La UIF denunció maniobras por $2.508 millones en Catamarca
Los intendentes o sus funcionarios extrajeron el dinero bajo la excusa del pago de sueldos o becas. No lo justificaron.
Durante diciembre de 2021 y junio de 2024, dos intendentes y un exintendente extrajeron 2.508 millones de pesos en efectivo de las cuentas municipales, y los movimientos alertaron a las autoridades de la Unidad de Información Financiera (UIF). Aunque aseguraron que los utilizaron para pagar sueldos y becas, solo uno presentó una justificación parcial. Los involucrados son los intendentes Octavio Isidro Gómez (UCR, Corral Quemado), Franco Carletta (PJ, Icaño) y el exintendente Daniel 'Telchi' Ríos (UCR, Belén).
El Ancasti accedió a la denuncia que la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) realizó tras recibir el informe de UIF respecto de municipios en los que se extrajeron grandes sumas de dinero en efectivo sin justificación económica, mientras que en paralelo ingresaban fondos a cuentas privadas de empleados públicos, quienes en muchos casos utilizaron esos depósitos para comprar dólar MEP.
Según se pudo conocer, en total los tres intendentes involucrados extrajeron $2.508.308.350,65 de las cuentas de sus municipios, a través del cobro de cheques en efectivo. El dinero se retiraba de las cuentas en las que se depositaba la Coparticipación, y en todos los casos los autorizados a retirar los fondos eran los intendentes y sus secretarios de finanzas u otros funcionarios de áreas contables.
Icaño
El intendente Franco Carletta, de Unión por la Patria, retiró $1.113.312.192,65 en 86 operaciones mediante el cobro de cheques por caja, durante el período comprendido entre diciembre de 2021 y junio de 2024, sin aportar documentación de respaldo suficiente para justificar las maniobras. Las extracciones fueron desde $1 millón hasta $90 millones, y más de la mitad de esos fondos se retiraron entre mayo y agosto de 2023, es decir, en coincidencia con los meses previos a las elecciones primarias de ese año, en el que Carletta fue reelecto. Esto fue remarcado por la PROCELAC en la denuncia.
Además del propio Carletta, las autorizadas a retirar el dinero de esas cuentas eran la secretaria de Acción Social, Jorgelina del Valle Luna; la secretaria de Hacienda, Rita Ramona Aragón; y María Florencia Cabrera, la secretaria de Finanzas.
Aunque el municipio oportunamente informó que utilizó los recursos para el pago de sueldos, becas y ayudas sociales; como único registro aportó una planilla de Excel correspondiente al mes de diciembre de 2021 por un total de $4.946.400: es decir, justificó el 0,4% de los recursos extraídos.
Corral Quemado
El otro apuntado es Octavio Isidro Gómez, electo por Juntos por el Cambio, quien cursa actualmente su cuarto mandato consecutivo. En la Municipalidad de Corral Quemado extrajeron $771.000.000 entre diciembre de 2021 y junio de 2024, también bajo la modalidad del cobro de cheques en efectivo, en operaciones que iban desde $1,5 a $85 millones.
Además de Gómez, los autorizados a retirar el dinero eran también el secretario de Hacienda, Pedro Raúl Purulla; y el secretario de Finanzas, Jesús Waldo Ríos.
En este caso, los representantes legales de la Municipalidad habrían suscripto declaraciones juradas sobre el destino y aplicación de los fondos ante el BNA, informando que guardaría relación con gastos y pagos realizados por la Municipalidad que iban desde sueldos y aguinaldos, hasta bonos de fin de año, becas de estudio y de trabajo, proveedores, eventos públicos, honorarios diversos, almuerzos para personal de salud, pago por espacio publicitario, ayudas sociales, contratos municipales y de obras, subsidios, entre otros.
Sin embargo, la UIF advirtió que esto no pudo corroborarse porque la Municipalidad omitió aportar documentación que certificara el cobro e identidad de los beneficiarios de los pagos descriptos. Además, llamó la atención la inusualidad de las extracciones en efectivo por altos montos que se realizaron en coincidencia con los procesos electorales, por lo que intuyeron que "podría obedecer a proselitismo electoral".
Belén
El exintendente Daniel 'Telchi Ríos (UCR) fue investigado por extracciones realizadas entre mayo de 2022 y diciembre de 2023, cuando concluyó su mandato. En ese período, se retiraron $623.996.158 mediante el cobro de cheques por montos que iban desde $25.000 hasta $66 millones.
En este sentido, a la UIF le llamó la atención que los meses en los que tuvieron lugar mayores extracciones habrían sido diciembre de 2022, junio de 2023, agosto 2023 y noviembre de 2023, siendo estos dos últimos períodos contemporáneos con las elecciones PASO y el balotaje de ese año, en el que Ríos no podía ser reelecto como intendente pero fue precandidato a senador por el departamento Belén.
Además de Ríos, el habilitado a retirar el dinero era Julio César Barragán, su secretario de Hacienda y Finanzas.
La maniobra
Las posibles irregularidades que fueron noticia en varios medios nacionales fueron detectadas gracias a los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) enviados por bancos y entidades financieras. En ellas, se expone una posible malversación de fondos municipales por al menos $45.000 millones en los últimos dos años y medio.
Según la información publicada, entre junio y julio de 2024, diferentes bancos fueron informados de la novedad. Se les advirtió sobre estas maniobras sospechosas que se realizaban por ventanilla de las entidades, sobre todo en distritos de Tucumán, Salta y Catamarca.
La investigación preliminar de la UIF revelaba que, por un lado, salían de esos municipios “importantes sumas de dinero” aparentemente sin justificar y, por el otro, esos mismos millones de pesos eran depositadas a las cuentas privadas de los empleados municipales -no tenían esa capacidad de ahorro- quienes, en muchos casos, terminaban comprando dólar MEP.
Por otra parte, el informe indica que la frecuencia de estas extracciones se incrementó en los meses previos a las elecciones nacionales y provinciales de 2023, lo que refuerza la hipótesis de un presunto financiamiento ilegal de campañas políticas.
Ante esta situación y por la magnitud del dinero involucrado, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) presentó una denuncia formal ante la Cámara Nacional Electoral, que segmentó la información por distritos y descentralizó la investigación en cada jurisdicción implicada. n
