Cuestionan que la ex-CAPRESCA no convocó a licitación
Denuncian que el acuerdo tiene cláusulas que perjudican el control y regulación sobre el juego de azar en la provincia.
La tensión en torno a la regulación del juego en Catamarca creció tras darse a conocer la denuncia penal presentada por el abogado Pablo Rivera. La denuncia, publicada en la edición de ayer por este diario, señala a la presidenta de la ex-Caja de Crédito y Prestaciones Provincial (CAPRESCA), Natalia Díaz, al vocal del organismo Atilio Luna y a la ex ministra de Economía Alejandra Nazareno por la firma de un controvertido contrato con el Instituto Provincial de Lotería y Casinos Sociedad del Estado (IPLyCSE) de la provincia de Misiones.
Según detalla Rivera, el acuerdo, firmado en noviembre de 2024, permite la instalación de al menos 400 máquinas de videolotería en varias localidades del interior de Catamarca y otorga a la provincia de Misiones "plenas facultades de control y regulación" sobre el juego de azar en la provincia, lo que, según él, equivale a una renuncia "del poder de policía que constitucionalmente le corresponde" al organismo provincial.
En una conversación con El Ancasti, Rivera subrayó que la denuncia se fundamenta en un “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, resaltando la falta de un proceso transparente en la celebración del convenio. “¿Si el organismo tenía en mente realizar una contratación de esta magnitud, por qué no llamó a concurso público para que se presentaran distintos prestadores del servicio?”, cuestionó.
Además, hizo hincapié en un aspecto fundamental del acuerdo: “Este contrato carece de especificaciones sobre la tasa de retorno para el apostador, lo que deja en total indefensión al usuario del juego”. Una omisión que, según él, refleja un desinterés por la protección de los derechos de los ciudadanos que participan en este tipo de actividades.
Uno de los puntos más polémicos del contrato es la cláusula que prorroga la competencia territorial a favor del Juzgado Civil de Posadas, Misiones. El letrado explicó que “cualquier litigio que pueda surgir debe resolverse fuera de Catamarca”, lo que, en su opinión, menoscaba la capacidad de la provincia para defender sus intereses.
Rivera también se hizo eco de las preocupaciones manifestadas por agencieros del interior de Catamarca, quienes han rechazado la instalación de las máquinas de videolotería. “Ellos consideran que no solo es pernicioso desde el punto de vista económico, sino que también afecta a la comunidad, donde la mayoría vive de salarios de la administración municipal, que apenas cubren sus necesidades básicas”, afirmó.
El abogado adelantó que están preparando la documentación para presentar nuevas denuncias penales, con el objetivo de esclarecer las motivaciones detrás de esta polémica contratación.
Sobre la responsabilidad de cada funcionario involucrado, Rivera fue categórico: "La denuncia contra Natalia Díaz y Atilio Luna se centra en que fueron los ejecutores de esta maniobra, mientras que la licenciada Nazareno, por el rol que ocupaba, no podía desconocer la gravedad de este contrato. Este acuerdo contiene cláusulas leoninas que son totalmente perjudiciales para nuestra provincia”.
Esta denuncia se suma al pedido de informe solicitado por la diputada radical Silvana Carrizo, en el cual insta al Poder Ejecutivo que, a través de CAPRESCA y en un plazo de 10 días hábiles, informe sobre la instalación y explotación de terminales de videolotería en la provincia y en qué consiste el acuerdo firmado entre las entidades.
Convenio
La ex-CAPRESCA y el IPLYCSE firmaron un acuerdo mediante el cual Catamarca le cede al gobierno de Misiones el 68% de las ganancias obtenidas de los juegos realizados en las terminales de videolotería que se instalen en las diferentes agencias de quiniela de la provincia. Esto generó un gran malestar en quinieleros y agencieros.
Por un lado, la molestia se radica en que ellos habían elevado una propuesta al organismo local por exactamente las mismas terminales de juegos virtuales luego de haber realizado un relevamiento de su funcionamiento en diferentes provincias. Lo que finalmente no sucedió.
Este acuerdo preveía dejar una ganancia total del 45% a Catamarca, un porcentaje bastante superior al 32% que terminó aceptando el Gobierno de Catamarca a través de ex-CAPRESCA.
De haberse aceptado la propuesta de los quinieleros, presentada hace dos años, las ganancias se repartirían en un 20% para las agencias, un 20% para ex-CAPRESCA y un 5% para la asociación civil que los nuclea.
Con el convenio actual, el porcentaje cae al 18% para los agencieros, al 13% para la ex-CAPRESCA, quedando afuera la asociación y descartadas las mejoras edilicias de las agencias.n
