A través de una querella que se constituyó en actor civil, 42 damnificados presentaron una demanda por daños y perjuicios, y pidieron que se realice una serie de medidas de prueba.
A casi tres años de iniciada la causa penal por criptoestafas contra Edgar Adhemar Bacchiani (48), su situación judicial se complicó al conocerse que en febrero del año que viene será juzgado en Córdoba por 50 hechos de estafas reiteradas y porque 42 damnificados constituidos en querellantes ante la Justicia Federal de Catamarca le iniciaron una demanda civil por más de 700 millones de pesos.
Bacchiani celebró sus tres últimos cumpleaños y las tres últimas navidades en un calabozo. Está alojado en el penal de Miraflores con prórroga de prisión preventiva que vence en abril, procesado como coautor de "intermediación financiera sin autorización agravada en concurso ideal, con lavado de activos y defraudación, todo en concurso real, con asociación ilícita".
La multimillonaria demanda civil fue presentada la semana pasada por el abogado querellante Bruno Jerez en representación de 42 damnificados, por cerca de 300 millones de pesos y más de 338 mil dólares, sin considerar los intereses moratorios y las actualizaciones por inflación, que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
La cifra total, con pesificación de la moneda extranjera, supera muy holgadamente los 700 millones de pesos.
Si bien la demanda es principalmente contra Bacchiani, como fundador y líder de la banda que operó a través de la financiera Adhemar Capital SRL; por tratarse de una demanda conjunta y solidaria apunta además a sus principales laderos.
Los procesados son José Blas (45), Alexis Sarroca (37), sus exparejas Zaraive Celeste Garcés Rusa (30) y Sofía Beatriz Piña (34), Sofía Esther Aylan (36), Aldana Valeria Donato (48), el abogado Lucas Esteban Retamozo (44) y el contador público nacional Iván Gonzalo Segovia (35), entre otros.
En este contexto, Jerez informó que el juez federal Miguel Ángel Contreras le otorgó la participación procesal a la querella y como actores civiles, "lo que permite que la acción siga adelante. Se espera que esta acción sea dirimida en el juicio oral que se aproxima, considerado que es la causa por estafa más importante" de los últimos tiempos.
"La estafa piramidal de Bacchiani ha dejado miles de víctimas en todo el norte del país, con pérdidas millonarias. La presente acción civil es un paso importante en la búsqueda de justicia y reparación, sobre todo porque si la quiebra pedida en sede de la Justicia Comercial de Catamarca se diera como fraudulenta, los acreedores quirografarios no podrían cobrar sus créditos", explicó Jerez.
"Esta acción es un paso fundamental en la lucha contra la impunidad y la búsqueda de justicia por estas estafas", finalizó.
Según se informó, el resarcimiento que exigen los damnificados tiene fuerte vinculación con los daños psicológicos y morales provocados por los imputados, y la querella lo valuó en 20% del monto estafado a cada particular damnificado y querellante en la causa penal.
Entre otras pericias, Jerez pidió a la Justicia Federal que designe un perito psicólogo forense para que evalúe a cada uno de los actores involucrados y que designe un contador público nacional para que calcule los montos a cobrar, con intereses devengados y actualizaciones según corresponda, en pesos y dólares.
Los damnificados pusieron a disposición sus testimonios al tiempo que dejaron expresa reserva de caso federal para acudir por vía extraordinaria a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El 7 de febrero de 2025 Bacchiani comenzará a ser juzgado en Córdoba por la Justicia ordinaria. Paralelamente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación debe resolver un incidente de jurisdicción generado por la Justicia Federal de Catamarca, luego de que Córdoba confirmara la elevación a juicio en aquella provincia. Para el juez Contreras, Bacchiani debe ser juzgado por el Fuero Federal.
Si el sujeto es juzgado y condenado en Córdoba por estafas, no podrá ser juzgado nuevamente por ese delito en el país, pero sí podrá ser juzgado por los otros delitos por los cuales está procesado.
