las Fuerzas Armadas”. Esta postura, indicó, se ve reflejada en acciones como el elogio de indultos a militares condenados y la realización de reuniones políticas con responsables de torturas y asesinatos masivos.
Según Litvachky, estos ataques no solo ponen en riesgo la continuidad de las políticas de derechos humanos sino que también buscan minar el consenso social y político que condena las atrocidades cometidas durante la dictadura. “Estamos frente a un gobierno que promueve la regresividad y se jacta de incumplir sus obligaciones internacionales”, afirmó, alertando sobre los efectos que esto podría tener en la sociedad argentina y la región.
La directora del CELS realizó una solicitud formal a la CIDH para que inste al Estado argentino a cumplir con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos, que incluyen el restablecimiento de las políticas desmanteladas y el abandono de posturas relativistas sobre crímenes de lesa humanidad. Litvachky pidió además que la Comisión realice una visita a Argentina para evaluar de primera mano los retrocesos denunciados y formular recomendaciones.
Luego, en una contundente intervención, el escritor Martín Kohan alertó sobre las amenazas que enfrenta la política de memoria, verdad y justicia en Argentina, argumentando que el intento de cerrar el capítulo de esta memoria viva representa, en realidad, un esfuerzo por silenciar y suprimir el trabajo colectivo de la sociedad para entender y condenar los crímenes de la última dictadura militar. “La memoria, la de memoria, verdad y justicia, es siempre una memoria abierta”, afirmó Kohan, subrayando que se trata de un proceso continuo que mira al presente y al futuro, más allá de lo sucedido en el pasado. Para Kohan, esta memoria no puede considerarse concluida ni fija, pues debe mantenerse en movimiento y en construcción para preservar la verdad y exigir justicia.
El escritor alertó que cualquier intento de “dar por completo” o dejar atrás esta memoria implica, de hecho, un esfuerzo por negarla. Kohan también denunció lo que considera una producción de “desconocimiento” por parte del Estado, ya que “pretender que ciertas cosas no se han contado cuando sí se han contado” es una forma de aplastar el conocimiento logrado a lo largo de más de 40 años de democracia. Según Kohan, la memoria argentina se ha forjado en un extenso y valioso proceso social, lleno de debates y contradicciones, que ha permitido una comprensión profunda de la historia reciente. “Pero si este vaciamiento se instrumenta a través de una política de Estado, como está ocurriendo de hecho, no puede sino implicar una amenaza concreta a la verdad y a la justicia”, sostuvo Kohan.
El escritor pidió a la CIDH que proteja los avances alcanzados, recordando que tanto las verdades como las justicias obtenidas en el pasado necesitan ser defendidas de los embates actuales. Según Kohan, los ataques a la política de memoria en Argentina ponen en riesgo no solo la comprensión y condena de la historia de violencia estatal, sino también los cimientos democráticos y los valores colectivos que han guiado a la sociedad en el proceso de “Nunca Más”.
Negando el negacionismo
Baños, otra vez, aseguró que la administración del presidente Milei respalda plenamente los principios de memoria, verdad y justicia, y refutó las acusaciones de negacionismo que, según afirmó, no tienen fundamento real.
Baños destacó que el predio de la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) recibe más de 400 visitas diarias y 20 escuelas por semana, lo que muestra, según él, un sólido compromiso estatal con la preservación de la memoria. Además, recordó que el Estado argentino destina alrededor de $4.000 millones al año para mantener este espacio y a los organismos allí presentes, incluido el Archivo Nacional de la Memoria. Para Baños, el hecho de que estos sitios sean accesibles al público demuestra que el gobierno no ha abandonado las políticas de derechos humanos.
En cuanto a las causas por delitos de lesa humanidad, Baños señaló que se han dictado 331 sentencias desde 2006, de las cuales 9 corresponden a 2024. Asimismo, mencionó que en este año la Secretaría de Derechos Humanos ha intervenido activamente en 265 causas en las que las víctimas no cuentan con patrocinio legal propio. Según el secretario, estos datos evidencian que el Estado no ha modificado su enfoque en estos temas.
Respecto a la derogación de la Unidad Especial de Investigación de Desaparición de Niños, Baños explicó que esta decisión se tomó para asegurar el cumplimiento de las normas constitucionales. Indicó que la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) sigue adelante con sus funciones, y que las investigaciones sobre apropiación de niños continúan a cargo de la Procuración General de la Nación y los juzgados pertinentes.
Baños también subrayó que los archivos relacionados con delitos de lesa humanidad están resguardados bajo estrictas medidas de seguridad, y desestimó cualquier preocupación por la vulnerabilidad de estos documentos. Reiteró que la política de leyes reparatorias continúa en marcha y que una auditoría reciente permitió detectar irregularidades en los expedientes, lo que ha llevado al inicio de acciones judiciales.
Para cerrar su intervención, Baños aseguró que el gobierno no cederá a lo que calificó como “presiones ideológicas” y reafirmó que el compromiso con los derechos humanos y la memoria abarca “a todas las víctimas, sin distinción de banderas”.
Anteriormente, uan Battaleme, secretario de Asuntos Internacionales del Ministerio de Defensa, dijo que las decisiones que está tomando el gobierno de Milei responden a una “crisis económica sin precedentes” que exige optimizar recursos y suprimir estructuras duplicadas.
El secretario también abordó los cuestionamientos por la negativa de proporcionar información sensible a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi). Battaleme argumentó que la solicitud de acceso a legajos militares debe ser específicamente ordenada por la justicia y bajo circunstancias debidamente justificadas, en línea con la Constitución Nacional y el secreto militar establecido por decreto. “No se trata de ser más o menos colaborativos, sino de actuar bajo un marco de legalidad”, subrayó.
Sobre el final de la audiencia, se le dio la palabra al experto de Naciones Unidas Jan Jarab, quien es representante para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y expresó su preocupación por las recientes medidas adoptadas por el gobierno de Milei en relación a la memoria, la verdad y la justicia. La exposición del funcionario de la ONU fue duramente cuestionada por Baños, quien señaló su “absoluta sorpresa y estupor la participación de este señor, relator de Naciones Unidas, no avisada, no informada”.
Las tres audiencias ante la CIDH pusieron de manifiesto las profundas preocupaciones sobre el rumbo que está tomando la política de derechos humanos en la Argentina bajo el gobierno de Javier Milei. Las críticas de organismos internacionales, junto con las denuncias de organizaciones sociales y figuras históricas como Estela de Carlotto, dan cuenta del riesgo de un retroceso en áreas fundamentales como la memoria histórica, los derechos de las mujeres y las políticas de protección a las minorías.
Mientras el Gobierno insiste en que sus reformas son necesarias para enfrentar la crisis económica, la comunidad internacional sigue vigilante, instando al Estado argentino a cumplir con sus compromisos en materia de derechos humanos. En este contexto, la defensa de los avances conseguidos en democracia y la preservación de los derechos fundamentales se convierten en una responsabilidad compartida, que sigue siendo crucial para la construcción de una sociedad más justa y equitativa.
