El exintendente de Bañado de Ovanta quedará en libertad hasta que el fallo quede firme.
La Cámara de Sentencia en lo Criminal de Primera Nominación, ubicada en Avenida Colón, condenó a Elpidio Guaraz, exintendente de Bañado de Ovanta, a años 9 de prisión. El exjefe comunal fue hallado culpable por los delitos de “privación ilegítima de la libertad agravada” y “abuso sexual con acceso carnal”.
En tanto que fue absuelto por el beneficio de la duda por tres hechos de “fraude en perjuicio de la administración pública en concurso ideal con uso de instrumento privado adulterado”.
El exintendente de Bañado de Ovanta quedará en libertad hasta que el fallo quede firme.
En los alegatos, la querella, representada por el abogado Luis Muñoz y Pérez, había solicitado una pena de 19 años de cárcel y la inmediata detención. En tanto, el Ministerio Público Fiscal, a cargo de Alejandro Dalla Lasta Baroni, pidió una condena de 17 años de prisión efectiva.
Por su parte, la defensa representada por Luciano Rojas había solicitado para su representado la absolución.
El Tribunal estuvo integrado por los jueces Fernando Esteban, Silvio Martoccia y Miguel Lozano Gilyam.
El hecho de violencia denunciado ocurrió en noviembre de 2019. De acuerdo con información a la que pudo acceder El Ancasti, el entonces intendente de Santa Rosa se presentó con su camioneta en horas de la madrugada en la casa de la chica. Le insistió para que ingresara al vehículo “para conversar”. Una vez dentro del rodado, Guaraz arrancó la marcha y se llevó a la joven, contra su voluntad, a su casa. Al llegar, la hizo bajar del vehículo por la fuerza y la ingresó a su domicilio. Una vez ambos dentro cerró la puerta con llave y comenzó a insultarla. Luego la agredió sexualmente. La joven permaneció encerrada en esa casa durante algunas horas.
Por otra parte, Guaraz fue juzgado por hechos de hechos de administración fraudulenta, luego de la investigación realizada por la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Administración Pública.
Uno de estos hechos correspondió a una compra por una suma aproximada de $11.000, en diciembre de 2010, con documentación adulterada para justificar este gasto.
El otro hecho, con fecha de agosto de 2010, es por 19.000 pesos mientras que el tercero data del año 2010, por la suma de 31.000 pesos.
