También advirtió que es pura responsabilidad del juez que entiende en la causa
Ante el escándalo, el Ministerio Público revisará las absoluciones pagas
Ante la presión política, el Ministerio Público salió a dar explicaciones por el acuerdo que permitió el sobreseimiento de los involucrados del asalto en Parque América.
En medio de la polémica por las absoluciones pagas, el Procurador general, Tristán Lobo y el fiscal general Alejandro Gober, emitieron un comunicado en el que informaron que se revisará el acuerdo que avaló la Justicia y que permitió el sobreseimiento total y definitivo de los cuatro hombres que estuvieron imputados por el asalto en Parque América. No obstante, aclaró que las actuaciones de la Fiscalía en el caso y en otros hechos similares, no son vinculantes, por lo que la responsabilidad final es exclusiva del juez. De esta forma, el Ministerio Público salió al respaldo del fiscal Hugo Costilla, desvinculándolo de la homologación del acuerdo emitido por el juez de Control de Garantias, Héctor Maidana.
Las aclaraciones del Ministerio Público Fiscal, salen luego de que Costilla y Maidana quedaran en el centro de las críticas por el sobreseimiento total y definitivo de Guillermo Hernán Nieva (34), Diego Marcelo Arroyo (44), Camilo Alberto Carrizo (34) y Fernando Ariel Pacheco (40), quienes estaban acusados de asaltar a uno de los procesados de la causa RT Inversiones SRL, Matías Exequiel Rolón.
Fue el diputado nacional, Francisco Monti, el que pidió que tanto el Procurador, Tristán Lobo como el fiscal general, Alejandro Gober aclaren esta situación polémica.
Mediante un comunicado donde se informó acerca de “los criterios que orientan la actuación funcional del organismo en relación con los denominados Acuerdos de Reparación previstos en el artículo 59 inciso 6 del Código Penal”, el organismo a cargo de Tristán Lobo, indicó que esta modalidad “se encuentra autorizada por ley en el marco de un proceso penal el cual, una vez homologado por el tribunal, produce la extinción de la acción en contra del imputado buscando poner fin al conflicto a través de una indemnización acordada y aceptada por la víctima”.
No obstante ello, aclaró que “conforme a las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino, leyes nacionales y provinciales de víctimas que guían al Ministerio Público, las fiscalías se oponen a la homologación de acuerdos de reparación cuando se trata de hechos cometidos contra niños, niñas y adolescentes; hechos de violencia de género o sexual contra mujeres y personas LGBTIQ+; hechos cometidos contra adultos mayores o personas en situación de vulnerabilidad, hechos motivados por discriminación racial, religiosa, política, física o de salud mental de las víctimas, reincidentes; hechos cometidos por funcionarios públicos o en perjuicio de la administración pública”.
“Tratándose específicamente de delitos contra la propiedad sin violencia grave a la víctima (hurto, robo, estafas, daños), cuando las partes presentan un acuerdo de reparación la Fiscalía del caso realiza una evaluación jurídica y criminal sobre la procedencia del mismo, además de proveer a la víctima de la información y asesoramiento acerca de las consecuencias legales del convenio de reparación aunque ella cuente con asistencia legal propia", explicó. "La Fiscalía también debe cerciorarse de que el consentimiento de la víctima ha sido prestado libre de toda coacción o presión”, advirtió.
En este contexto, señaló que el dictamen previo que debe emitir el fiscal, “ya sea a favor o en contra del convenio, no resultará vinculante para el Tribunal”.
En el caso particular del ataque en Parque América, el Ministerio Pública advirtió que "se realizará el correspondiente control funcional de las actuaciones a través de la Fiscalía General".
Finalmente, desde el Ministerio Público Fiscal señalaron que se encuentran "a disposición de los poderes públicos para colaborar y aportar a los debates que permitan materializar las reformas necesarias para fortalecer el servicio de justicia a la comunidad".
