Marcó que la medida es facultad del Gobierno, ante la baja en los recursos enviados desde Nación.
Gustavo Aguirre. Diputado provincial.
El presidente del bloque del Frente de Todos de la Cámara de Diputados, Gustavo Aguirre, salió al cruce de las críticas de parte de un sector de la oposición por la prórroga de la Ley de Emergencia Económica en la provincia por el lapso de cinco meses.
Para el diputado Aguirre, “la decisión del Gobierno de la Provincia de prorrogar por cinco meses y por única vez la ley de emergencia, se enmarca dentro de las facultades que la misma ley le otorga, por lo cual es absolutamente legal”, destacó.
Acotó que todavía sigue vigente la ley Nacional 27.742 de julio de 2024, que declara la emergencia del Estado Nacional en materia administrativa económica, financiera y energética por el plazo de un año, “lo que implica que va a continuar la merma de los ingresos provinciales por falta de envío de fondos nacionales no automáticos” y que la situación “continúa siendo de incertidumbre”.
La caída de los ingresos nacionales que llegaban a la provincia, significa que la provincia continúa asumiendo los costos del FONID, programas y obras nacionales que antes estaban a cargo de la Nación, a lo que se suma la necesidad de asegurar la prestación de los servicios públicos esenciales, analizó.
En esa línea, marcó que “es necesario continuar con medidas importantes como el programa de retiro voluntario para los empleados públicos de la provincia, atento que hay muchos empleados que están evaluando la posibilidad de acogerse a dicho régimen; como así también continuar con medidas tendientes a sostener el equilibrio fiscal, financiero, económico en la provincia, en un contexto económico que todavía es incierto”.
Aguirre puntualizó que esta Ley de emergencia no afecta los derechos de los empleados, sino todo lo contrario, busca resguardar las arcas provinciales para que se puedan cumplir con todos los compromisos que tiene el Estado.
Destacó que la Ley de Emergencia permite que la provincia pueda continuar las obras públicas que la Nación había dejado paradas, garantizando la culminación de obras necesarias para la comunidad y asegurando la continuidad de la actividad económica y la laboral que genera el rubro de la construcción.
Por otra parte, Aguirre mencionó que “se espera más caída de los ingresos nacionales respecto al 2024”, por el vencimiento de la moratoria nacional establecido en la ley 27.74 y por el régimen especial de ingresos del impuesto sobre bienes personales (REIBP), que prevé el pago por adelantado de dicho impuesto.
