El 80 % de los crímenes de odio siguen impunes en Catamarca. Desde 1992 se registraron 12 asesinatos y únicamente dos terminaron con condenas. Las estadísticas son categóricas: la deuda que mantiene la Justicia con la comunidad LGBTIQ+ parece insalvable.
Según un informe publicado por El Ancasti, los dos casos que terminaron con los victimarios condenados fueron los de Cristian Díaz – conocido como el “crimen de La Ripiera” – y del docente belicho Héctor Calderón, brutalmente asesinado en enero del 2019. Del resto, uno solo está en trámite – el homicidio de Rubén Maturano Olmos – y los demás continúan irresueltos.
Falta de herramientas y recurso humano idóneo o el temor a hablar del círculo íntimo pueden ser algunos de los factores que emergen al momento de buscar respuestas. Las muertes quedaron en el olvido. La resignación de los familiares terminó ganando.
Pasaron décadas en que los crímenes contra miembros del colectivo de diversidad sexual eran mal calificados como “pasionales” o reducidos a problemas sentimentales.
El cambio de paradigma comenzó en el 2012 con las sanciones de las leyes 26.743 y la 26.791. La primera es la Ley de Identidad de Género, que establece en su artículo 1° el derecho al reconocimiento de la identidad de género autopercibida y a su rectificación registral, entre otros puntos.
Posteriormente fue el turno de la ley 26.791 en la que se incorporó al femicidio como agravante del homicidio. El término como tal no es mencionado en el texto, pero hace mención a los homicidios especialmente cometidos en un contexto de violencia de género.
No fue solamente esa incorporación dentro del artículo 80 (referido a la figura del homicidio) del Código Penal. En el inciso 4 se registró una modificación para agravar al homicidio cometido “por placer, codicia, odio racial, religioso, de género o a la orientación sexual, identidad de género o su expresión”.
El objetivo era “tutelar a grupos especialmente victimizados por cuestiones de género y orientación sexual, como las lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, travestis, transgéneros e intersexuales (LGBTIQ+)”, según destacó la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres.
Sin embargo, esta inclusión de los crímenes de odio en el Código Penal no provocó una disminución en los casos. La escalada no se detuvo.
Según el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT durante 2023 en la Argentina hubo 133 crímenes de odio en los que la orientación sexual, la identidad y/o la expresión de género de todas las víctimas fueron utilizadas como pretexto discriminatorio para la vulneración de derechos y la violencia.
Eso significó un aumento respecto de 2022, que hubo 129 crímenes. En el 2021, habían sido 120. Las personas más afectadas, como cada año, son en un 88% mujeres trans (travestis, transexuales y transgéneros). Esto es 118 casos. Le siguen los varones gays cis con 7 casos, los varones trans (3), las personas no binarias (3) y las lesbianas (2).
La impunidad sigue siendo la norma y no la excepción en los crímenes de odio en Catamarca. A pesar de los avances legislativos y del reconocimiento formal de estas violencias en el Código Penal, la Justicia sigue fallando en lo más básico: investigar, esclarecer y condenar. La ausencia de respuestas judiciales no solo perpetúa el dolor de las familias, sino que también envía un mensaje peligroso a la sociedad: que algunas vidas valen menos que otras.
