Omisión, demora o incompetencia, las fallas del Estado para prevenir femicidios
Seis de los 13 femicidios acontecidos en Catamarca están marcados por la ausencia de respuesta por parte de un Estado que falló en la prevención por no dar respuesta a tiempo.
María Rita. En sus últimos 14 meses realizó varias denuncias.
Cecilia Olima. Asesinada en 2017.
Por Basi Velázquez
De los 13 femicidio que registra Catamarca desde la incorporación de este agravante en el Código Penal Argentino, en seis casos el Estado había sido notificado, a través de alguna denuncia u oficio, pero no hubo una intervención adecuada, es decir, en tiempo y forma. La desidia y la indiferencia también son formas de ejercer violencia. El femicidio es el último estadío de una espiral de violencia. En algunos casos, las víctimas pidieron ayuda pero no hubo respuesta. La falta de medidas o intervenciones son evidencia de que los femicidios pueden prevenirse.
El femicidio de María Rita Valdez, ocurrido en marzo de 2013, sentó un precedente en el país. Francisco Andrés “El Negro la Carpa” Quiroga fue el primer femicida condenado y actualmente cumple condena en el Servicio Penitenciario Provincial.
Tanto la vida com la muerte de María Rita estuvieron marcadas por la violencia. En los fundamentos de la condena, los magistrados de la Cámara de Sentencia en lo Criminal de Primera Nominación remarcaron cómo fueron los últimos 14 meses de esta joven. María Rita fue víctima de distintos tipos de violencia. Había realizado denuncias penales en contra de Quiroga por los delitos de lesiones, amenazas, sustracción de menores a la autoridad de los padres y violencia familiar, incluyendo en este derrotero judicial una imputación por desobediencia judicial. Se habían librado cuatro notas de resguardo a la comisaría de la jurisdicción donde vivía (en la zona sur de la Capital) con la intención de proteger su integridad física y psicológica. Aun así, las medidas fueron insuficientes. Finalmente se convirtió en víctima fatal.
“Otro elemento probatorio incriminatorio de relevancia lo constituyen los expedientes que se encuentran acompañados y que son muestra clara de los malos tratos físicos y psicológicos que sufría la víctima María Rita Valdez de parte del imputado Quiroga. Con antelación al hecho luctuoso que nos convoca, la víctima María Rita Valdez formuló denuncias penales en contra del encartado. Denuncias que generaron diferentes actuaciones de los organismos judiciales. Este largo y trágico camino de conflictos entre la víctima y el imputado tuvo su génesis judicial el día 29 de diciembre de 2011, a menos de un año y medio del macabro hallazgo del cuerpo de Rita Valdez”, se indicó.
Casi en simultáneo con el expediente penal y demostrando la conflictiva relación entre María Rita y “El Negro la Carpa”, por ante el Juzgado de Familia de feria se formó un expediente judicial. “No es un dato menor el hecho irrefutable de que en un lapso de tan solo 14 meses se libraron cuatro notas de resguardo a la comisaría de la jurisdicción con la intención de proteger la integridad física y psicológica de quien en vida se llamara María Rita Valdez”, se detalló.
Cecilia
El 14 de mayo de 2017, Miguel Ángel Rodríguez mató de 24 puñaladas a su ex pareja y madre de sus cinco hijos Cecilia Olima. Un año después, la Cámara de Sentencia en lo Criminal de Segunda Nominación lo declaró culpable por el delito de “homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haber mediado violencia de género”.
Hubo denuncias y restricciones pero las medidas no alcanzaron
Entre otros antecedentes, en los fundamentos los magistrados señalaron las actuaciones tramitadas ante el Juzgado de Menores, que mostraron al acusado como una persona violenta. Por ello, se le había dictado una medida judicial de prohibición de acercarse a la víctima y su domicilio. También remarcaron que a Rodríguez se le había dictado una medida judicial restrictiva, prohibiéndosele acercarse al domicilio de su expareja y tener contacto con ella. En audiencia, una oficial de Policía recordó que Cecilia fue dos o tres veces a hacer una exposición policial porque quería que Rodríguez se retirara de la casa por agresiones que le propinaba. “Tales circunstancias puestas en conocimiento del Tribunal relativas a actos de violencia del encausado en relación con la víctima, como asimismo, las restricciones que se le impusieran y la falta de acatamiento de su parte, en especial, dejan trasuntar como un indicio grave, preciso y concordante con las constancias del expediente, una preordenación volitiva que el acusado fue desarrollando en su mente para acabar con la vida de su expareja”, precisaron.
Eugenia
Eugenia era de Tucumán. Desde hacía 10 años estaba en pareja con Eliseo Guerrero en Andalgalá. Trabajaba y estudiaba y era madre de tres niños. Ellos eran su única familia. En febrero de 2021 la pareja se separó. Eugenia había denunciado a Guerrero por amenazas. La Fiscalía de Andalgalá puso en conocimiento del caso a la Secretaría de la Mujer del municipio y pidió el seguimiento y las medidas asistenciales. Además, se solicitó a la policía que realizara recorridos en las inmediaciones de la vivienda de Eugenia. Luego, la mujer efectuó dos exposiciones policiales. En ese contexto se conoció que el personal del área de la Mujer le había informado a Defensoría por las medidas asistenciales. Se inició un expediente por protección de personas y alimentos. Ese expediente nunca había avanzado.
El 6 de septiembre, una amiga posteó en su muro de Facebook: "Ella es una amiga de la infancia de Tucumán. María Eugenia Olivera vive en Catamarca, Andalgalá. Supuestamente dicen que viajó a Tucumán para visitar amigas, otros, que vino a buscar empleo pero su última conexión de whatsapp fue el 16 de julio. Nunca más escribió…". Al día siguiente, sus restos fueron hallados en una zona conocida como Agua Colorada, a unos 30 kilómetros de la ciudad de Andalgalá, al margen de la ruta provincial 46. El sitio puntual está ubicado a unos 300 metros adentro desde la ruta, ingresando por un portón tipo tranquera.
Su expareja nunca había realizado la denuncia por la desaparición de Eugenia, madre de sus tres hijos. Al contrario, según los testimonios, brindó distintas informaciones en cuanto a dónde estaba ella ante la pregunta de quienes la conocían y comenzaron a notar su ausencia. Lo grave del hecho es que nadie ni amigas de Eugenia ni el área de Dirección de Mujer, Niñez y Familia advirtieron que algo no estaba bien, más si Eugenia estaba siendo monitoreada por el área desde febrero cuando ella lo denunció. A la vez, Guerrero tenía entre sus pertenencias en la vivienda allanada la documentación de Eugenia y sus tarjetas de cobro. A todos les habría manifestado que ella había viajado. Lo macabro: él siguió su vida normal.
Tras el hallazgo del cuerpo, la fiscal de la Segunda Circunscripción Judicial Soledad Rodríguez ordenó al arresto en averiguación del hecho de su expareja.
En agosto de 2023, en juicio abreviado, Guerrero confesó el crimen y admitió su responsabilidad. Fue declarado culpable por el delito de “homicidio doblemente calificado por haberse cometido en contra de una persona con la cual mantiene una relación de pareja en contexto de violencia de género”. En los fundamentos de la condena, se valoraron las declaraciones que Eugenia había realizado en vida meses antes del crimen. Precisó que en su denuncia penal describió la conducta del acusado y las distintas formas de violencia de las que era víctima. “Me celaba con cualquier persona. Me amenazaba siempre con quitarme a mis hijos. En una situación, me llegó a intentar ahorcar envolviéndome una manguera en el cuello, intentando asfixiarme, diciéndome te voy a cagar matando. Luego, cuando yo entraba en una crisis de nervios, él llamaba a la policía, la cual iba a mi casa pero le creían a él. Una vez que ellos se marchaban, él me amenazaba”, había declarado oportunamente Eugenia.
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Eugenia. Asesinada en 2021.
Cinthia
En febrero de 2022, el policía Diego Ortega disparó contra su ex pareja Cinthia Aranda y la hija de ella. La joven resultó herida pero Cinthia falleció tras una semana de agonía. Ortega fue declarado culpable, al año siguiente, por el delito de “homicidio agravado por mediar violencia de género” y fue condenado a la pena máxima.
Cinthia había solicitado medidas pero no tuvo una respuesta concreta. El Juzgado Civil y de Familia de la Segunda Circunscripción de Andalgalá había solicitado informes que eran indispensables para determinar “las características de la problemática existente” entre Cinthia y Ortega. Medidas que, de haber sido realizadas a tiempo, podrían haber quizás salvado su vida. En esa intervención se podría haber detectado el peligro en el que se encontraba. La orden judicial debió cumplirse en enero, en el marco de un expediente de alimentos que Cinthia había iniciado, pero el oficio se libró con fecha del 9 de febrero y llegó a los profesionales que debían hacerlo recién el 21. Cinthia y su hija fueron atacadas el 4 de febrero por su expareja. Una semana después, falleció.
Anyelén
En octubre de 2022, Leonardo Olás ultimó a su ex pareja Anyelén Gallo Arias, la madre de sus tres hijas. Meses antes, Olás y Anyelén se habían separado. La joven había manifestado que el acusado se había retirado del hogar “por una crisis existencial, por lo que procedió a abandonar” a su expareja y a sus hijas. También había contado que en los últimos tiempos la relación era muy conflictiva; se llevaban muy mal. Según Anyelén, Olás ejercía violencia verbal y psicológica sobre ella.
Un mes antes del crimen, Anyelén había denunciado a Olás, su expareja, por “violación de domicilio”. El 25 de octubre de 2022, Olás ingresó por la fuerza a su domicilio y al día siguiente, el 26 de octubre, personal judicial, policial y médico llegó a la casa de la joven. Olás había asegurado que Anyelén la noche anterior había manifestado que quería dormir. A la mañana siguiente, amaneció sin signos vitales.
“Ha quedado fehacientemente acreditado que Anyelén ha sido víctima de un terrible hecho violento. Leonardo Olás ejercía una constante manipulación psicológica en contra de Anyelén”, se precisó en los fundamentos.
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Anyelén. Asesinada en 2022.
María Milagros
En julio del año pasado, María Milagros Vázquez (22) fue brutalmente asesinada por Juan Carlos Aguilar (53). La fiscal de la Sexta Circunscripción Judicial Jorgelina Sobh lo imputó por “homicidio doblemente calificado por haberse cometido contra una persona con la cual mantiene una relación de pareja y por femicidio en concurso ideal”. La causa se tramita para la realización de un juicio por jurados.
No es la primera acusación que pesa sobre Aguilar. Entre 2016 y 2018, Aguilar estuvo implicado en dos gravísimas causas judiciales. Una se inició por desfigurar a golpes a la madre de Milagros, de quien era pareja. La otra fue por abuso sexual en perjuicio de Milagros, mientras el acusado convivía con ambas. La investigación de estas dos causas estuvo a cargo de la fiscal Virginia Duarte Acosta.
En marzo de 2017 fue juzgado, condenado y trasladado al penal de Miraflores, donde permaneció alojado aproximadamente ocho meses. Paralelamente se llevó a cabo la instrucción de la causa por abuso sexual.
Fuentes judiciales vinculadas directamente con el caso aseguraron que el acusado de ultrajar a su hijastra fue absuelto por el beneficio de la duda, porque hubo “graves e insalvables errores procesales”.
