Su registro está desactualizado por documentos vencidos
Carrizo es proveedor estatal y había vendido elementos al Ministerio de Seguridad
El hermano del intendente de Saujil es uno de los beneficiados con las absoluciones pagas. Logró vender algunos elementos al Ministerio que conduce su prima, Fabiola Segura.
Uno de los beneficiados en el escándalo de las absoluciones pagas fue Camilo Carrizo, hermano del intendente de Saujil, Enzo Carrizo (UP), y primo de la ministra de Seguridad, Fabiola Segura. Carrizo se dedica al comercio y justamente por su actividad y la ausencia de antecedentes fue que el juez de control de Garantías, Rodolfo Maidana, había decidido otorgarle la libertad con restricciones en octubre pasado. Ahora se conoció que Carrizo era además proveedor del Estado Provincial, y que entre 2023 y 2024 había logrado algunas ventas que superaron los 80 millones de pesos: algunas de ellas, fueron elementos que requirió el Ministerio que conduce su prima.
La información está disponible en el portal de Compras del Gobierno de la Provincia. Allí puede verse que Camilo Alberto Carrizo está inscripto como proveedor del Estado desde el 15 de marzo de 2021 en los rubros de ferretería, electricidad, telefonía y pinturas; y actualmente se encuentra con el registro desactualizado por el vencimiento de documentación. Sin embargo, en una búsqueda de procesos en los que participó se puede ver que entre 2023 y 2024 realizó ofertas en al menos 19 expedientes de compra y logró venderle al Gobierno en diez oportunidades.
En tal sentido, los elementos que le compraron alcanzaron la suma de 81,6 millones de pesos y la mayor parte los objetos que vendió fueron para el Ministerio de Seguridad que conduce su prima, aunque los expedientes se tramitaron desde la Secretaría de Compras y Abastecimiento. En tal sentido, hay registros de cuatro expedientes en los que vendió elementos al Ministerio de Seguridad; otros cuatro al Ministerio de Salud, y también hay para el Ministerio de Educación y el de Desarrollo Social. Todos por el mecanismo de la contratación directa.
De los 81 millones en ventas que Carrizo le facturó al Estado, más de la mitad están en un solo contrato: en abril, entregó al Ministerio de Seguridad 320 conos señalizadores, 80 matafuegos, 60 bastones luminosos para balizas señalizadoras, 60 balizas intermitentes, 300 cintas señalizadoras de peligro y 120 pilas alcalinas de primera marca, todo por unos 41 millones de pesos.
En otros expedientes vendió cientos de elementos de electricidad (tomas, lámparas led, etc.) y hasta cajas de herramientas, pinzas, martillos, serruchos, etc.
El asalto en Parque América
Camilo Carrizo es uno de los cuatro integrantes de la banda que fue imputada por el asalto a los hermanos Rolón Reynoso en una casa del Barrio Parque América en septiembre de este año. Junto a él, fueron detenidos Diego Arroyo, Fernando Pacheco y Guillermo Nieva.
En octubre, el juez de control de Garantías, Rodolfo Maidana, concedió la libertad bajo caución a Carrizo y Nieva, al considerar que ambos tenían "suficiente arraigo en la provincia, en donde tienen su familia y desarrollan su actividad comercial, a lo que cabe agregar que no registran ningún tipo de antecedentes ni policiales ni judiciales".
En ese momento, Gustavo Rolón Reynoso lamentó que la Justicia le concediera la libertad a Carrizo y Nieva, y aseguró que temían por su vida. "Tengo miedo de que vuelvan a mi casa y ahora me maten", dijo y recordó que los reconoció porque le apuntaron a la cabeza con un arma de fuego. Además, él y su abogado, Rolando Crook, cuestionaron la decisión y la conectaron con los vínculos políticos de Carrizo. "No queremos pensar que les dan la libertad por su parentesco", expresaron.
Por entonces, Crook ya había vinculado el episodio con el mundo de las criptoestafas, ya que uno de los imputados había reconocido que fueron a asaltar a los Rolón Reynoso por una deuda en el marco de la financiera RT Inversiones. Matías Rolón Reynoso cumplía prisión domiciliaria al momento del violento encuentro.
Dos meses después de esas declaraciones, el fiscal Hugo Costilla y el juez Maidana convalidaron un acuerdo entre los Rolón Reynoso y los cuatro imputados, por el cual los delincuentes pagaron $8.000.000 a modo de resarcimiento y fueron absueltos.
