El sumario detectó que el colegio conocía las situaciones de hostigamiento desde junio y no acreditó la aplicación integral de los protocolos. Deberá garantizar las clases y presentar un plan de mejora.
Sin aporte estatal. Según Educación, el colegio no aplicó los protocolos para casos de acoso escolar
El Ministerio de Educación y Trabajo suspendió por seis meses el 100% del aporte estatal al nivel secundario del Colegio Privado Pía Didoménico por incumplimientos en su respuesta a las situaciones de hostigamiento entre estudiantes. Según las conclusiones del sumario que informó la cartera, el colegio conocía los hechos desde junio, pero no acreditó haberlos comunicado a tiempo a las autoridades ni haber aplicado de manera integral los protocolos. La sanción rige desde ayer, 2 de noviembre.
La investigación determinó que no había constancias de una derivación a la Dirección Provincial de Mediación Escolar ni de un trabajo conjunto con los organismos de protección de derechos. Tampoco se acreditó una intervención sostenida de profesionales de distintas disciplinas, con registros que permitieran evaluar las medidas adoptadas y su resultado.
Otro de los incumplimientos señalados fue la falta de documentación y autorización de las decisiones sobre la escolarización no presencial de estudiantes. Las conclusiones surgieron del análisis de los antecedentes, los descargos del establecimiento y los informes de las áreas que intervinieron, según el Ministerio.
La suspensión fue formalizada mediante la Disposición Nº 1027/2026 de la Dirección Provincial de Educación de Gestión Municipal, Privada, Social y Cooperativa. Durante los seis meses, el colegio y su entidad propietaria deberán garantizar las clases, la regularidad del ciclo lectivo, la protección de los alumnos y el acompañamiento de sus estudios.
Además de perder el aporte, la institución deberá presentar un Plan de Mejora de la Gestión Escolar dentro de los 15 días posteriores a la notificación. Tendrá que detallar qué acciones realizará para corregir las fallas, quiénes serán responsables de llevarlas adelante y en qué plazos, junto con metas y formas de evaluar su cumplimiento.
El plan deberá incluir medidas para prevenir situaciones de violencia y hostigamiento, intervenir cuando ocurran e informar a las autoridades. También tendrá que contemplar la participación de las familias, espacios seguros de escucha para los alumnos y acciones para mejorar la convivencia.
Una vez aprobado por la Secretaría de Gestión Educativa, su cumplimiento será obligatorio. Un equipo interdisciplinario del Ministerio acompañará y supervisará el trabajo, mientras que el establecimiento deberá demostrar los avances con informes.
La disposición permite restablecer los fondos de manera parcial y progresiva antes de los seis meses. Para ello, las evaluaciones técnicas deberán comprobar mejoras efectivas y la Secretaría tendrá que autorizarlo. Presentar el plan, por sí solo, no permitirá recuperar el aporte estatal.
