Retamozo y Piña solicitaron el levantamiento de embargos
El abogado alegó que esta medida afecta su derecho a la subsistencia, dado que es un profesional autónomo.
El abogado Lucas Esteban Retamozo y Sofía Piña, ambos imputados en marco de la causa contra la empresa Adhemar Capital, por las presuntas estafas, recientemente solicitaron en la Justicia Federal un levantamiento del embargo de sus cuentas bancarias. En diciembre de 2022, el juez Federal Miguel Ángel Contreras acusó a Retamozo por los presuntos delitos de “asociación ilícita, intermediación financiera, lavado de activos y fraude como autor; e insolvencia fraudulenta como partícipe necesario” y a Piña por los supuestos delitos de “fraude e insolvencia fraudulenta en concurso real en el grado de partícipe necesario”. En el mismo procedimiento embargó las cuentas de los imputados. Tras la solicitud, el magistrado del Fuero Federal correrá vista a las partes y resolverá en consecuencia.
De acuerdo con información a la que pudo acceder El Ancasti, Retamozo basó su solicitud alegando que esta medida “resulta desproporcionada y afecta gravemente mi derecho a la subsistencia”, dado que a través de ésta, sus clientes pagan por transferencia. Al estar embargada, no puede hacer uso de ésta y no puede percibir sus honorarios. En tanto que, Piña remarcó que esa cuenta bancaria es compartida con su madre.
En su presentación, el abogado remarcó que es “profesional autónomo y actualmente no poseo ingresos fijos, situación que se ve agravada por la retención de los fondos que eventualmente pudiera percibir. La imposibilidad de disponer de mis cuentas bancarias no solo me impide generar ingresos, sino que también afecta mi posibilidad de afrontar mis obligaciones básicas, tales como la manutención y el cuidado de mis hijos, el pago de deudas acumuladas durante los últimos años en los que no pude trabajar, incluyendo compromisos impositivos con la AFIP”.
Además, advirtió que “es imprescindible” que las cuentas bancarias se encuentren habilitadas a los fines de poder desarrollar su actividad profesional y garantizar “mi sustento y el de mi familia”. Para Retamozo, la retención de fondos sin posibilidad de generar nuevos ingresos no solo lo coloca “en una situación de extrema vulnerabilidad, sino que además torna ilusorio el cumplimiento de cualquier obligación pendiente”.
A la vez, el abogado consideró que se debe tener en cuenta que por la cuantía de los montos a percibir, no solo es obligatorio facturar, sino también realizar la bancarización de los ingresos. “Todas las operaciones deben ser canalizadas a través del sistema bancario, por lo que un embargo en estas condiciones imposibilita el ejercicio profesional y la percepción de honorarios. Además, es importante destacar la naturaleza de las cajas de ahorro, que a diferencia de las cuentas corrientes, no tienen finalidad mercantil, lo que refuerza la desproporcionalidad del embargo. Se trata de cuentas destinadas al ahorro y uso personal, sin vinculación directa con actividades comerciales. En este sentido, la retención de fondos en una caja de ahorro afecta de manera más grave la economía personal del titular, impidiendo la satisfacción de necesidades básicas y compromisos financieros esenciales. Esta situación genera un daño irreparable, ya que impide el cumplimiento de obligaciones impositivas y contractuales (créditos, plan de pago con el fisco, entre otros), las cuales deben afrontarse a través del sistema bancario”, detalló.
“Daño irreparable”
En párrafo aparte, Retamozo aseguró que este embargo trabado sobre sus cuentas bancarias genera un daño irreparable” en su economía personal. Esta situación, impide el cumplimiento de obligaciones esenciales como el pago de un crédito hipotecario y el plan de pagos acordado con la AFIP. Para asumir estos compromisos, el abogado operaba con dos cuentas, de dos entidades bancarias distintas. A través de éstas, realizaba todas las operaciones de cobro y pago. Según Retamozo, esta situación quedó acreditada en un informe realizado por Gendarmería Nacional Argentina.
“Asimismo, se debitan de mi cuenta el pago de la obra social OSEP – de las cuales poseo integrado a mis hijos- como afiliado voluntario, como así también debo realizar el pago de los medicamentos de mi hijo menor y toda su cobertura por el tratamiento –que consta en el expediente- y que es de altísimo costo”, precisó.
Acusación
En diciembre de 2022, el juez Federal Contreras indagó e imputó a Retamozo y a Piña. Durante la audiencia, Retamozo se mantuvo en silencio pero Piña contó su versión de los hechos. Retamozo era abogado de Edgar Bacchiani, el ex-CEO de Adhemar Capital. En tanto que Piña fue su pareja y tuvieron una hija en común.
La acusada explicó cómo ingresó a trabajar en la empresa Adhemar Capital, donde se desempeñó como recepcionista durante tres meses. También manifestó que no tiene conocimiento alguno acerca de blockchain, ni del funcionamiento de wallets y billeteras virtuales. Según la versión de Piña, ella nunca tuvo acceso al manejo del dinero en la empresa. Presuntamente, las pruebas que hay en contra de Piña son capturas de pantallas de conversaciones y audios.
Bacchiani se reúne con el fiscal Federal Vehils Ruiz
En abril de 2022, Bacchiani, CEO de Adhemar Capital, fue imputado por el juez Federal de Catamarca Miguel Ángel Contreras por los presuntos delitos de "intermediación financiera sin autorización, en concurso ideal con "lavado de activos y defraudación", todo en concurso real con el delito de "asociación ilícita". Los fiscales federales Santos Reynoso y Rafael Vehils Ruiz iniciaron la pesquisa a la firma Adhemar Capital en 2020. Por ello solicitaron que las demás jurisdicciones en donde había causas abiertas, declinen competencia. El Juzgado Federal de Tucumán hizo lugar, en tanto Córdoba, la competencia será dirimida por la Corte de Justicia.
En mayo de ese mismo año, sumó una nueva acusación: evasión. La entoces AFIP había denunciando penalmente al “Trader God” por no pagar los aportes para la seguridad social de sus empleados, en el período 2021/2022.
En diciembre del año pasado, se presentó una multimillonaria demanda civil impulsada por el abogado querellante Bruno Jerez en representación de 42 damnificados, por cerca de 300 millones de pesos y más de 338 mil dólares. En la demanda, no se consideraron los intereses moratorios y las actualizaciones por inflación, que publica el INDEC.
