Yésica Ana Celeste y Elsa Romina Ferreyra deberán responder por 13 hechos de “lesiones leves”.
A casi siete años de la denuncia de un grupo de padres contra auxiliares docentes del Jardín Maternal “Mis Pequeñas Sonrisas”, finalmente hoy ocuparán el banquillo de los acusados las hermanas Yésica Ana Celeste y Elsa Romina Ferreyra. Ambas fueron imputadas por 13 hechos de “lesiones leves”. El debate se desarrollará en el Juzgado Correccional de Segunda Nominación.
La causa se inició en mayo de 2018, cuando un grupo de padres que enviaban a sus hijos al Jardín Maternal “Mis Pequeñas Sonrisas” comenzó a notar cambios en la conducta de aquéllos. Las víctimas son niños que, por entonces, tenían entre dos y cuatro años. Uno de los padres aseguró que el niño comenzó a no querer bañarse, "de autotratarse mal, se reta solo, se dice estúpido y se para solito poniéndose en penitencia".
Los padres se enteraron de lo sucedido luego que auxiliares de “Mis Pequeñas Sonrisas” les informaron sobre lo que ocurría puertas adentro. “Primero comenzó con gritos e insultos. Luego los sacudían. A los más pequeños, cuando se orinaban los bañaban o a veces los mandaban orinados a la casa. A veces no nos dejaban que los cambiáramos porque decían que se tenían que ir así a la casa por no haber traído otro cambio más de pañal, cuando en el jardín había más pañales para cambiarlos. No los dejaban comer la merienda o los hacían acostar en el piso frío. Ellas estaban todo el tiempo con el celular; no les daban la atención que necesita un chico”, expresaron.
También, los padres contaron que los chicos comenzaron a orinarse en la cama, "a insultar cuando en la casa corregimos cuando se usan palabras inapropiadas", a tener miedo, a tartamudear y a negarse a ir al jardín. "Sabemos que los mojaban con agua fría, que los insultaban, que los denigraban diciéndoles cosas como 'cara de mono', 'tonta', estúpida'", agregaron.
Las auxiliares docentes habían presentado distintos recursos para evitar el debate oral y público. Las hermanas Ferreyra habían solicitado la suspensión del juicio a prueba, pero el beneficio fue denegado en primera instancia por el mismo Tribunal y luego la resolución fue confirmada por la Sala Penal de la Corte de Justicia. El planteo fue presentado en febrero del año pasado y en junio, los ministros Hernán Martel, Fernanda Rosales Andreotti y Verónica Saldaño resolvieron el recurso.
“Los niños conforman uno de aquellos colectivos que han merecido especial amparo por parte de las cartas magnas y la legislación supranacional. La primordial razón de este énfasis tuitivo finca en su marcada vulnerabilidad y dependencia. La resolución cuestionada se apoyó en la postura negativa del fiscal, con fundamento en que el hecho atribuido a las imputadas afecta el interés público. Es un compromiso asumido por el Estado el resguardo de la tutela del derecho de los niños y niñas, por lo que resultaba necesario que la instancia se resuelva en un juicio”, se consideró.
Además, se remarcó que “no estamos en presencia de una mera causa de instancia privada, sino, por el contrario, de interés público”. Por ello se estimó que el Estado debe responder con mayor exigencia y precisión a las obligaciones asumidas. “Debe ser en la instancia procesal pertinente -el debate oral- donde se verifique -o no- la existencia de los hechos endilgados y, eventualmente, la responsabilidad de las acusadas. Por lo tanto, resulta propicio rechazar el recurso de casación interpuesto y, en consecuencia, confirmar la resolución dictada por el Juzgado Correccional de Segunda Nominación”, se indicó.
