“El reclamo y malestar de los padres por este tema es una problemática recurrente”, lamentó la diputada provincial Natalia Herrera (UCR).
La diputada provincial Natalia Herrera (UCR) presentó un pedido de informes al Ministerio de Educación para que este responda ante la problemática señalada por padres y familiares de niños y niñas con discapacidades que no encuentran vacantes para 2025. “El reclamo y malestar de los padres por este tema es una problemática recurrente”, lamentó. También dirigió el planteo a las escuelas del sector privado.
Entre los puntos que señaló en el pedido de informes, la diputada preguntó al Ministerio de Educación si es que está en conocimiento de que ciertos establecimientos escolares “no aceptan niños, niñas y adolescentes con discapacidad” y si se tomó alguna medida al respecto, que detalle cuáles. Además, pidió conocer cuántos alumnos con discapacidad asisten a clases con Maestra Integradora; y preguntó qué medida se implementó para los establecimientos escolares que no permiten el ingreso de alumnos integrados a la institución sin el acompañamiento de su maestra integradora.
Herrera también pidió que se informe si es que se está dictando algún tipo de capacitación para docentes y directivos en materia de integración de niños, niñas y adolescentes con discapacidades, si es que esta capacitación se extiende a los alumnos; y qué establecimientos escolares cuentan con un equipo interdisciplinario de profesionales especializados para brindar ese apoyo; entre otros puntos.
“Las escuelas de gestión privada o no tienen vacantes, o no cuentan con las instalaciones adecuadas, o no tiene personal con la formación adecuada. Las escuelas de gestión pública no están preparadas para integrarlos y contenerlos. Esto dificulta una integración real. En todos los espacios pedagógicos, la adaptación de la curricula y de los espacios físicos según las necesidades de cada niño pareciera ser una utopía en el mundo de estas familias catamarqueñas. La educación inclusiva es un derecho humano, y se debe garantizar que toda persona con discapacidad tenga la posibilidad de recibir educación en los espacios comunes y con los apoyos que cada uno necesita según sus propias necesidades”, remarcó Herrera.
Por último, aseguró que a pesar de que existe un amplio plexo jurídico que las ampara, muchas familias “eligen la escuela especial por no poder conseguir vacantes en una escuela común”. “Eso es segregar a un estudiante desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos. Las familias se topan con una serie de barreras que hacen muy difícil y a veces imposible lograr una real inclusión”, lamentó.
