La caída del 57% que, según el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), registró desde 2023 el gasto del Estado nacional en salud sexual y reproductiva es un dato que debería inquietar a cualquier responsable de políticas públicas, con independencia de su posición sobre los debates que rodean a esta materia, porque afecta un terreno en el que la prevención ha demostrado ser eficaz y económica.
El informe anual del Proyecto Mirar señala que el programa de Salud Sexual y Procreación Responsable sufrió un ajuste de esa magnitud, acompañado por una disminución en la compra de métodos anticonceptivos. Las mujeres protegidas pasarían de 1,2 millones en 2024 a unas 63.000 proyectadas este año, una reducción del 93%.
Las cifras más alarmantes del trabajo son estimaciones elaboradas a partir de modelizaciones sobre la cobertura anticonceptiva. Según ese ejercicio, el recorte implicaría 840.000 mujeres menos protegidas, 240.000 embarazos no intencionales adicionales, 112.000 abortos evitables, 452 muertes maternas y 2.600 muertes neonatales potencialmente evitables. Son proyecciones, y como tales deben leerse. Pero la lógica que las sustenta es difícil de refutar.
Quien cuenta con cobertura privada o con ingresos suficientes resuelve la anticoncepción comprando en las farmacias. Quien no, queda a merced de lo que el hospital o el centro de salud puedan ofrecer. La desprotección recae sobre las adolescentes, las mujeres de zonas rurales y las de hogares vulnerables, que son además quienes enfrentan mayores riesgos cuando un embarazo no buscado se convierte en una trayectoria truncada de estudio, de trabajo y de salud.
La decisión del Ministerio de Salud de la Nación de discontinuar la compra de medicamentos para los servicios de interrupción del embarazo derivó en un mapa desigual. Trece provincias sostienen el acceso con presupuesto propio. El dato revela una federalización forzada de responsabilidades que la Nación abandona, y que las jurisdicciones con menor capacidad fiscal difícilmente puedan asumir de manera sostenida.
Durante años, la Argentina construyó una política preventiva sostenida, basada en la provisión gratuita de métodos anticonceptivos, la educación sexual integral, el asesoramiento en los efectores de salud y programas dirigidos específicamente a adolescentes, como el Plan ENIA. Esa articulación permitió, según los registros oficiales, una reducción notable de los embarazos no intencionales, en particular en la población adolescente.
Desarmar ese entramado en nombre del equilibrio fiscal es una paradoja: el ahorro de hoy se pagará mañana en atención de embarazos de riesgo, en complicaciones obstétricas, en internaciones neonatales y en vidas condicionadas.
Es preciso, entonces, retomar la política preventiva que dio buenos resultados: recomponer el presupuesto del programa, garantizar la compra regular de insumos, asegurar su distribución equitativa entre las provincias y restablecer los canales de información y asesoramiento.
