Desde el organismo aseguraron que el programa presentaba "deficiencias y desvíos en su funcionamiento".
El Gobierno nacional decidió eliminar el Programa de Fortalecimiento Comunitario, que otorgaba subsidios a comunidades indígenas para asesoramiento legal en conflictos territoriales. La medida se oficializó mediante la Resolución 8/2025, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Claudio Avruj.
La normativa establecía que el programa financiaba servicios jurídicos, contables y de capacitación legal para consolidar la posesión y propiedad comunitaria de tierras ocupadas por pueblos originarios. Sin embargo, el Gobierno justificó la eliminación alegando que el programa presentaba «deficiencias y desvíos en su funcionamiento», según auditorías de la Sindicatura General de la Nación.
El Ejecutivo argumentó que la decisión se enmarca en la emergencia pública declarada por el Decreto 70/2023, que rige hasta diciembre de 2025. Según el documento, «es imprescindible adoptar medidas que permitan superar la situación de emergencia creada por las excepcionales condiciones económicas y sociales que atraviesa el país».
Además, el Gobierno indicó que el programa carecía de herramientas de registro y sistematización que permitieran evaluar el impacto de los subsidios. Por ello, dispuso la derogación de la Resolución INAI N° 235/04 y la reconfiguración de políticas de acceso a la justicia para las comunidades indígenas.
