Mar de fondo. Iván Rodolfo López fue designado al frente del PAMI local en marzo del año pasado.
Los cambios instrumentados por la gestión libertaria en la administración del PAMI alimentan un fuerte malestar en el sector de la salud, por demoras en los pagos cada vez más pronunciadas y sospechas de direccionamiento de la asignación de servicios.
Catamarca no está exenta de este problema que se extiende en todo el país e impacta directamente sobre la ecuación económica de la corporación médica en general.
Con más de 5 millones de afiliados, el PAMI es la principal fuente de financiamiento del sistema de salud nacional, de modo que cualquier reforma tiene fuertes consecuencias.
Los atrasos en los desembolsos en Catamarca es el principal motivo de quejas de los prestadores provinciales, que tienen que vérselas con un director para ellos desconocido como Iván Rodolfo López, joven médico de Buenos Aires designado para sorpresa de todos en marzo del año pasado para suplantar a Horacio Almada, que había sido candidato a diputado nacional libertario e iba a ocupar el puesto, pero falleció.
A pesar de que lleva ya un año al frente del organismo, López continúa siendo mayormente un misterio. Es un detalle no menor en una provincia como Catamarca.
Aparte de por las demoras en los pagos, algunos actores se consideran perjudicados por supuestas arbitrariedades que se estarían cometiendo.
Consignan, por ejemplo, que experimentaron fuertes bajas en las cápitas que les venía pagando PAMI y presumen que fueron asignadas a otros.
La cápita es un pago fijo anticipado que le otorga el derecho al afiliado del PAMI a una serie de prestaciones en clínicas y sanatorios por un período determinado de tiempo.
Una cuota, en resumidas cuentas, cuyo volumen y regularidad resultan centrales para la administración de las empresas médicas, de modo que en la coyuntura de ajuste conjugan los dos ingredientes por los que la obra social de los jubilados es blanco de críticas: la mora y la disminución de los montos, en este último caso bajo el supuesto de que no se trata de una baja general, sino de una redistribución signada por favoritismos.
Serían saludables algunas aclaraciones de las autoridades del PAMI local al respecto, en pos de prevenir las consecuencias de que se continúe juntando herrumbre.
A diferencia de los funcionarios designados por el Gobierno nacional en otras delegaciones provinciales, como la ANSES, el director del PAMI mantiene un bajísimo perfil, acorde tal vez a la prédica de que se requieren más técnicos que políticos para llevar adelante la estructura del Estado.
Sin embargo, no son pocas las oportunidades en las que resulta indispensable proporcionar información a la sociedad, sobre todo cuando se trata de medidas de instituciones con la gravitación del PAMI.
El organismo ha estado en el ojo de la tormenta por varios asuntos polémicos, como el de la modificación en el sistema de cobertura de los medicamentos.
Las eventuales angustias de los prestadores, aparte, son secundarias en comparación con las de los afiliados a la obra social.
El de los jubilados es el sector más afectado por el brutal ajuste de la motosierra y merece al menos la consideración de que se le despejen incertidumbres administrativas para la atención de su salud.
