Datos del último censo de población permiten corroborar que la tasa de fecundidad adolescente descendió más del 50%, pasando del 13,1% de los nacimientos anuales en 2010, a 6,4% en 2022. Se trata de una buena noticia, porque el embarazo adolescente es no buscado en la inmensa mayoría de los casos y en muchos incluso el resultado de un abuso sexual. Además, produce en la joven mamá, según los expertos, una pérdida de su autonomía, la interrupción de sus relaciones sociales, el aplazamiento o estancamiento en su desarrollo personal, el abandono escolar y, en general, un desequilibrio entre la madurez fisiológica-biológica y la psicológica para el manejo de la responsabilidad de ser madre.
En el marcado descenso de los últimos años tuvo una gravitación muy importante la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y la implementación del Plan ENIA (Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia), que se inició durante la gestión de Cambiemos y se continuó con la de Alberto Fernández. El mencionado plan tiene como propósito la prevención del embarazo no intencional en la adolescencia a través del acceso gratuito a métodos anticonceptivos, educación sexual integral, asesorías en las escuelas, consejería en salud sexual y reproductiva y actividades de promoción comunitaria.
La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) analiza que incidieron el descenso de la fecundidad adolescente la implementación del “implante subdérmico” (anticonceptivo de larga duración que se aplica debajo de la piel) que las protege durante cuatro años, y el uso del misoprostol, que permite realizar abortos seguros, dentro de un protocolo de atención médica y psicológica.
Sin embargo, el exitoso proceso de los últimos años se ve ahora amenazado por un desfinanciamiento del ENIA por parte del actual gobierno nacional –el presupuesto fue recortado en un 70%- seguido de una desarticulación de sus estructuras, con la desvinculación de 619 agentes en todo el país. También hay temor de que se interrumpa la distribución de preservativos o de otros métodos anticonceptivos. De hecho, en lo que va del año se han limitado las compras y se registran faltantes en hospitales y otros centros de salud más pequeños o comunitarios.
Si las actuales autoridades nacionales suponen que desfinanciar las políticas de prevención del embarazo adolescente implican un ahorro de dinero para su objetivo de pagar la deuda con los acreedores internacionales, están equivocadas. Según un estudio del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el Estado invierte unos doscientos millones de dólares para afrontar los costos asociados con la atención de embarazos y partos en adolescentes, mientras el Plan ENIA exigía menos de 18 millones.
Es de esperar que el proceso de vaciamiento se revierta y se recupere una política de Estado que ha mostrado ser eficaz en el transcurso de pocos años.
