Las enormes dificultades para combatir el fuego que está arrasando con miles de hectáreas de la Patagonia tienen su causa, además de los escollos propios que presenta la naturaleza, en la pasividad del gobierno nacional y, en general, en una política ambiental desfinanciada que deja a las provincias libradas a su propia suerte.
No puede haber, de todos modos, sorpresa: Javier Milei está gestionando en consonancia con su postura expuesta públicamente antes y durante la campaña electoral, que es la de descreer de la “agenda ambientalista”, a la que calificó de “completo fraude”. Pretender que el gobierno libertario sea eficaz y eficiente en su gestión ambiental sería de una ingenuidad absoluta. Pese a ello es justo reclamarle un gesto de humanidad, que no llega pese al fuego abrasador que destruye y mata.
Un solo hecho es suficiente para describir la indiferencia gubernamental ante un problema que se agrava año a año. Argentina, durante el primer tramo del gobierno de Milei, regaló a Ucrania, para ser utilizados en una guerra en la que nada tiene que ver la Argentina, helicópteros aptos para combatir incendios forestales. La inversión en el Sistema Nacional de Manejo del Fuego tuvo en 2024 una caída real de casi el 40 por ciento. Y pese a esta caída abrupta en los recursos y el incremento de los incendios forestales respecto de 2023, la ejecución presupuestaria fue de apenas el 30%.
El año pasado, a los pocos días de que se apagaran los devastadores incendios que devoraron miles de hectáreas en las sierras cordobesas, el Poder Ejecutivo Nacional emitió el decreto 888/24 que eliminó el Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos establecido en 2018 por la Ley 27431. El fondo había sido conformado para administrar recursos destinados a conservar el monte natural en todo el territorio nacional en consonancia con lo estipulado a nivel global en el Acuerdo de París.
Permitía, entre otras funciones mencionadas en un documento por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, realizar transferencias directas a los beneficiarios de los planes de manejo y conservación de los bosques nativos, mejorando la transparencia del proceso. El decreto habilitó el despojo a las provincias de casi 16.000 millones de pesos. Para la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, la eliminación del fondo, “además de significar un retroceso en términos de transparencia y uso de los fondos, impide confirmar que los recursos económicos se destinen únicamente a proyectos pensados y monitoreados estratégicamente para cumplir con los objetivos de la ley y no sean desviados hacia otros destinos”.
Como puede advertirse claramente, la filosofía libertaria en materia ambiental genera en la práctica devastación. Los reclamos de las provincias, cuyas poblaciones son las que sufren las consecuencias, son subterráneas y rara vez formales. Con un gobierno central que utiliza el látigo de la quita de financiamiento como amenaza permanente, los gobernadores optan por un silencio oficial, buscando solo a los culpables de encender el fuego, pero no de los que sustraen recursos para apagarlo.
