Los gremios estatales presionan por un bono navideño como todos los años, pero en esta oportunidad el Gobierno no parece dispuesto a ceder.
miércoles 11 de diciembre de 2024
Los gremios estatales presionan por un bono navideño como todos los años, pero en esta oportunidad el Gobierno no parece dispuesto a ceder.
El argumento oficial es que las bonificaciones que se pagaron durante el año ya fueron incorporadas al sueldo y que se implementó la cláusula gatillo para actualizar los salarios estatales mensualmente de acuerdo con la inflación, tal como los sindicatos pidieron.
También señalan los interlocutores de los sindicalistas que el One Shot Plus, que en su última edición batió otro récord con ventas por encima de los 11 mil millones de pesos, representa de hecho un bono mensual de $80.000, que es el 50% que se reintegra en la cuenta de los clientes del Banco Nación por el monto total habilitado. Todos los agentes públicos cobran sus emolumentos por el Nación, lo que les da además el beneficio de los descuentos del programa Días de Ensueño. La próxima edición del One Shot se habilitará desde el 30 de diciembre.
Otro motivo se consigna extraoficialmente, para tratar de no herir susceptibilidades: el bono de fin de año para los estatales significa un privilegio sobre los trabajadores del sector privado, la mayoría de los cuales no tienen tampoco el beneficio de la actualización mensual por inflación.
Para compensar, los aguinaldos de la administración pública se abonarán antes de la Navidad y el Tesoro Provincial auxiliará para pagarlo a los municipios que firmaron el consenso fiscal. A los que no, los financiará con un préstamo para que puedan afrontar el gasto.
Trabajo y el Ministerio de Economía advierten a los sindicalistas que el horno no está para bollos, más allá de que la situación haya podido transitarse con relativa tranquilidad y respondiendo a sus demandas este año signado por el brutal ajuste nacional.
En este sentido, son menos optimistas que Milei respecto de la evolución del programa económico, al menos en lo que se refiere a la velocidad de la recuperación, y advierten la importancia que tuvieron para evitar el colapso medidas como el blanqueo, que el año que viene ya no estarán para inyectar fondos a las cuentas públicas. Conviene mantener una actitud prudente, porque la recaudación podría no remontar lo necesario para continuar sin meter tijera en el gasto provincial.
Milei hizo en este sentido un anuncio indicativo en su mensaje de anoche. Dijo que se propone reducir el 90% de los impuestos nacionales con el objeto de abrir una “competencia fiscal” entre las provincias para capturar inversiones.
¿Cuáles serían esos impuestos? Podría intentar reducir Ganancias, que es coparticipable y se allanó a reponer por presión de los gobernadores en las tratativas por la Ley Bases.
Si se tiene en cuenta que el Gobierno nacional se manejaría el año que viene con un Presupuesto reconducido y un margen de discrecionalidad que le permitirá disponer sin restricciones de un cuarto de los recursos fiscales, las prevenciones parecen razonables.
Más aún cuando Milei subordina todo al pago de los servicios de la deuda. Es un año electoral y promete transitarlo con más ajuste, las provincias podrían ser el pato de la boda.
Los paraguas contra las eventuales turbulencias están en el Presupuesto provincial al que la Cámara de Diputados le daría media sanción hoy.
Se diseñó en el contexto de incertidumbre de un Presupuesto nacional desactualizado. Es el de 2023 reconducido por segunda vez, cuyas líneas matrices fueron fijadas en 2022. El proverbial poder de la Casa Rosada para incidir sobre las finanzas provinciales se multiplica en esa magnitud.
Antes ese panorama, al margen de cualquier argumento, es muy improbable que el Gobierno ceda a la presión sindical para el bono findeañero.