La fanática cruzada que Javier Milei emprendió para introducir al juez Ariel Lijo en la Corte Suprema de Justicia terminó en una derrota cuyo formato sintetizó la incompetencia política: kirchneristas y macristas depusieron sus ojerizas y se unieron para rechazar la propuesta oficialista en el Senado.
Mérito del mesianismo presidencial, la sorprendente suspensión de la tóxica grieta es una nueva evidencia de la tendencia autodestructiva que Milei extiende a la de por sí deteriorada credibilidad del país, más gravosa en medio de la incertidumbre global detonada por Donald Trump, líder de otra guerra santa.
Es inconducente detenerse en el sentido de los votos. El destino de los pliegos de Lijo y Manuel García-Mansilla, que se balancea en la Corte por decreto, estaba sellado solo con que se reuniera el quórum reglamentario para sesionar.
Eso era todo lo que tenían que conseguir tirios y troyanos, pero se sumó otro ingrediente para el escarnio libertario: los rechazos duplicaron los 25 brazos que hacían falta para voltear los pliegos.
El estruendo del fracaso político, sin embargo, desplaza del foco el fracaso institucional más grave.
Milei promovió durante un año y afianzó en el primer plano de la opinión pública a una encarnación perfecta de lo más opaco de la casta judicial y los tribunales de Comodoro Py.
Antes de que el Presidente lo propusiera, el conocimiento sobre las cualidades del juez Ariel Lijo se reducía al circunscripto y hermético círculo del ecosistema jurídico. El alud de objeciones que precipitó su candidatura y las noticias sobre entongues reales y presuntos le dieron a su desprestigio una popularidad que terminó contaminando al Poder Judicial. El marketing arrastró al ignoto García-Mansilla en el debut de su carrera como magistrado.
El accidentado trámite, además, confirmó con una exposición obscena que las facciones políticas se disputan las plazas judiciales como botín.
Lijo y García-Mansilla no fueron rechazados por el Senado porque los grupos representados en ese cuerpo apostaban a incrementar su gravitación la Justicia con las tratativas; Milei no retiró las candidaturas porque cifraba expectativas en las negociaciones hasta que el escándalo de la criptomoneda Libra lo metió en una espiral de cortinas de humo.
Tras los escarceos y las maniobras distractivas, la paupérrima situación de la Justicia Federal. 305 cargos que requieren acuerdo del Senado, más del 30% del total, están vacantes.
En su delirio rupturista, Milei retiró más de 60 pliegos que había elevado Alberto Fernández para el análisis de la Comisión de Acuerdos y no envió ninguna propuesta en el año y cuatro meses que lleva como Presidente. Esto, a pesar de que tiene a disposición 184 ternas elaboradas por Consejo de la Magistratura.
Es decir: Milei estaba en condiciones de comenzar a cubrir más de la mitad de las vacantes judiciales pero no lo hizo, emperrado en imponerle al Senado sus criterios y consagrar a Lijo.
Estresó todo el sistema institucional en una pelea absurda, iluminó las miserias de la corporación judicial, perdió la pulseada y se convirtió en el primer presidente al que el Senado le rechaza pliegos para la Corte en la historia, para colmo con números aplastantes.
Esta verdadera hazaña de impericia mantiene incólume la estructural disfuncionalidad de un Poder Judicial de la Nación con sus recursos humanos jerárquicos reducidos en un tercio, obligado a sistemáticas subrogancias que ponen en crisis la capacidad operativa de jueces y fiscales naturales que deben atender la demanda de múltiples juzgados.
Al margen de cualquier consideración y prejuicio ético, se trata de una estructura estragada para cumplir con mediana eficacia la función de procurar el servicio de Justicia, que ni siquiera puede completar la composición de su máximo tribunal.
Mientras colapsaba la desvariada política judicial libertaria –de algún modo hay que llamarla-, en Catamarca se configuraban nuevas evidencias sobre la inoperancia de la Justicia provinciana.
El escándalo de los fraudes procesales a través de los cuales una banda de astutos estafadores se apoderó de bienes muebles e inmuebles de una cantidad indeterminada de víctimas tiene demasiados puntos ciegos como para no despertar sospechas sobre la venalidad de los actores judiciales.
El fiscal que abrió el expediente es Hugo Leandro Costilla, objeto de un Jury por su desempeño en la extinción de la acción penal por el asalto a mano armada a un reo de las criptoestafas perpetradas en RT Inversiones, la investigación del asesinato del ministro Juan Carlos Rojas y el intento de archivar una causa por la posesión del complejo nocturno “Wika”, relacionada a su vez con las actividades del estafador confeso Edgar Adhemar Bacchiani.
La coincidencia entre el juicio político y la sonora revelación de la causa por los fraudes procesales podría ser casual. Costilla sigue en funciones y bien está que investigue ilícitos sin especular sobre el desenlace de su juicio político.
Llama la atención, sin embargo, que el relato que articuló para encartar a la asociación ilícita supuestamente acaudillada por Mario Rodrigo del Campo no mencione siquiera tangencialmente a las únicas personas indispensables para que los fraudes procesales pudieran materializarse: los jueces del fuero Comercial y de Ejecución.
Sin las sentencias y resoluciones de los magistrados, los delitos que se le endilgan a la pandilla no habrían pasado del grado de tentativa.
Tácitamente, tal vez a su pesar, Costilla puso a todo el fuero Comercial y de Ejecución bajo sospecha y entre paréntesis la seguridad jurídica, pero la obviedad de que sin los jueces no se podrían haber cometido los delitos no parece afligir demasiado ni la Corte de Justicia, ni al Colegio de Abogados, ni a la Asociación de Magistrados.
El fiscal robó un tiempo a la febril actividad que le demanda el seguimiento de los fraudes procesales para pedirle al tribunal del Jury que suspenda los procedimientos hasta que la Sala de Doble Conforme de la Corte se expida sobre la anulación de la sentencia que extinguió la acción penal del asalto de Parque América, dictaminada por la Sala Penal del mismo tribunal.
Esto es: Costilla espera que la Sala de Doble Conforme lo exima de las responsabilidades que le asignó la Sala Penal. O lo que es lo mismo: que la Corte lo salve de la Corte en el caso puntual del asalto a Parque América.
Para que esto ocurra, la Sala de Doble Conforme debería desautorizar la investigación ordenada por la Fiscalía General a la fiscal Paola González Pinto, quien pidió la anulación de las absoluciones pagas por considerarlas “cosa juzgada írrita”.
Costilla espera que la Sala de Doble Conforme sentencie en contra de la Sala Penal, la fiscal González Pinto y la Fiscalía General. ¿Se cumplirán sus deseos? Gran pregunta.
Como ocurre a nivel nacional, la imagen que proyecta la Justicia provincial está lejos de ser tranquilizante. Los últimos episodios engarzan con un derrotero marcado por numerosos indicios de ineptitud, negligencia, internas y corrupción, algunos de los cuales se resolvieron por juicio político.
Cuenta una historia que al rey Federico II El Grande de Prusia se le ocurrió en una ocasión construir un palacio en Postdam y había un molino que a su criterio arruinaba el paisaje.
El molinero se negó a venderlo y Federico, encaprichado, lo amenazó con expropiarlo.
El molinero le respondió con una frase que hizo desistir al rey pasó a la historia como símbolo de la confianza en la Justicia: “Todavía hay un juez en Berlín”.
“Si non é vero, é ben trovato”.
La sensación de desamparo que extiende el descrédito judicial plantea la pregunta: ¿A quién pueden recurrir los molineros?
