Los diputados de Generar presentaron una denuncia penal para saber qué sucede con la obra del gasoducto Lavalle- Catamarca.
El partido GENERAR, a través de los diputados provinciales Tiago Puente, Natalia Herrera, Mamerto Acuña y Laura Quintero, presentó una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal para que se investigue la posible comisión de delitos contra la administración pública en torno a la obra “Construcción Gasoducto Troncal Lavalle-Catamarca”.
La presentación apunta contra Alberto Alcides Kozicki, exministro de Agua, Energía y Medio Ambiente de Catamarca; Máximo Matías Ramírez, exsecretario de Energía de esa cartera; y contra las personas responsables de la administración, dirección y representación de MEGA S.R.L., cuya eventual responsabilidad penal pueda surgir de la investigación.
Además, los legisladores solicitaron que la pesquisa alcance a cualquier otro funcionario, exfuncionario público o particular cuya participación pueda determinarse durante el avance de la causa.
La denuncia fue formulada por la presunta comisión de los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, peculado y subsidiariamente peculado por negligencia, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, sin perjuicio de la calificación legal que finalmente determine la Justicia.
La presentación busca reconstruir una serie de actuaciones vinculadas con la adquisición de materiales, licitación, adjudicación, ejecución, certificación, pago, control y rescisión de la obra pública. El recorrido comienza con la compra anticipada de cañería realizada en 2021, continúa con la licitación y adjudicación de la obra en 2022, su posterior ejecución y certificación, la rescisión del contrato en 2024 y culmina, según los denunciantes, con el Acuerdo Conciliatorio firmado el 12 de mayo de 2026. Este último convenio constituye uno de los principales puntos cuestionados por los diputados.
La empresa MEGA S.R.L. había recibido una multa contractual de aproximadamente $1.963 millones por incumplimientos. Sin embargo, mediante el acuerdo, la Provincia aceptó un pago de $301 millones, equivalente a poco más del 15% de aquella sanción. Los legisladores también cuestionaron que el convenio contemplara la liberación de garantías por $922 millones, la renuncia de la Provincia a reclamar eventuales perjuicios y la modificación de antecedentes registrales relacionados con incumplimientos de la empresa.
Por ese motivo, solicitaron determinar qué informes económicos, contables, jurídicos o evaluaciones de riesgo judicial fueron utilizados para justificar las condiciones acordadas.
Otro de los puntos centrales de la denuncia está relacionado con la cañería comprada por la Provincia para la obra. Según la presentación, se adquirieron 116 kilómetros de cañería de acero por $1.827 millones, destinados exclusivamente a la construcción del gasoducto, que finalmente quedó paralizada y sin terminar. Ante esta situación, los diputados solicitaron una constatación física e inventario urgente de los materiales existentes en los distintos predios de acopio.
La medida busca determinar cuánto material fue efectivamente incorporado a la obra, cuánto permanece almacenado y cuál es su estado actual. Para ello, la denuncia destaca que el pliego de la obra establecía la identificación individual de cada caño mediante estencilado, un mecanismo que permitiría facilitar su identificación y trazabilidad.
La presentación también plantea una cuestión institucional vinculada con el Acuerdo Conciliatorio. Según los denunciantes, el convenio fue suscripto por el Fiscal de Estado en comisión, es decir, por el organismo encargado de defender los intereses patrimoniales de la Provincia.
Los legisladores consideran necesario adoptar medidas para preservar esa representación en caso de que la Provincia sea considerada eventual damnificada en la investigación.
El presidente del bloque, Tiago Puente, sostuvo que la denuncia no busca establecer responsabilidades de manera anticipada, sino que pretende que la Justicia determine cómo se tomaron las decisiones cuestionadas. “No estamos anticipando culpables ni reemplazando a la Justicia. Estamos pidiendo que se investigue por qué la Provincia resignó más de mil seiscientos millones de pesos de un crédito propio, liberó garantías y borró antecedentes de una empresa que había incumplido, y que se diga con qué informes se tomó esa decisión”, señaló.
En esa línea, agregó: “Si esas razones existen, que se muestren. Y si no existen, que se determine quién decidió y por qué”.
Entre las medidas urgentes planteadas ante el Ministerio Público Fiscal se encuentran la constatación e inventario de la cañería, la preservación de los expedientes administrativos y de los registros del sistema de gestión documental electrónica.
También solicitaron información sobre el estado de cumplimiento del Acuerdo Conciliatorio y la realización de pericias de ingeniería y contables que permitan establecer las condiciones en las que quedó la obra y determinar, en caso de corresponder, la existencia y magnitud de un eventual perjuicio para las arcas provinciales.
Desde GENERAR sostuvieron que el control de la obra pública y la defensa de los recursos del Estado provincial forman parte de las responsabilidades que asumieron ante los catamarqueños y remarcaron que será la Justicia la encargada de determinar si existieron delitos y quiénes fueron eventualmente responsables.
