Con la habilitación para instalar al menos 400 máquinas de videolotería, CAPRESCA le entregó al Instituto de Loterías y Casinos Sociedad del Estado de Misiones patente de corso para esquilmar a las poblaciones del interior de Catamarca a través del juego.
El organismo litoraleño accedió a facultades excluyentes para seleccionar el “permisionario” y “realizar auditorías respecto del control administrativo, contable, financiero y demás cuestiones operativas del convenio”, fiscalizaciones para las cuales CAPRESCA “se compromete a poner a disposición toda la documentación y demás que a estos fines se requiera”.
Tales abdicaciones de CAPRESCA se blindaron en la cláusula 18 del contrato: eventuales controversias se someterán a “la competencia territorial de los jueces de la Justicia Civil ordinaria de la ciudad de Posadas, Provincia de Misiones, República Argentina”.
El acuerdo regirá durante diez años. Lo firmaron el 13 de noviembre del año pasado la presidenta de CAPRESCA, Natalia Díaz, y el presidente de Loterías y Casinos de Misiones, Héctor Alejandro Rojas. El directorio de CAPRESCA lo aprobó el 28 de marzo pasado a través de la resolución 128, en la que se destaca una curiosidad: lleva la firma de Díaz y el director Ariel Atilio Luna, pero no la del director Maximiliano Rivera.
CAPRESCA recibirá el 32% de las utilidades que arroje la timba. Del 68% restante, un 63% será para el “permisionario” y el 5% para el Instituto de Loterías y Casinos.
Si bien Díaz aseguró que estas son las repartijas usuales en todo el país, no se entienden bien los motivos por los que Misiones adquirió el derecho a participar de las ganancias.
El contrato asienta la posibilidad de que CAPRESCA comercialice también sus juegos en Misiones, pero la presidenta de la entidad no anticipó cuándo se producirá el desembarco de “Mi Bingo Catamarqueño” en el Litoral.
Tampoco explicó qué le impidió prescindir de Misiones y cerrar el acuerdo directamente con la empresa “Wildar Gaming”, que es el “permisionario” pero no está mencionado en el contrato.
Tal omisión está cubierta en la cláusula 3 del convenio, por la que el instituto misionero “queda facultado expresamente para subcontratar a terceros (operador/permisionario)”. Expresamente: cuánta meticulosidad.
CAPRESCA le entregó al Estado de Misiones -Loterías y Casinos es una Sociedad del Estado- el poder de negociar con un privado las condiciones de un juego en territorio catamarqueño a lo largo de diez años, con el agregado de que cualquier controversia quedará sujeta a litigios judiciales que deberán gestionarse en los tribunales misioneros.
Conviene señalar un detalle. La primera tanda de las máquinas se instaló en el interior porque en Capital y Valle Viejo tiene la exclusividad el Casino. Sin embargo, el contrato para las videoloterías habilita su funcionamiento en todo el territorio provincial. Quiere decir que el Instituto de Loterías y Casinos de Misiones puede negociar la videolotería con los concesionarios de los derechos del juego en Capital y Valle Viejo directamente.
Es una cesión de potestades provinciales inquietante por más de un motivo.
En el plano económico, en ningún punto del contrato se establece la tasa de retorno al apostador de las máquinas habilitadas. Es un dato central para determinar las utilidades que se reparten, porque no se trata de un juego de azar: el operador sabe perfectamente cuánto recaudará, porque las máquinas están programadas para pagar una cantidad de premios determinada conforme al volumen de apuestas.
Obviamente, el monto de los premios previsto es siempre inferior al de las apuestas y el operador está en condiciones de manipularlo. Se desconoce la capacidad de CAPRESCA para controlar enjuagues por el estilo, misterio que cobra más relevancia si se considera que, en caso de haber diferencias o sospechas, tendrían que dirimirse en los juzgados de Misiones.
En cualquier caso, tampoco se sabe cuál es la relación apuestas/premios de “La Millonera”.
El contrato no lo dice. Sí dice, en cambio, que Loterías y Casinos de Misiones debe “conservar una matemática total de los juegos” determinada por el mismo instituto. Una muestra de la prolijidad de los redactores es que esto debe cumplirse “sin autorización previa”.
Al igual que con las utilidades de las máquinas, nada se dejó librado al azar: debe haber pocos contratos que releven de pedir permiso para cumplir con una obligación; como si ARCAT habilitara a pagar Ingresos Brutos “sin autorización previa”.
Hay más obligaciones singulares.
Loterías y Casinos de Misiones debe “establecer un plan de mercadeo que se oriente a la ampliación de la base de clientes y la captación de usuarios nuevos” y “desarrollar un sistema telemático que permita la nominación de los usuarios en las sesiones de juegos, con el fin de optimizar las publicidades y promociones dirigidas a los mismos”.
Tan amplias prerrogativas se asentaron en la cláusula del contrato referida a las “obligaciones” de las partes, que es la 14.
Es dudoso que Loterías y Casinos de Misiones vaya a desacatarlas, puesto que la misma cláusula obliga al instituto a “establecer una marca que cuente con identidad propia, basándose en un nombre registrado, un logo, isologo, paleta de colores y tipografía propios”.
Con obligaciones tan gravosas, hay que modificar el interrogante: ¿para qué necesitará el Instituto de Loterías y Casinos de Misiones a CAPRESCA en los próximos diez años?
El organismo provincial no puede accionar sobre el “permisionario” y cualquier queja o revisión del convenio tiene que tramitarse fuera de Catamarca, ante jueces designados por el poder de Misiones.
Tan leoninas condiciones admitidas por CAPRESCA suponen peligros que exceden lo económico y se proyectan sobre la salud pública.
La presidenta de CAPRESCA ha despojado al Estado catamarqueño de gran parte de su poder de policía para implementar políticas tendientes a combatir en el interior la ludopatía, flagelo que se ha instalado a la cabeza de las preocupaciones en el campo de la salud mental debido a la facilidad con que se lo estimula a través de plataformas online, a edades cada vez más tempranas.
El juego con máquinas está pergeñado específicamente para provocar adicción y saquear a los pobres. A cambio de utilidades económicas difusas, CAPRESCA habilitó al instituto del juego del Estado de Misiones para depredar a una población más vulnerable a esta amenaza por la pobreza y la escasez de alternativas para el esparcimiento.
Ya hay síntomas de esto. Las agencias de quiniela en las que “La Millonera” comenzó a funcionar se promocionan con horarios corridos de mañana, tarde y noche y carteles que las identifican como casinos.
La juventud queda a merced de las estrategias que Loterías y Casinos de Misiones diseñe para capturar nuevos usuarios, en base a los datos que recolecte con el “sistema telemático” que el contrato la obliga a diseñar para mejorar su desempeño publicitario.
No hay un solo punto en el convenio que aborde los riesgos de la ludopatía, siquiera de modo tangencial.
Quizás tal cosa no se prevea en ningún contrato sobre el juego en general, pero en el caso de la videolotería cualquier política que el Estado provincial pretenda desplegar al respecto podría entrar en conflicto con los intereses del Estado de Misiones que ampara al permisionario y abrir el flanco a demandas que se tramitarán en el fuero misionero. Incluso los municipios donde las máquinas empezaron a embuchar ganancias están condicionados para proteger a sus poblaciones.
Raro que los intendentes no hayan bellaqueado. El contrato está tan perfectamente cerrado a favor de Loterías y Casinos Sociedad del Estado que ni siquiera pueden imponerles tasas a la timba como las que el de Fiambalá le metió a los prestadores turísticos sin asumir querellas en extraña jurisdicción.
CAPRESCA le montó a Misiones un dispositivo para promover el vicio y sacar dinero de Catamarca a lo largo de una década. Natalia Díaz, presidenta de la entidad, considera que tamaña aberración “no tiene costos para la Provincia”.
