En el proyecto de presupuesto para el año que viene, el Poder Ejecutivo Nacional prevé el recorte de alrededor de 200 mil pensiones por discapacidad. El número es arbitrario y obedece a la necesidad de ahorro fiscal más que a la constatación de irregularidades en el otorgamiento de esos beneficios.
El gobierno de Milei promete auditarlo todo, convencido de que en cada una de esas auditorías encontrará gran cantidad de irregularidades que justificarán lo que en realidad persigue: achicar el gasto fiscal. Por ahora no hay resultados fehacientes de esas auditorías, pero el argumento sirvió para frenar el envío a comedores o recortes formidables a las universidades nacionales.
Las organizaciones que defienden los derechos de las personas con discapacidad temen que lo mismo ocurra con las pensiones. La Agencia Nacional de Discapacidad ha enviado miles de notificaciones a beneficiarios a los efectos de que presenten documentación que acredite la discapacidad que padecen. No mencionan la existencia de ninguna irregularidad, sino que, según las organizaciones mencionadas, son citaciones al azar, que obligan a las personas con discapacidad al esfuerzo –y el costo- de reunir los papeles que ya presentaron en su momento, y que fueron aprobados, cuando solicitaron el beneficio.
El sentido común, y las propias normas, establecen que solo pueden ser intimados a reunir otra vez los certificados y demás documentos aquellas personas sobre las que pesa una sospecha concreta de haber cometido irregularidades en el trámite requerido. Existe un antecedente bastante reciente. Durante el gobierno de Mauricio Macri hubo una suspensión masiva de pensiones por discapacidad, algo así como 170.000 beneficios. También en aquella oportunidad las organizaciones que defienden los derechos de las personas con discapacidad denunciaron arbitrariedad en la decisión. Y la Justicia les dio la razón: una buena proporción de esas pensiones fueron restituidas.
El gobierno de Milei dio gran difusión a una solicitud de pensión por discapacidad en la que se veía la radiografía de la columna vertebral de un perro, exhibiéndola como prueba del otorgamiento de pensiones “truchas”. Pero la gestión libertaria omitió decir lo obvio: esa solicitud había sido rechazada, de modo que, lejos de probar la corrupción o ineficiencia del sistema de otorgamiento de pensiones por discapacidad en el gobierno anterior, lo que probaba era su eficacia para desechar la documentación falsa. Al menos en ese caso en particular.
Seguramente si se realiza un análisis exhaustivo de la documentación presentada en los últimos años se detecten irregularidades. Pues bien, esas pensiones otorgadas, si no se ajustan a la reglamentación vigente, deben darse de baja. Pero no se pueden suspender si no hay pruebas concluyentes. Y mucho menos calcular a ojo cuántas pensiones se darán de baja el año que viene, para que los números contemplados en el proyecto de presupuesto se cumplan según las especulaciones.
