Víctima de abuso sexual eclesiástico acompaña a las víctimas del cura López
Hernán Rausch denunció al sacerdote Justo Ilarraz, quien fue condenado en 2018 a cumplir 25 años de prisión por abuso sexual contra 25 niños seminaristas. Cumple la pena en su domicilio.
El sacerdote Eduardo López Márquez será el tercer sacerdote en ocupar el banquillo de los acusados y el primero en ser sometido a un juicio por jurados. Sobre él pesan graves acusaciones por delitos contra la integridad sexual de dos niños. Tras un silencio de casi 20 años, las víctimas se animaron a romper el silencio y radicaron las denuncias contra el cura. Hoy, ambas víctimas recibirán el apoyo y acompañamiento de Hernán Rausch, denunciante del cura entrerriano Justo Ilarraz. En 2018, este sacerdote fue condenado a la pena de 25 años de prisión, haber ultrajado a 25 niños seminaristas. El cura purga su condena en su domicilio, con una tobillera electrónica.
Una de las causas contra López Márquez se tramita en la Oficina de Gestión de Audiencia (OGA) del Poder Judicial para la realización del juicio por jurados. La segunda causa aún está en tratamiento. Hoy, Hernán y los denunciantes del sacerdote catamarqueño realizarán una conferencia de prensa. Para la ocasión, también estarán presentes el abogado querellante Sebastián Ibáñez y Alejandra Carrizo, referente en Catamarca de la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos.
El caso Ilarraz se conoció hace 12 años. En 1990, Hernán Rausch tenía 12 años y vivía en el Seminario Arquidiocesano de Paraná Nuestra Señora del Cenáculo, un colegio católico de solo varones en Entre Ríos. Allí las familias de los pueblos aledaños y otras provincias llevaban a sus hijos para que estudiasen religión, para que a futuro alcanzaran una carrera en la curia. Hernán primero denunció ante la Iglesia y luego ante la Justicia. El caso sentó un precedente en el país.
“Ilarraz recorría los pabellones de noche y cuando se apagaban las luces amarillas se sentaba en las camas. El pacto era: yo hago esto con vos y éste es nuestro secreto. No lo hagas con otros compañeros. Nadie se animaba a preguntarle a otro si había pasado por lo mismo. Era todo silencio”, recordó oportunamente. De aquellas recorridas y encuentros es el perfume de su agresor que ahora enciende sus recuerdos. “Veo un desodorante Old Spice en una góndola y me descompongo”, contó. La fragancia exhibida en un supermercado transporta a Hernán Rausch a su niñez. El religioso trabajó en el seminario entre 1984 y 1995. Algunas de sus víctimas, siendo todavía menores, lo denunciaron dentro de la Iglesia y la decisión eclesiástica entonces fue primero trasladarlo a otra parroquia de Entre Ríos y luego lo enviaron a cursar estudios a Roma.
Cuando los seminaristas ya adultos tomaron el valor para denunciar a su agresor en la Justicia, la respuesta fue: “Los abusos sucedieron hace mucho tiempo, están prescriptos”. La falta de acceso a que se investiguen los delitos los llevó a denunciar en los medios de comunicación lo sucedido. La repercusión mediática en la provincia impulsó que finalmente se realice un juicio: Ilarraz fue condenado en 2018 a cumplir 25 años de prisión por abuso sexual de niños. Fue encontrado culpable en todas las instancias y la defensa del acusado presentó un último recurso ante la Corte Suprema de Justicia, que antes de resolver le dio intervención a la Procuración de la Nación. El caso repercutió en las altas esferas en Roma y llevó a la Iglesia Católica argentina a la reapertura de la investigación canónica. A su vez desencadenó un cambio disruptivo en la ley penal que introdujo una herramienta procesal para que las víctimas de delitos sexuales puedan acceder a la Justicia sin importar cuánto tiempo pasó. La condición para que no se aplique la prescripción es que los crímenes se hayan cometido cuando eran menores de edad.
“Los que denunciamos en la Justicia fuimos siete. Hablando con otras víctimas reconstruimos que fueron más de 25, pero pocas nos animamos a hablar. No es fácil la exposición; fue todo un proceso para romper el silencio. Porque afecta a tu familia, te exponés a las habladurías, a que te digan por qué no lo contaste antes”, había comentado Hernán.
Ensotanado catamarqueño
La primera causa contra López Márquez se inició a finales de 2021. La causa pasó por distintas instancias, desde Control de Garantías, pasando por la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Exhortos, hasta la Sala Penal de la Corte de Justicia de Catamarca. Finalmente, quedó firme la elevación a juicio y el expediente fue remitido a la OGA. Ingresó a esta Oficina el pasado 20 de diciembre. De acuerdo con información a la que pudo acceder El Ancasti, pasada la feria judicial, en febrero, se dará inicio para la realización del juicio por jurados. Se sorteará juez director, potenciales jurados, se fijará fecha para la audiencia de admisión de evidencia (ésta es la última instancia para que el acusado confiese y se realice un juicio abreviado) y finalmente se fijará fecha para el juicio por jurados. Se estima que podría concretarse antes de que finalice la primera mitad del año. Dado que los presuntos abusos habrían ocurrido en La Paz, este juicio popular se desarrollará en este departamento.
Los ultrajes habrían ocurrido en 2002, cuando el denunciante era un niño de 12 años. Durante casi 20 años guardó silencio. A finales de 2021 se animó a radicar la denuncia penal. Pese a la denuncia, la Fiscalía de la Sexta Circunscripción Judicial habría optado por desestimar la denuncia y enviarla a archivo. No obstante, la querella –representada por los abogados del foro local Ariel Díaz Sosa y Sebastián Ibáñez- se opuso al archivo por prescripción. En junio de 2023, la Fiscalía dio por finalizada la investigación y elevó la causa a juicio.
Expedientes
Un sacerdote, dos causas
La denuncia penal se asentó a finales de 2021. Sin embargo, recién en marzo de 2023 se pudo concretar la imputación.
La fiscal Virginia Duarte Acosta imputó al sacerdote Eduardo López Márquez por los delitos de "abuso sexual gravemente ultrajante calificado por la situación de guarda y por ser cometido por un ministro de culto en calidad de autor", y "corrupción de menores agravada por la guarda de la víctima, en calidad de autor, en concurso ideal".
Estos ultrajes habrían sucedido entre 2002 y 2003 en La Paz. La víctima, por entonces, tenía 12 años.
La defensa del cura había planteado la prescripción. La Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Exhortos consideró que no había prescripción y confirmó la elevación a juicio.
En marzo de 2023, una segunda víctima lo denunció. Estos ultrajes también habrían sucedido en 2002 pero en Capayán. Esta causa aún está en trámite.
