La sanción disciplinaria es por seis meses. Fue denunciado por funcionarios municipales de Santa María.
El Consejo Directivo del Colegio de Abogados de Catamarca suspendió por seis meses la matrícula profesional del abogado y exdiputado provincial Oscar Eduardo “Chorizo” Romero (MP 605), por graves denuncias formuladas en su contra por funcionarios de la Municipalidad de Santa María.
La sanción fue emitida por el Tribunal de Disciplina de esa entidad en noviembre de 2024. En diciembre Romero apeló, extendiéndose en los plazos previstos para ese fin, y el 5 de febrero la Comisión Directiva rechazó el recurso de apelación por ser extemporáneo, dejando firme la resolución del Tribunal. Horas después, la Corte de Justicia local fue notificada de la resolución.
Para el Tribunal, el abogado incurrió en “conductas graves y contrarias a los principios éticos y legales que rigen la actividad profesional de los abogados”.
Consideraron además que “se desprende de los hechos relatados en los cuatro descargos presentados por Romero, la afirmación de conductas violentas y agresiones físicas, las cuales se consideran incompatibles con los principios de la abogacía (…) demostrando inclusive una incapacidad para cumplir sus obligaciones profesionales”.
Entre sus argumentos, los integrantes del Tribunal indicaron que está prohibido “abusar del procedimiento con hechos, actos o recursos que lo dilaten, entorpezcan u obstruyan, con diligencias o medidas que no sean necesarias para la defensa del cliente”, circunstancias estas que fueron denunciadas por los funcionarios municipales.
En este contexto, aplicaron el máximo de la sanción que es de seis meses de suspensión de la matrícula para el ejercicio profesional.
El Colegio acumuló las cuatro denuncias presentadas por la jueza de Faltas de la Municipalidad de Santa María, Gladys Delgado, la abogada Valeria Nair Parra y dos personas más. La tramitación del expediente fue por “conductas de violencia incompatibles con el ejercicio ético de la profesión”.
Si bien las acusaciones tienen que ver con distintos hechos, los incidentes que derivaron en la suspensión entre septiembre y octubre de 2024, cuando empleados de ese municipio y de la Policía de la Provincia removieron dos carros de comida (food trucks) que ilegalmente estaban instalados en la Plaza de Las Américas, de la ciudad de Santa María.
La orden había sido emitida por el Juzgado de Faltas.
Las ocupantes de los carros eran Silvana Lorenza Flores y Nahir Oviedo Vega y contra ellas era la acción del municipio. Según las denuncias, Romero golpeó, amenazó e insultó al personal que ejecutaba las medidas judiciales, aduciendo que él y sus familiares eran los dueños de los carros que finalmente fueron secuestrados y desde entonces nadie se presentó con documentación para reclamarlos.
Los carros no contaban con habilitación municipal. Además, utilizaban energía eléctrica de la plaza, sin autorización.
El 29 de octubre, fecha en que se produjo el secuestro de los carros, se montó un operativo descomunal con drones, decenas de policías, municipales, una máquina vial y personal de Bomberos.
Los ocupantes de los food trucks atacaron a quienes intentaban cumplir con la orden judicial y en un momento, una mujer arrojó un líquido inflamable en la pierna de un policía y le prendió fuego. Las llamas afectaron la máquina vial y se expandieron por el asfalto. Afortunadamente el policía sufrió lesiones menores por la intervención de bomberos.
En este contexto, la abogada Parra, representante legal de la Municipalidad santamariana solicitó una serie de medidas contra la agresora, cuyo accionar fue registrado en video y en fotografías. Según se informó, el pedido de pruebas fue efectuado el 1 de noviembre de 2024 a la fiscal subrogante de la Cuarta Circunscripción Judicial, Gabriela Carrizo, y aún no hubo novedades.
