El Tribunal Supremo de Brasil entregó la investigación de más de 800 páginas a la Fiscalía. Cerimedo, dueño de "La Derecha Diario" y asesor de Milei, implicado.
El juez del Tribunal Supremo de Brasil Alexandre de Moraes envió este martes la investigación de la Policía Federal sobre el supuesto intento de golpe de Estado orquestado por el expresidente Jair Bolsonaro y otras 37 personas. Ahora la Fiscalía deberá decidir si avanza o no en la acusación pero en caso de que avance, por la extensión de la investigación, las imputaciones contra Jair Bolsonaro y la treintena de acusados no llegaría antes de febrero del 2025 según calculó G1.
El informe describe una operación coordinada y multifacética para desacreditar el sistema electoral que comenzó en 2019 y se apalancó en la creación y difusión de información falsa, así como en la cooptación de instituciones estatales y la presión sobre figuras clave.
El documento es un extenso informe policial que detalla una investigación sobre una organización criminal que planeó un golpe de estado en Brasil tras las elecciones de 2022. La investigación expone una conspiración que incluyó la propagación de desinformación, la presión a militares y la elaboración de un decreto para subvertir el orden democrático. Las figuras legales usadas por la Policía Federal son: "abolición violenta del Estado Democrático", "golpe de Estado" y "asociación ilícita", según precisó la agencia EFE.
Se identifican numerosos implicados, incluyendo funcionarios gubernamentales y militares de alto rango, así como sus acciones y comunicaciones. El informe presenta evidencia sustancial de los planes golpistas, incluyendo documentos, mensajes y testimonios.
Entre los 37 acusados, figuran junto con Bolsonaro algunos jefes militares activos y de la reserva, exministros, personas de su entorno cercano y hasta Valdemar Costa Neto, presidente del Partido Liberal (PL), que lidera el exgobernante. Es relevante el rol asignado al ex asesor del presidente Javier Milei y copropietario de La Derecha Diario, Fernando Cerimedo, a quien el informe señala como "figura clave" para la difusión de información falsa sobre el sistema electoral brasileño, con el objetivo de "socavar la confianza en las elecciones de 2022 y crear un clima favorable para el Golpe de Estado" planeado por Bolsonaro.
Los planes de magnicidio, denominados por los propios golpistas como 'Operación Puñal Verde Amarillo', en alusión a los colores de la bandera brasileña, fueron impresos en la sede del palacio de la Presidencia, según dice haber constatado la Policía Federal.
Además de Bolsonaro, entre los acusados figura Walter Braga Netto, general de la reserva y antiguo ministro de la Presidencia y de Defensa, que fue candidato a vicepresidente en 2022. También están Almir Garnier Santos, excomandante de la Marina, y los generales retirados Augusto Heleno y Paulo Sérgio Nogueira, quienes formaron parte del gabinete de Bolsonaro, quienes negaron todas las acusaciones y denunciaron "persecución política".
Según el informe presentado por la Policía Federal el rol de Cerimedo fue:
A pesar de que Cerimedo negó conocer a las personas mencionadas en el informe y cualquier vínculo con Bolsonaro, la evidencia sugiere una clara conexión entre él y la trama golpista. Por eso, el informe concluye que la participación de Cerimedo fue "fundamental para la estrategia de desinformación orquestada por Bolsonaro y sus aliados, con el fin de deslegitimar el proceso electoral y justificar una intervención militar".
