La diputada Adriana Díaz lanzó una crítica contra el bloque de La Libertad Avanza (LLA) en Catamarca, al cuestionar en sus redes sociales, un proyecto de ley que según sostuvo no solo choca de frente con la Constitución Nacional, sino que además propone medidas que ya están contempladas en normativas vigentes a nivel nacional y provincial.
El proyecto en cuestión presentado por el bloque de La Libertad Avanza (LLA) plantea un “Régimen de Trabajo Obligatorio para Internos en Establecimientos Penitenciarios”, con el objetivo de lograr la autosustentabilidad del sistema carcelario y promover la formación laboral de los internos. Sin embargo, para Díaz, la iniciativa tiene errores técnico - legales.
“Lo que proponen ya está legislado. Y lo único que realmente los diferencia del marco legal vigente es lo que vulnera la Constitución”, sentenció. La diputada recordó que la Ley Nacional 24.660, junto con la adhesión provincial a través de la Ley 5776 —aprobada en 2022 pero aún sin reglamentar—, ya establece un esquema claro y constitucional sobre el trabajo carcelario, salarios, y distribución de ingresos de los internos.
Díaz fue aún más precisa: “El proyecto ignora que ya existe una normativa que contempla no solo el trabajo voluntario y los incentivos por buena conducta, sino también una distribución equitativa del salario de los internos, con partidas para ahorro, reparación a las víctimas y manutención de sus hijos. Pero el proyecto libertario elimina este último punto. ¿Casualidad?”.
Además, alertó que el trabajo forzoso, tal como lo plantea LLA, entra en conflicto con artículos clave de la Constitución Nacional (14 bis y 75 inciso 22), con la propia ley nacional en su artículo 107 y con tratados internacionales. “La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha cuestionado este tipo de prácticas. No pueden alegar desconocimiento”, disparó.
La legisladora también desarmó otro de los ejes del proyecto: la idea de un sistema penitenciario “autosustentable”. Señaló que muchas de las tareas mencionadas —como mantenimiento, panificación, huertas y oficios— ya se realizan en las cárceles catamarqueñas. “Pero sin presupuesto estatal real, todo lo que proponen queda en el papel”, dijo.
Para Díaz, si el objetivo era mejorar la gestión penitenciaria, lo razonable habría sido presentar un proyecto que inste a reglamentar la ley provincial ya vigente. En cambio, acusó al bloque de Milei de intentar modificar la Constitución nacional desde una legislatura provincial. “Eso no solo es inviable: demuestra que no entienden cómo se legisla”, concluyó.
