Tropezones. La cartera que conduce Teresita Regalado quedó otra vez enredada en polémicas ambientales.
La suspensión sin fecha de la audiencia pública que iba a realizarse para habilitar la explotación de litio en El Alto y Ancasti obedece a que el Ministerio de Minería omitió un detalle clave, más allá de la sugestiva discreción con que, según las organizaciones que consiguieron voltear el procedimiento, gestionó la convocatoria: el proyecto que se postula a la consideración de las comunidades afectaría zona que amparadas legalmente por su valor ambiental.
Otra vez la burra al trigo. Lo ocurrido reitera la metodología aplicada por la cartera que comanda Teresita Regalado en torno a la “Laguna Purulla”, ubicada en el departamento Antofagasta de la Sierra, que provocó un escandalete con denuncia penal contra las autoridades de CAMYEN incluida hace apenas un mes.
La “Laguna Purulla” constituye una suerte de santuario biológico. Se trata de un humedal altoandino caracterizado por una biodiversidad sumamente frágil, que alberga especies amenazadas de flamencos y colonias de microorganismos de suma importancia para la investigación científica global.
A pesar de contar con la máxima tutela ambiental por formar parte del sitio Ramsar y estar contenida dentro de la Reserva de la Biosfera Laguna Blanca, el propio Estado provincial, a través de CAMYEN, asociado con la firma “World Metals”, promovió el proyecto de exploración de litio denominado "Campo Blanco" en la cuenca e inmediaciones directas del espejo de agua.
El mismo “modus operandi” se aplicó para las serranías del este catamarqueño, donde se procura abrir el territorio al minado de litio en roca pegmatítica.
A diferencia del procesamiento de salmueras en la Puna, la minería de litio en pegmatitas requiere trabajos de cantera a cielo abierto, voladuras e inmensos volúmenes de agua en las nacientes de la cuenca del Río Albigasta, que es vital para el consumo humano, la ganadería y la agricultura en los valles del este catamarqueño y el oeste santiagueño.
Se entiende la intensidad de la reacción ante los potenciales riesgos que para los medios de subsistencia de las comunidades de la zona implica el proyecto minero “El Alto”, de la empresa “Litios del Norte SA”.
La Sierra de Ancasti está protegida además como “Reserva Provincial de Uso Múltiple”, cuyo objetivo rector es resguardar la biodiversidad del bosque serrano nativo, asegurar la protección de las cuencas hídricas que abastecen a las poblaciones locales y tutelar elementos del patrimonio arqueológico y cultural como los abrigos rupestres del sitio “La Tunita”.
Organizaciones civiles de Ancasti y El Alto se movilizaron frente al Ministerio de Minería y plantearon la necesidad de contar con información detallada sobre las actividades programadas para acelerar los trámites administrativos en Minería, cuyos alcances, aseguraron, no se explicaron.
Consiguieron que se suspenda la reunión que la empresa tenía contempladas realizar en la Villa de El Alto.
Al parecer, el proceso de participación ciudadana se consideró un mero formalismo. La convocatoria a la audiencia pública se tramitó sin la difusión masiva ni la transparencia adecuadas, vulnerando, denunciaron los ambientalistas, el Acuerdo de Escazú y el derecho de los vecinos a acceder a la información ambiental previa.
Dados antecedentes como el de la “Laguna Purulla”, llama la atención la perseverancia en este diseño de gestión del Ministerio de Minería. Inquietudes ecológicas al margen, muy importantes por cierto, no parece el más conveniente para fortalecer la licencia social para la actividad minera. Más bien contribuye a afirmar la impresión de que es una amenaza.
