Mientras el Gobierno nacional amenaza con profundizar el ajuste que perjudica a las personas con discapacidad, se multiplican los reclamos del sector y avanzan algunas iniciativas que buscan frenar al avance que recorta y/o vulnera derechos.
Las proyecciones oficiales calculan que a fin de año habrán suprimido 400.000 pensiones por invalidez laboral. Es decir que uno de cada tres pensionados por esa causa perdería su beneficio. El cálculo se basa más en las necesidades financieras del Gobierno que en la detección de supuestas irregularidades (que por otro lado nunca se informan). Suprimir esa cantidad de pensiones le significaría al Estado nacional un “ahorro” de alrededor de 900 mil millones de pesos, no importa el costo social y para la salud de cientos de miles de personas.
Más allá del propósito de dar de baja los beneficios, el ajuste ya se viene practicando a partir de un congelamiento del presupuesto para el área, que es el mismo que en 2023.
Diego Spagnuolo, el mismo funcionario que emitió un resolución en la que calificaba de “retardados”, “débiles mentales” e “idiotas” a las personas con alguna discapacidad intelectual, puso en marcha una supuesta auditoría que servirá como argumento, o como excusa, según la veracidad de los resultados, para la baja de las pensiones. Llama la atención que, antes de conocerse los resultados del presunto relevamiento, ya se calcule cuántos sufrirán la supresión del beneficio, lo que corrobora la intención fiscalista de la iniciativa.
Durante el gobierno de Mauricio Macri también hubo un intento de dar de baja a 170.000 pensiones, pero un amparo colectivo lo frenó.
Un problema adicional es que, según reconoció en el Congreso de la Nación hace unos días el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, casi la mitad de las personas con discapacidad que están siendo auditadas nunca fueron notificadas del proceso, lo que le impediría enterarse de que debe presentar la documentación que acredite la discapacidad que lo aqueja.
También en Catamarca hay quejas de familiares de personas con discapacidad y ONG por las políticas provinciales para el sector. Como publicó El Ancasti ayer, Griselda Bazán, presidenta de la Asociación de Personas y Familiares de Discapacitados Motores (APYFADIM) se quejó, entre varias reivindicaciones, por la falta de transporte adaptado en la ciudad, de respeto al cupo laboral y la ausencia de subsidios para que las organizaciones sin fines de lucro paguen los servicios de agua y energía eléctrica.
En este contexto, un sector de la oposición nacional impulsa un proyecto que ya tiene despacho de comisión y que impide que haya recortes o se licuen partidas de discapacidad. El oficialismo, con la ayuda de bloques aliados, intenta frenar la iniciativa. Pero si se aprobase, seguramente sería vetada por el Ejecutivo.
La población de mayor vulnerabilidad debe ser destinataria de la contención del Estado, no víctima del ajuste fiscal.
