Elpidio Guaraz vuelve a ser juzgado, esta vez por abuso de autoridad
El exjefe comunal, actualmente detenido en el penal, enfrentará un juicio acusado de clausurar arbitrariamente un comercio como represalia a una comerciante.
El exintendente del departamento Santa Rosa, Ramón Elpidio Guaraz, afronta a partir de las 9 de este jueves una nueva instancia procesal en los tribunales locales. Privado de la libertad en el Servicio Penitenciario Provincial de Miraflores, donde cumple una condena firme de nueve años de prisión por delitos contra la integridad sexual, el exjefe comunal va a juicio esta vez acusado de abuso de autoridad en calidad de autor. El debate se llevará a cabo en el Juzgado Correccional N° 1, a cargo del juez Marcelo Forner. La acusación del Ministerio Público Fiscal estará representada en el debate por la fiscal Correccional de Primera Nominación, Cynthia Romero. En tanto que la defensa de Guaraz está a cargo del abogado Luciano Rojas.
La imputación contra el exjefe comunal se encuadra formalmente en la figura de abuso de autoridad en calidad de autor, contemplada en los artículos 248 y 45 del Código Penal. La acusación fiscal sostiene que el imputado utilizó atribuciones propias de su cargo ejecutivo para dictar resoluciones contrarias a las leyes provinciales y a la normativa municipal vigente.
Esta causa inició por lo sucedido en mayo de 2021 en Bañado de Ovanta. El expediente sostiene que Guaraz, en su función de intendente, rubricó el Decreto Municipal Nº 23/2021 para decretar el cierre preventivo del hospedaje y playa de estacionamiento "San Antonio", administrado por Shirli Claribel Cordero. Según la investigación judicial, el exjefe comunal impidió que la dueña abonara las tasas tributarias adeudadas mediante el bloqueo de las vías administrativas locales para forzar la irregularidad del comercio.
De acuerdo con las actuaciones de la instrucción, el mecanismo utilizado consistió en impedir intencionalmente que la propietaria del establecimiento pudiera cancelar sus obligaciones tributarias en las dependencias municipales. Tras bloquear los canales administrativos ordinarios para la regularización de las deudas, el Ejecutivo local emitió la norma que ordenó la clausura total y preventiva del local comercial.
La fiscalía determinó que el uso del poder comunal buscó castigar a la dueña del local tras sus reiteradas negativas a los acercamientos personales y propuestas de índole sexual del exmandatario. La Corte de Justicia de Catamarca intervino en octubre de 2021 y dejó sin efecto el decreto de clausura por unanimidad, permitiendo la reapertura del inmueble al evidenciar la ilegalidad de la medida ejecutiva.
Cambios en la instrucción
A lo largo de la instrucción surgieron cambios de calificación y competencia. La fiscal Antonella Kranevitter resolvió en su momento apartar a la querella integrada por Cordero y su abogada patrocinante, bajo el argumento de que el sujeto pasivo directo en los delitos contra la administración pública es el propio Estado. Posterior a esa medida, la causa se remitió a la Fiscalía de Delitos contra la Administración Pública, que encabeza Facundo Barros Jorrat, fijando el encuadre final en abuso de autoridad y descartando los planteos por acoso e intento de abuso.
Condena previa
El exjefe comunal llega a este banquillo en una condición de encierro previa. En septiembre de 2024, un tribunal colegiado lo condenó a nueve años de cárcel tras hallarlo culpable de abuso sexual con acceso carnal y privación ilegítima de la libertad agravada por un hecho ocurrido en 2019 contra una menor. La Sala Penal de la Corte provincial rechazó los planteos de la defensa en febrero de 2026, dejando firme el fallo y ordenando su inmediato traslado al penal de Miraflores.
