La decisión del Gobierno nacional de suspender la ejecución de la inmensa mayoría de las obras públicas en todo el territorio nacional apenas asumió en el pasado mes de diciembre, tuvo una enorme gravitación en las empresas constructoras y en la mano de obra. No hay datos concretos respecto de cuántas son las firmas del rubro que debieron dejar de funcionar, pero sí se sabe, según información proporcionada por la Cámara de la Construcción, que son alrededor de 3.500 las obras públicas paralizadas y más de 100 mil los puestos de trabajo directos perdidos.
Entre enero y mayo la inversión del Estado nacional en obras públicas en las provincias cayó un 86,1% interanual real. Las consecuencias de esa desinversión no solamente deben mensurarse en función de la realidad de las empresas, los trabajadores y el freno al circuito económico virtuoso que la realización de obras siempre significan. También es preciso considerar el costo que tiene para las jurisdicciones subnacionales que las obras –casas, puentes, caminos, diques- no se realicen. O que no se realicen ni siquiera trabajos de mantenimiento o reparación de obras ya existentes.
A partir de mayo, y en función del creciente reclamo de gobernadores e intendentes, el Gobierno nacional empezó a señalar que estaba dispuesto a transferirles obras a las provincias, prometiendo también el desembolso en el futuro, mientras los gobernadores las financiaban con fondos propios, que luego serían devueltos.
En ese contexto se suscribió a principios de junio, y en vísperas del tratamiento en el Senado de la Nación de la Ley Bases, una acuerdo marco entre el Gobierno nacional y el provincial por el que Nación se compromete a transferir a Catamarca una serie de obras viales, hídricas, de saneamiento, de vivienda y de infraestructura social, escolar, urbana y cultural. El convenio incluía la reactivación de la obra pública con una inversión de $25 mil millones para proyectos de rutas, puentes y cloacas, y $6.500 millones para la reactivación de viviendas en distintos puntos de la provincia.
El envío de fondos nacionales es una promesa sin mayores precisiones. Mientras tanto, la provincia recibe las obras que estaban hasta ahora en jurisdicción nacional y analizará hasta dónde, con los recursos cada vez más diezmados con los que cuenta, puede avanzar en la ejecución de los proyectos.
La promesa nacional de los fondos que llegarán a partir de la reactivación de la economía es muy difusa, porque tal recomposición no se verifica y hay dudas fundadas respecto de cuándo ocurrirá. De modo que, contemplando además que muchas obras estaban con financiamiento en el presupuesto 2023 prorrogado por la actual gestión, lo más atinado sería una gestión colectiva de las provincias para solicitar que Nación financie al menos las obras con mayor grado de avance o las más estratégicas, en el entendimiento de que no deben ser vistas como gastos sino como inversiones que impulsarán en el futuro el desarrollo de cada jurisdicción y de la nación en su conjunto. n
