Javier Milei llegó al primer año de su gestión festejando el superávit fiscal, la baja de la inflación y la estabilidad cambiaria, logros macroeconómicos que celebra también el establishment financiero, que ha hecho grandes ganancias a partir de inversiones ligadas a lo especulativo y no a lo productivo. Sin embargo, los indicadores ligados a lo social son bien distintos. En los últimos doce meses aumentó la pobreza, la indigencia, el desempleo y hubo miles de empresas, la mayoría pequeñas y medianas, que debieron cerrar sus puertas por la caída de consumo y de la actividad económica en general.
La caída del consumo se explica por la pérdida del poder adquisitivo de los salarios. Según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) publicados por la Secretaría de Trabajo, entre noviembre de 2023 y septiembre de 2014, los salarios privados registrados –que fueron los que menos retrocedieron-, perdieron un 2,4%. Peor les fue a los ingresos de los empleados públicos (-16,1%) y de los trabajadores informales (-17%). Los jubilados perdieron, en los primeros diez meses de 2024 y respecto del mismo periodo del año anterior, un 23,3%.
El promedio ponderado de los salarios medido por el INDEC arroja un descenso del poder de compra de 9,6%.
La pobreza, según los datos del INDEC, alcanzó en el primer semestre del 2024 al 52,9% de la población, lo que representa una suba de 12,8 puntos porcentuales con respecto a los datos de igual período de 2023. La indigencia, en el mismo período, pasó del 9,3% en el primer semestre de 2023 al 18,1% en los primeros 6 meses de este año.
La actividad económica caerá este año alrededor del 3,1%, pero si se excluye el crecimiento de la actividad del agro por la comparación con 2023, que fue un año de sequía extrema, el derrumbe llegaría al 4,2%.
De acuerdo con la información que proporciona la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, desde noviembre del año pasado hasta agosto de 2024 se perdieron 261.000 puestos de trabajo registrados. La actividad de la construcción fue la más perjudicada, con la pérdida de 66.000 puestos, mientras que la industria vio desaparecer casi 30.000 empleos.
El superávit fiscal se logró merced a un formidable recorte del gasto público. Si bien cayeron fuertemente los ingresos, más lo hicieron los gastos. El ajuste fiscal recayó fundamentalmente en jubilaciones y pensiones (soportaron el 24,2% del ajuste), obra pública (23,6%), prestaciones sociales (12,8%), subsidios (12,7%), salarios y otros gastos del Estado (126%) y transferencias a las provincias (7,8%).
No todos los sectores perdieron con la aplicación del modelo económico libertario. Según un estudio del CEPA (Centro de Economía Política de Argentina), el sector financiero multiplicó su facturación por siete, el sector energético por cinco y el sector minero por cuatro.
El segundo año del Gobierno nacional exige correcciones en el impacto social de las medidas y la aplicación de políticas que tiendan a la equidad, reparando el daño causado en los sectores de mayor vulnerabilidad social.
