No se habían terminando de enfriar las cenizas de los descomunales incendios forestales que afectaron miles de hectáreas en las sierras cordobesas, cuando se conoció que el Poder Ejecutivo Nacional emitió el decreto 888/24 que elimina el Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos establecido en 2018 por la Ley 27431. El mencionado fondo administraba recursos que propendían a conservar el monte natural en todo el territorio nacional en consonancia con lo estipulado a nivel global en el Acuerdo de París. Permitía, entre otras funciones mencionadas en un documento por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, realizar transferencias directas a los beneficiarios de los planes de manejo y conservación de los bosques nativos, mejorando la transparencia del proceso, y obtener una redituabilidad mientras los fondos esperaban ser transferidos, un aspecto clave en un contexto de alta inflación.
La consecuencia más inmediata de la aplicación del decreto es que despoja a las administraciones provinciales, que son las que actúan permanentemente en todas las tareas de preservación ambiental, de la administración de 15.900 millones de pesos. Ese dinero, motosierra mediante, es amputado y se reorienta al Tesoro General del Estado. Y no hay ninguna garantía de que ese dinero sea utilizado para los fines originales. Para la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, la eliminación del fondo, “además de significar un retroceso en términos de transparencia y uso de los fondos, impide confirmar que los recursos económicos se destinen únicamente a proyectos pensados y monitoreados estratégicamente para cumplir con los objetivos de la ley y no sean desviados hacia otros destinos”.
La eliminación del Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos provocó que Octavio Pérez Pardo, director de Bosques de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación, renunciara. La decisión es razonable: para qué ocupar un cargo que no tiene recursos económicos para cumplir con las funciones que le competen.
En los argumentos del decreto se mencionan cuestionamientos a la administración de los recursos. Pero, como es una práctica muy habitual del gobierno libertario, la salida a la que recurre, en vez de corregir las presuntas defecciones, es eliminar el fondo. Congruente con la estrategia de poda de los recursos fiscales que impulsa el Gobierno nacional, también en lo que respecta a la protección ambiental, el proyecto de presupuesto nacional 2025 prevé un formidable desfinanciamiento del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos. Según datos de la Fundación Vida Silvestre, otorga apenas el 2,5% de lo que correspondería de acuerdo con lo estipulado por la Ley de Bosques. “Esto implica contar con 170 pesos anuales por hectárea de bosque nativo”, señala la ONG.
El desfinanciamiento planificado de los programas para la preservación ambiental, particularmente de los bosques naturales, tendrá, más temprano que tarde, consecuencias irreparables. Si no se revierte esta tendencia, no quedarán más alternativas que llorar sobre las cenizas.
