La reactivación de las pesquisas por el asesinato del ministro de Desarrollo Social Juan Carlos Rojas es el tercer movimiento que el fiscal Hugo Costilla ensaya en el marco de una estrategia cuyo objetivo es cada vez más claro: desacreditar los procesos que se sustancian en su contra en el tribunal del Jury como engranajes de una conspiración urdida por sujetos inquietos por los eventuales resultados de sus investigaciones. Cierra provisoriamente una secuencia de hechos espectaculares iniciada con la detención de la banda de los usurpadores acaudillada por Mario Rodrigo Del Campo en el marco de una mega-causa por estafas perpetradas a través de fraudes procesales.
El paso siguiente fueron unas declaraciones explosivas en las que Costilla insinuó la conjura para desbancarlo. No identificó a los instigadores, pero dijo que sospecha quiénes son. En el mismo reportaje advirtió que, si tiene que enfrentar el juicio político por su desempeño en la causa Rojas, se verá obligado a ventilar el expediente y se revelarán a la opinión pública detalles que, a su criterio, podrían hacer naufragar la investigación.
En el tercer acto, la citación a la exministra de Seguridad Fabiola Segura para que testifique otra vez en la Causa Rojas preludia la reiteración de los testimonios de todos los que estuvieron en la escena del crimen y participaron de la investigación preliminar del homicidio, con vistas a realizar la reconstrucción del hecho. El parte oficial no especifica si “el hecho” es el asesinato o el accidentado inicio de una investigación que llevó ante el Jury al fiscal Laureano Palacios, que fue absuelto.
Costilla denunció supuestas presiones y complots ante un medio periodístico en lugar de recurrir al sistema judicial que integra desde hace años. ¿No confía en su propia corporación? Costilla denunció supuestas presiones y complots ante un medio periodístico en lugar de recurrir al sistema judicial que integra desde hace años. ¿No confía en su propia corporación?
Se anunció además el peritaje de material audiovisual con la asistencia del Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de CABA y la aplicación de la Inteligencia Artificial sobre alrededor de 3.000 horas de filmaciones. También se entregarán documentación y elementos probatorios al Ministerio de Justicia de la Nación “como parte del trabajo articulado con organismos de justicia extranjeros en causas complejas que requieren el uso de tecnologías avanzadas y experiencia especializada”.
Todo esto, a dos años y medio de iniciada la causa.
El mundo del espectáculo
El carácter cinematográfico de todos estos acontecimientos contrasta con los sigilosos trámites que concluyeron en la extinción de la acción penal por el violento asalto a Matías Rolón Reynoso, reo de las criptoestafas en RT Inversiones, basado en un acuerdo de partes. Sin dar cuenta al Ministerio Público Fiscal ni a la Fiscalía General, Costilla puso a consideración del entonces juez de Garantías Rodolfo Maidana el acuerdo y recomendó su convalidación, cosa que el juez hizo.
Las “absoluciones pagas” detonaron un escándalo de tal magnitud que la Fiscalía General ordenó investigar sus entretelones. Las indagaciones de la fiscal Paola González Pinto arrojaron resultados lapidarios y la sentencia fue anulada por la Sala Penal de la Corte de Justicia como “cosa juzgada írrita”.
Esta anulación fue apelada por los absueltos y se encuentra bajo análisis en la Sala de Doble Conforme de la misma Corte. Costilla pidió y consiguió que el Jury, en decisión dividida, suspenda el proceso en su contra por el trámite de las “absoluciones pagas” hasta que Doble Conforme se expida.
La reanudación del Jury por esta cuestión específica, de tal modo, depende de una sentencia de la Corte cuyos tiempos quedaron a criterio del ministro Miguel Figueroa Vicario, quien salió sorteado para emitir y fundar su voto en primer término. Recién después de eso tienen que pronunciarse José Cáceres y Jorge Rafael Bracamonte.
El factor criptoestafas
Hay dos de las cuatro acusaciones contra Costilla que tienen como denominador común las criptoestafas: la de las “absoluciones pagas”, por Rolón Reynoso, y la interpuesta por Cristian Guillou, a quien Costilla imputó por la supuesta usurpación del complejo nocturno “Wika”, por Edgar Adhemar Bacchiani.
Guillou disputa la posesión de “Wika” con el “Trader God”, ya estafador confeso en Córdoba, y el empresario Alejandro Segli. Costilla intentó archivar. Inició una causa penal que involucra a ambos, pero el juez de Garantías Marcelo Sago le rechazó tal pretensión en una sentencia en la que le dirigió durísimas críticas por no haber profundizado la investigación sobre presuntas operaciones tendientes a provocar la insolvencia fraudulenta de Bacchiani ejecutadas por el abogado Lucas Retamozo, la expareja del “trader” Celeste Zaraive Garcés Rusa y la escribana Joaquina Córdoba Gandini.
La maraña jurídica “Wika” salpicó a otro exabogado de la pandilla Bacchiani: Costilla inició la causa por la que imputó a Guillou en base a una denuncia radicada por Carlos Correa en nombre de Zaraive Garcés Rusa, quien la desconoció.
El dato más sugestivo es que Costilla se negó a facilitarle a la Justicia Federal información de evidencia relacionada con las criptoestafas de los expedientes de las “absoluciones pagas” y “Wika”.
En la acusación que elevó al Jury por las “absoluciones pagas”, el fiscal Augusto Barros pidió los testimonios del fiscal federal Rafael Vehils Ruiz y el fiscal General de la Provincia Alejandro Gober.
Costilla no se refirió a estas omisiones en sus declaraciones periodísticas. Tampoco aludió al cuarto planteo ante el Jury que lo compromete: la hija de Mario Del Campo lo acusa por privación ilegítima de la libertad. La mujer hizo también una denuncia penal.
Advertencias al sistema
En la enrevesada trama se destaca la simplicidad de un elemento: Costilla denunció supuestas presiones y complots ante un medio periodístico en lugar de recurrir al sistema judicial que integra desde hace años. ¿No confía en su propia corporación?
En un guión hipotético, el fiscal se postula ante la opinión pública como un abnegado justiciero acosado por misteriosos poderes que pretenden obstruir su implacable accionar.
Pero hubo un metamensaje de proyecciones más graves. Mensaje críptico, a tono con las criptoestafas que impregnan de sospechas al Poder Judicial desde que el Colegio de Abogados aceptó ser “sponsoreado” por Bacchiani en un campeonato de fútbol, dirigido no se sabe a quién: ojo que hablo.
Vaya a saberse cómo podría hacer el fiscal para revelar enjuagues pasados sin autoincriminarse por no haberlos denunciado oportunamente, pero es muy difícil no asociar su sonoro reportaje con un chantaje.
El fiscal General Gober le pidió oficialmente explicaciones por esto y le ofreció respaldo y protección. Las respuestas no trascendieron todavía.
