El diputado provincial Francisco Monti (LLA) no retrocedió en su disputa contra las cámaras de proveedores mineros. En un comunicado, insistió nuevamente con un registro digital, gratuito y de alta inmediata, sin cámaras ni intermediarios y anunció que presentó un proyecto de ley para crearlo.
La respuesta llegó después de que el presidente de la Cámara Provincial de Proveedores Mineros, Manuel Gómez Bello, atribuyera sus críticas al “modo campaña política” y lo desafiara: “Si él llega a tener alguna prueba de que nosotros traficamos información, que las muestre”. El cruce había empezado cuando Monti calificó de “jeques” a quienes conducen las cámaras departamentales y cuestionó que el gobernador Raúl Jalil se reuniera con ellos.
Lejos de bajar el tono, el libertario volvió a la carga con el anexo de la Resolución 498, firmada en 2014 por la entonces Secretaría de Minería. La norma creó el registro de proveedores mineros y obligó a las mineras a contratar al menos un 70% de prestadores catamarqueños, pero entre los requisitos incluyó una “constancia de inscripción en la Cámara de Proveedores”.
“Si querés ser proveedor minero en Catamarca, primero tenés que pasar por una cámara. Ahí está el huevo de la serpiente”, graficó.
Para el legislador, con “una línea en un formulario” el Estado entregó a entidades privadas “la llave de un mercado” que, según la misma resolución, era de todos los catamarqueños. Tildó de inconstitucional el requisito, ya que la Constitución garantiza el derecho a trabajar y a asociarse, que incluye el de no hacerlo. Al titular de la CAPPROMIN le reservó una estocada. “Doce años después, la serpiente creció”, disparó y sostuvo que el dirigente reconoció públicamente que son las cámaras las que “proponen” a las empresas que después contratan las mineras.
