La oposición intentará el martes de la semana que viene avanzar con la reforma de la ley que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia sancionada en 2006 a instancias de la entonces senadora nacional Cristina Kirchner, bajo la Presidencia de su esposo, Néstor. La norma restringió el poder del Congreso en beneficio del Poder Ejecutivo, al establecer que quedan ratificados si ambas cámaras no lo rechazan expresamente o no los tratan.
Este dispositivo de aprobación “ficta” estimuló el uso y abuso del instrumento jurídico para gambetear al Congreso, pero emerge como una herramienta particularmente valiosa para Javier Milei, que desarrolla su gestión en hiperminoría parlamentaria. Es lo que permitió, por caso, la vigencia del megadecreto 70 que emitió antes de la Ley Bases.
La oposición, incluido el kirchnerismo padre de la criatura, busca ahora devolver facultades al Congreso con una reforma de sentido diametralmente opuesto: que los DNU pierdan operatividad jurídica si el Congreso no los trata en 90 días y que el alcance con el rechazo de uno solo de sus dos cuerpos para voltearlos.
Si bien en la agenda opositora también está la anulación del DNU que habilita al Gobierno a canjear deuda sin la intervención del Congreso, es la reforma de la ley DNU la que tiene mayor proyección. Se inscribe en el peculiar diseño institucional que surgió de las elecciones del año pasado, donde la composición del Congreso definida en la primera vuelta está muy desconectada del 56% que Milei obtuvo en la segunda.
Esto desembocó en un parlamentarismo “sui generis” en el que el Congreso tiene un fuerte potencial para gravitar sobre las políticas del Gobierno, a través de la sanción de leyes o del rechazo de decretos. Conviene subrayar el carácter “potencial” de esta facultad, pues una cosa es tenerla teóricamente –platónica, idealmente podría decirse- y otra poder ejercerla.
Hay dos poderes de veto en permanente tensión: el de la Presidencia sobre las leyes y el del Congreso sobre los DNU.
Es esta tensión la que impuso el trasiego de la Ley Bases, sometida a un proceso de jibarización legislativa que se extendió durante más de seis meses, en el cual los gobernadores consiguieron que se discutiera aparte el paquete fiscal donde se repuso el coparticipable impuesto a las Ganancias.
Milei tuvo que utilizar su poder de veto para impedir que el Congreso insistiera con las leyes de movilidad jubilatoria y financiamiento educativo. Logró reunir el tercio de miembros presentes indispensable para hacerlo en cada caso, en tratativas no exentas de traumas.
El poder de veto del Congreso sobre los DNU está más limitado por la fragmentación opositora, pero se ejerció una vez, la primera desde que los DNU existen, para anular la asignación de 100 millones de dólares para la SIDE.
Por supuesto, Milei tendrá llegado el caso la alternativa de vetar la reforma de la ley DNU, pero sería ya el tercer veto, con un agregado que no conviene despreciar: contra el poder de la corporación legislativa, que busca en última instancia retener su influencia más allá de las elecciones del año que viene, en las que el plantel libertario se incrementaría.
Al margen de los resultados electorales, el margen de Milei para gobernar por decreto se achicaría significativamente si la reforma prospera. Al establecer que la aprobación o el rechazo de los DNU por parte del Congreso tengan que ser explícitos, a sus antagonistas les alcanzaría con bloquear el tratamiento para dejarlos sin efecto. El silencio dejará de conceder para materializarse en negativa.
Sería un cambio radical en la dinámica institucional desde la creación de los DNU en la reforma constitucional de 1994 y la reglamentación de su trámite en 2006, con una ampliación del peso parlamentario. Y otro insumo para alimentar la exitosa narrativa libertaria en contra de la casta.
