Piden que se informe al Juzgado Federal sobre el estado actual de la causa y las actuaciones llevadas a cabo.
Por durísimas críticas realizadas por el juez de Control de Garantías Marcelo Sago, a mediados de mes la Justicia apartó al fiscal Hugo Costilla de la causa que investiga a Edgar Bacchiani y a su banda por supuestas maniobras tendientes a procurarle insolvencia fraudulenta a través de una operación comercial realizada con el local bailable Wika y el empresario local Cristian Guillou.
Costilla fue reemplazado por el flamante fiscal de Instrucción Nº 8, Juan Manuel Sánchez Ruiz.
Ante la gravedad de las aseveraciones efectuadas por el juez Sago, en cuanto a la calidad de la gestión efectuada por Costilla y el estado de la investigación de la causa -que se inició a principio de 2022-, una querella que representa a damnificados de Bacchiani en el Fuero Federal pidió informes sobre el expediente entendiendo que se trata de bienes que podrían ser utilizados para resarcimiento de los acreedores.
Según argumentaron, la investigación que continuará Sánchez Ruiz desde la Justicia provincial podría aportar información sensible sobre actividades para lograr insolvencia y eventuales quiebras fraudulentas.
En enero de 2022, una de las ex esposas, abogada y apoderada de Bacchiani, Sofía Piña, denunció a Guillou por la usurpación del complejo Wika, luego de que este último tomara posesión del predio en reclamo por deudas que el financista mantiene respecto de la compra del inmueble.
El incumplimiento ocurrió cuando Bacchiani y su empresa incurrieron en cesación de pagos. Guillou retomó por la fuerza el uso de Wika y el inmueble quedó vinculado con las criptoestafas. El empresario denunció a Bacchiani por insolvencia fraudulenta y la causa quedó en manos del fiscal Costilla, quien dos años más tarde pidió desestimar y archivar las actuaciones.
La pretensión fue rechazada por el juez Sago, que en su resolución escrita evidenció la existencia de curiosas maniobras por parte del fiscal.
Para la querella, a cargo del abogado Bruno Jerez, la expulsión de Costilla de la "conexión Wika" expuso que la "imputada Sofía Piña participó en la génesis del conflicto actuando como denunciante contra el Sr. Guillou siendo asesora jurídica de Edgar Bacchiani. "Lo que se investiga son cuestiones íntimamente relacionadas con situaciones de esta instrucción federal, como es la insolvencia fraudulenta de Bacchiani, que también está llevando delante, y de oficio, el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz por la posible quiebra fraudulenta".
Para el abogado, quedó a la vista "una secuencia inequívoca, continua y progresiva de que la encartada Sofía Piña, aparte de ser pareja sentimental de Bacchiani, siempre estuvo como asesora jurídica cómplice en las cuestiones delictivas relacionadas con éste en lo que hace a temas de insolvencia financiera, cuestión que sigue siendo materia de investigación atento a las faltas de mérito dictadas, y por sobre todo ante la hipótesis de la quiebra fraudulenta que se investigan y faltan medidas" por realizar.
En este contexto, la querella solicitó al juez federal Miguel Ángel Contreras que pida a Fiscalía General de la Provincia, y por extensión a la Fiscalía de Instrucción N°8, un informe sobre el estado actual de la causa Wika.
"Está clara la falsedad de las afirmaciones de Sofía Piña cuando busca aludir que 'su rol jurídico y de asesoramiento' se limitó a unos pocos meses, a comienzos del 2022, para solo contestar cartas documentos y tareas menores cuando la realidad demarca que siempre estuvo detrás -junto al abogado Lucas Retamozo y otras personas-, de todo el operativo montado para cometer los delitos que en esta causa se investigan tanto en lo que hace a su pergeñamiento, consumación y monitoreo", agregó Jerez, para finalizar recordando que en octubre de 2022, Retamozo -en calidad de defensor de Bacchiani-, pidió autorización al juez Contreras para que se permita ingresar al servicio Penitenciario Provincial a una escribana, con el objetivo de que Bacchiani firme un poder general a favor de Piña.
"Verdaderamente el fiscal (Costilla) pareciera haberse ocupado más de desacreditar a la víctima como persona que de analizar los hechos susceptibles de persecución penal de oficio que llegaron a su conocimiento por medio de aquellas denuncias".
"El hecho denunciado es claro, Bacchiani y Garcés Rusa se habrían insolventado fraudulentamente aún estando Bacchiani inhibido para disponer de sus bienes registrables, utilizando para ello a testaferros o prestanombres y de los servicios de la escribanía del Registro Notarial Provincial Nº4, más concretamente de la escribana adscripta a dicho registro, Joaquina Córdoba Gandini, quien supuestamente habría facilitado la realización de aquellos actos irregulares violando la ley notarial provincial a través de distintas operaciones con registración irregular o incompleta (sin número de folio, sin fecha, sin firma y sello de la escribana, con espacios en blanco para posibilitar agregados, etc)".
