Desde que se conoció el dato respecto de que la Corte de Justicia de la provincia había otorgado a los trabajadores del Poder Judicial, en los últimos días de diciembre, un incremento superior al 12% (algunos cálculos lo sitúan más cerca del 14%), era previsible que el resto de los trabajadores públicos provinciales, que recibieron con el último sueldo un incremento del 2,4%, reclamaran un trato igualitario en materia de remuneraciones.
El Ancasti publicó en su edición de ayer que uno de los gremios estatales, UPCN, formalizará en la próxima reunión paritaria con el Ejecutivo un pedido para que el 14% de aumento a los judiciales se convierta en un parámetro para la actualización de los sueldos del resto.
Inequidad evidente
La inequidad entre judiciales y el resto de los empleados de la administración pública no se limita solamente a las actualizaciones salariales de fin de año. Según los números que maneja el Ministerio de Economía de la provincia, a lo largo de todo el 2024 los trabajadores del Poder Judicial obtuvieron un acumulado anual del 161,59%, muy superior al del resto de los empleados del Ejecutivo (128,75%) y de los docentes (131,82%).
En el Ejecutivo Provincial generó mucha preocupación la decisión de la Corte de convalidar un aumento muy por encima de las actualizaciones salariales que se están aplicando a los trabajadores estatales de la provincia, pero también de otras jurisdicciones y del ámbito privado. Por lo general las paritarias están cerrando en los últimos meses en porcentajes similares al índice inflacionario, o incluso por debajo. Un caso paradigmático es el del Sindicato de Camioneros a nivel nacional, un gremio poderoso y con una fuerte capacidad de presión: acordó un aumento del 5% para el primer trimestre del año, por debajo de las expectativas de evolución del índice general de precios.
Techo paritario
El gobierno de Milei anunció en agosto del año pasado que a partir de octubre establecería un techo a las paritarias del 2% mensual, en consonancia con la progresiva baja de la inflación, porcentaje que se redujo al 1% hacia fines de año. Estos porcentajes, que rigen para la administración pública nacional, son solo referenciales para el sector privado, pues los acuerdos paritarios involucran a las patronales de las empresas y los sindicatos del sector. El gobierno solo debe limitarse a homologarlos.
De todos modos, estos porcentajes sirven como parámetros en general y explican el malestar que despertó en el gobierno de la provincia un aumento como el convalidado por la Corte, fuera de todo criterio lógico en un contexto económico difícil.
Pasados unos días desde la publicación de El Ancasti acerca de la decisión de la Corte, el Ejecutivo pasó del análisis de la situación a la acción. El jueves pasado a primera hora, el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Nicolás Rosales Matienzo, y la ministra de Economía, Alejandra Nazareno, enviaron una nota al presidente del máximo tribunal de Justicia de la provincia, Hernán Martel, para expresar su "preocupación" sobre el tema.
"El asunto que nos convoca representa una gran preocupación en la agenda anual presupuestaria, toda vez que las proyecciones presupuestarias aprobadas por la Ley N° 5898 - PRESUPUESTO 2025, podrían encontrarse intrínsecamente afectadas por lo acordado entre las partes anteriormente mencionadas, provocando no solo un descontento social general, sino que también generará una desigualdad remuneratoria entre éstos y los demás funcionarios y empleados públicos dependientes del Estado provincial", comienza el escrito.
Y aclara: "Manifestamos nuestro pleno acuerdo con la necesidad de que los trabajadores obtengan aumentos salariales, siempre buscando mejorar su bienestar y reconocer su esfuerzo. Sin embargo, consideramos fundamental que dichos aumentos se realicen en un marco de sostenibilidad económica, teniendo en cuenta la situación macroeconómica actual". "La adecuación de estos incrementos a las condiciones fiscales y económicas garantizará que los mismos sean viables a largo plazo, contribuyendo así al fortalecimiento de la estabilidad financiera de nuestra provincia", añade.
La misiva de los ministros termina con una solicitud de audiencia con los miembros de la Corte para el 16 de enero, aunque es probable que el encuentro se concrete recién en febrero, cuando todos los miembros del tribunal regresen de sus vacaciones.
Menos ingresos
La importancia que en el gobierno provincial le otorgan al tema se corrobora con la intención del gobernador Raúl Jalil de participar de ese cónclave. En la reunión los miembros del Ejecutivo insistirán con explicaciones vinculadas a la difícil situación económica de las provincias, cuyos ingresos cayeron durante 2024 respecto del año anterior, tanto en lo que respecta a los fondos federales automáticos o no automáticos que envía Nación como en lo relacionado con la recaudación de los impuestos provinciales. El equilibrio alcanzado en las cuentas públicas es aún precario, y si bien hay expectativas de una mejora en la situación económica este año, los progresos serían más bien modestos.
De modo que no hay lugar para decisiones irresponsables en materia salarial. En el Ejecutivo consideran que el aumento a judiciales no podrá ser cubierto por el presupuesto asignado al Poder Judicial, lo que obligaría a aportes extraordinarios. En este contexto los pedidos de equiparación de UPCN, y probablemente también de ATE, que es el otro gremio que nuclea a trabajadores estatales, o los sindicatos docentes, no tienen mucha chance de prosperar. La voluntad en el gobierno provincial es mantener la pauta de actualización salarial según el índice inflacionario mensual.
Después de conocerse el contenido de la nota enviada por los ministros Rosales Matienzo y Nazareno, dirigentes del radicalismo se pronunciaron a favor de la postura de la Corte de Justicia. El diputado radical Mamerto Acuña, por caso, le pidió al Ejecutivo que no interfiera en su política salarial porque se trata de poderes independientes. Es cierto que los poderes del Estado son tres, pero el Estado es uno, y la política salarial y de gastos en general que se aplique debe tener la consistencia de la unidad de criterios, sobre todo en momentos de equilibrios fiscales tan precarios como los actuales.
