Acusan al gobierno de Milei de solo favorecer los negocios de agroindustria, energía, minería, salud y economía del conocimiento.
El Gobierno de Javier Milei canceló todas las áreas de investigación científica argentina que no beneficien a los negocios de agroindustria, energía, minería, salud y economía del conocimiento. De esta forma, investigaciones nacionales sobre el medio ambiente, el cambio climático, otros tipos de industria, ciencias sociales (área en la que Argentina es reconocida a nivel internacional) y otras pierden financiamiento estatal.
En un comunicado conjunto, la Federación de Docentes Universitarios (FEDUN), la Federación de Sindicatos Universitarios de América del Sur (FESIDUAS) y la Federación Latinoamericana de Trabajadores Científicos (FEDLATCI) expresaron su enérgico rechazo a la Resolución 10/2025, publicada en el Boletín Oficial este jueves Esta norma, emitida por la Jefatura de Gabinete de Ministros a cargo de Guillermo Francos, plantea modificaciones que consideran un «ataque directo» a la investigación científica y un retroceso en políticas públicas.
“La resolución constituye un acto de desmantelamiento de la estructura científica nacional, orientado a eliminar proyectos esenciales relacionados con ciencias sociales, medio ambiente y calentamiento global, áreas claves para el desarrollo sostenible de la Argentina y el bienestar de su población”, señalaron.
Asimismo, destacaron que la medida refleja “una visión negacionista” y alertaron sobre “las graves consecuencias laborales y profesionales” que afectarán a trabajadores de la ciencia. “Miles de investigadores podrían quedar sin recursos para continuar sus proyectos”, señalaron.
El texto oficial, firmado por Francos, establece en su artículo 1: “Encomiéndase a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (…) la evaluación de los programas creados en la órbita del ex Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (…) facultándose a suscribir los instrumentos (…) necesarios para dar de baja programas sobre los que se resuelva su no continuidad”.
El artículo 2 detalla medidas específicas de ajuste como “Dar de baja convenios con plazo vencido sin transferencia de fondos”, “Rescindir de común acuerdo (…) los convenios vigentes sin ejecución” y “Exigir la devolución inmediata de fondos transferidos no ejecutados”.
El comunicado de las Federaciones sindicales denuncia que esta Resolución 10/2025 prioriza “una política de ajuste fiscal por encima del desarrollo estratégico”. En particular, critican que el artículo 3 permita “la renegociación o rescisión unilateral de convenios ya aprobados”, generando inseguridad jurídica y desincentivando la inversión en investigación.
“Esto es un golpe mortal para los proyectos en curso, que quedarán paralizados o desfinanciados”, afirmaron las federaciones. Además, subrayaron que el enfoque del Plan Estratégico 2024-2025, mencionado en los considerandos de la resolución, excluye temáticas fundamentales como el medio ambiente y las ciencias sociales, focalizándose en áreas como agroindustria, energía y minería.
