Denuncian a funcionarios por ceder el control de las videoloterías
El abogado Pablo Rivera acusa a autoridades de la ex-CAPRESCA y a la exministra Nazareno de firmar un contrato que otorga a Misiones la regulación del juego en Catamarca.
El abogado Pablo Rivera denunció penalmente a la presidenta de la Caja de Crédito y Prestaciones Provincial (ex-CAPRESCA), Natalia Díaz, al vocal del organismo Atilio Luna y a la exministra de Economía Alejandra Nazareno, por la firma de un contrato con el Instituto Provincial de Lotería y Casinos de Misiones. La presentación fue realizada el 22 de abril ante la Fiscalía General y se basa en presuntas irregularidades en la celebración del convenio, que autoriza la instalación de al menos 400 máquinas de videolotería en diferentes puntos de la provincia.
En diálogo con El Ancasti, Rivera afirmó que la denuncia es por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, y aseguró que el acuerdo “entrega a la provincia de Misiones el poder de regulación y control del juego de azar en Catamarca, renunciando al poder de policía que constitucionalmente le corresponde a nuestra provincia”.
Según Rivera, el convenio firmado en noviembre de 2024 transfiere de manera indebida a un organismo externo la facultad de controlar aspectos económicos, financieros y administrativos del sistema de videoloterías.
El letrado también cuestionó la falta de un proceso transparente: “Si el organismo tenía en mente realizar una contratación de esta magnitud, ¿por qué no llamó a concurso público o realizó una convocatoria abierta para distintos prestadores del servicio?”, se preguntó. Además, remarcó que el contrato omite especificar la tasa de retorno para el apostador, lo que consideró que deja en completa indefensión al usuario del juego.
Otro de los puntos polémicos es la jurisdicción judicial pactada. Rivera explicó que “se ha prorrogado la competencia territorial al Juzgado Civil de la ciudad de Posadas, Misiones, por lo que cualquier litigio debe resolverse fuera de Catamarca.
Finalmente, Rivera amplió su denuncia a la exministra Nazareno, señalando que “no pudo desconocer el contenido y la gravedad de este contrato, ya que la ex-CAPRESCA depende orgánicamente del Ministerio de Economía".
